Las organizaciones recuerdan que criminalizar a quienes protestan de forma pacífica es una forma de censura que afecta a todas las personas, sin importar su postura política.
Con vistas a las elecciones presidenciales en Venezuela del próximo 28 de julio, la red global IFEX y sus organizaciones miembro IPYS Venezuela y Espacio Público queremos manifestar nuestra preocupación por el cierre del espacio cívico venezolano y remarcar la importancia de su recuperación para el ejercicio de la democracia. Asimismo, hacemos un llamado a las autoridades gubernamentales, el Consejo Nacional Electoral y a los grupos políticos que participan en la contienda electoral para que los derechos de libertad de expresión e información, la libertad de asociación y el derecho a la protesta pacífica, principios democráticos fundamentales que alimentan el espacio cívico, sean respetados durante el proceso electoral.
Recordamos que criminalizar a quienes protestan de forma pacífica es una forma de censura que afecta a todas las personas, sin importar su postura política. Además, perseguir a quienes cuestionan el poder público en voz alta busca controlar la narrativa e imponer una verdad, violentando a la democracia.
Desde 2018, al menos 62 personas han sido detenidas por supuestos delitos de odio, en represalia por ejercer de forma legítima su derecho a la libertad de expresión, la mayoría infociudadanos/as que difundieron contenidos y opiniones sobre temas de interés público. En este sentido, el pasado mes de mayo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por el incremento de hechos represivos contra periodistas y miembros de la sociedad civil en Venezuela y advirtió sobre el deterioro del espacio cívico.
Insistimos también en que el acceso a la información es un derecho humano fundamental que nos permite estar al tanto sobre lo que sucede en nuestro país, en el mundo y en el contexto electoral que nos permite tomar decisiones informadas sobre el voto. Las restricciones informativas son una forma de control de la narrativa y manipulación de la opinión pública, que perpetúa el poder, suponiendo un riesgo para la democracia.
En los últimos 20 años, más de 400 medios de comunicación han cerrado en el país, la mayoría emisoras radiales, como consecuencia de medidas estatales arbitrarias, mientras que medios independientes son víctimas constantes de persecución judicial, administrativa y penal, en represalia por su cobertura crítica. Además, 46 medios de comunicación nacionales e internacionales, así como portales de organizaciones civiles y plataformas, permanecen bloqueados en los principales proveedores de internet del país.
Del mismo modo, queremos destacar que en Venezuela la desinformación es usada desde los diferentes poderes del Estado para manipular la opinión pública y como una forma de propaganda, utilizada para promover una agenda política y atacar a quienes critican al gobierno nacional. Al menos 7 millones de personas en Venezuela, un 21% de la población, viven en zonas en las cuales no hay suficiente información local, la cobertura de los hechos de interés público por parte de medios de comunicación como emisoras de radio, televisoras, periódicos y portales digitales es limitada o no existe.
Las organizaciones y red firmantes manifestamos que disentir es una parte esencial de la democracia, al permitirnos cuestionar lo establecido y buscar soluciones a los problemas. Sin disidencia, vivimos en una dictadura. La crítica abierta es saludable y necesaria para la sociedad.
Protejamos a los medios de comunicación, protejamos a las voces disidentes, protejamos al espacio cívico venezolano.
