(SPP/IFEX) – Lo que sigue es un informe del SPP actualizado al 30 de abril 2000 sobre la situacion de la libertad de prensa en Paraguay. Favor contactar a SPP para pedir un cuadro cronologico de los hechos sucedidos en el 2000 y que afectaron la labor de los comunicadores sociales: Mayo, 3, 2000 – […]
(SPP/IFEX) – Lo que sigue es un informe del SPP actualizado al 30 de abril 2000 sobre la situacion de la libertad de prensa en Paraguay. Favor contactar a SPP para pedir un cuadro cronologico de los hechos sucedidos en el 2000 y que afectaron la labor de los comunicadores sociales:
Mayo, 3, 2000 – Día Mundial de la Libertad de Expresion
LOS PERIODISTAS Y LA LIBERTAD DE EXPRESION EN PARAGUAY
RESUMEN DE CRONOLOGIA 1999-PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2000
Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP)
Secretaria de Derechos Humanos
Comision Directiva
(Mayores datos, con cuadros, de la situacion expuesta puede obtenerse en el local del SPP: Humaitá 186, por email, spp17@conexion.com.py, o contactando con Magdalena Riveros, Scria.DD.HH., al 498.981 o 0981.901350)
El 3 de Mayo se recuerda el Día Mundial de la Libertad de Prensa, instituido por la Unesco. Con ese motivo, desde el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) se presenta a los asociados y la opinion pública un breve análisis de los problemas surgidos en el ejercicio profesional de los comunicadores sociales y trabajadores de prensa, correspondiente a 1999 y los primeros cuatro meses del 2000.
En estos últimos 16 meses hubo un aumento considerable de agresiones a periodistas y trabajadores de prensa, llegándose a contabilizar un mínimo de 24 casos. Como en algunos casos no se pudo individualizar a los afectados, por el tipo de evento donde acontecio la agresion, dicho número asciende a más de 30 casos. En varios de ellos, los agresores fueron personas vinculadas con organismos oficiales. El caso de mayor envergadura fue la agresion sufrida por 8 trabajadores de la prensa de parte de una patota de militantes argañistas del Partido Colorado, en noviembre del 1999.
Este aumento de las agresiones a trabajadores de la prensa se vuelve preocupante porque con estas acciones es evidente se busca amedrentar la labor profesional de los periodistas. Esto coloca en riesgo la libertad de expresion y el derecho a la informacion de la sociedad.
Asimismo es preocupante que a partir de 1999, con el gobierno de Luis González Macchi se volvieron a presentar obstáculos al acceso a las fuentes de informacion, que fue una característica del primer mes de gobierno de Raúl Cubas Grau.
Desde 1999 hasta abril último se registraron trabas en siete ocasiones, de los cuales 4 son los casos donde fueron individualizados los comunicadores afectados. Todas las situaciones fueron originadas por personas o instancias relacionadas con organismos del Estado, como instituciones militares, reparticiones públicas y políticos.
Hay que recordar que informar con responsabilidad y veracidad es la obligacion de los periodistas, mientras que la transparencia y la publicidad de los actos de los gobernantes son la mejor forma de controlar a los gobiernos.
Luego de seis años que no se producían atentados contra periodistas, en 1999 se volvieron a registrar algunos casos, afectando a un total de cinco trabajadores de la comunicacion, como resultado de trabajos de investigacion periodística. Los afectados fueron Marlene Franco y Esteban Areco, del diario Noticias, Ana Bolaños, Carlos Juri y Aldo Espínola, de La Nacion.
Otro hecho significativo en 1999 fue la reaparicion de casos de detenciones de periodistas que no se registraban en el país desde hacía ocho años. Tal fue el caso de los periodistas del interior Camilo Cantero, de Radio Libertad de San Ignacio, Misiones, y de Nino Silguero y Norma Acuña, de Radio Panambí Verá, quienes fueron a prision, a excepcion de la compañera Acuña, por disposicion de jueces que se sintieron molestos por críticas que hicieron los comunicadores hacia la labor que desarrollan en el Poder Judicial.
Otras datos que surgen en la evaluacion de los derechos humanos de los periodistas en estos 16 meses son: la denuncia de seis casos de amenazas telefonicas de muerte; la presentacion de cuatro querellas con cinco periodistas afectados, cuatro de diarios capitalinos y un corresponsal, por publicaciones periodísticas e incluida la contraquerella de la patota de agresores argañistas. Igualmente una periodista del interior, Dolly Galeano, fue condenada a pagar una millonaria multa por ejercer el derecho de opinion cuando ejercía el cargo de corresponsal en un diario. No faltaron casos de censuras, como ocurrio en este 2000 en Radio Ypoá de Paraguarí con el levantamiento de un programa matinal, o de intimidaciones como la disposicion de la jueza de Villarrica, Norma Jara de Benítez que en 1999 ordeno grabar durante tres meses un programa de Nino Silguero por Radio Panambí Verá, violándose principios de la Constitucion Nacional. En marzo último, en Ayolas, un político fue a hostigar a un periodista de la radio local.
A más de todos estos hechos, este año surgieron situaciones que llevarían a restringir la labor de investigacion y hasta de cobertura informativa de los periodistas, a través de reglamentaciones. El primer caso surge con la media sancion del proyecto, en la Cámara de Diputados, de la nueva ley del funcionario público, donde se autoriza que por vía reglamentacion- y no por ley como corresponde- se determinen los casos de documentaciones que serán consideradas de carácter reservado y no podrán suministrarse a la prensa. Los funcionarios que no acaten esa disposicion podrán ser sancionados.
A esto se suma que el 28 de abril, en una reunion demostrativa del procedimiento de los juicios orales en el Poder Judicial, los jueces José González Macchi y Pedro Mayor Martínez presentan una propuesta de pauta para el desenvolvimiento de los periodistas en la sala de audiencias. Uno de los puntos incluidos busca evitar que se difunda la informacion registrada en el juicio penal hasta que finalice la última declaracion testifical. Esto va en contravencion al propio nuevo Codigo Penal que no prohibe la difusion de la declaracion de los testigos.
Tampoco debemos de olvidar los 9 años de impunidad que siga afectando al asesinato de Santiago Leguizamon. Ahora que fueron designados para el caso un juez liquidador y un fiscal se espera que se agilice el expediente y que se cumplan las diligencias solicitadas con anterioridad por el SPP, antes que llegue el plazo de cierre de viejos procesos judiciales, que es marzo del 2003. Los presuntos autores materiales y morales están en Brasil. Además, el caso Leguizamon puso en evidencia, en la Semana del Periodista 2000, de las lagunas que existen en materia legislativa y de acuerdos con el Brasil, porque no hay convenio entre ambos países para la extradicion de criminales, que solo rige para casos de narcotráfico.
RECLAMOS DEL SPP PARA EL 3 DE MAYO DEL 2000
En el Día Mundial de la Libertad de Prensa 2000, el SPP reclama:
* El cese la impunidad que afecta al asesinato de Santiago Leguizamon y que la justicia llegue a condenar y detener a los autores materiales y morales del crimen.
* Que los organismos de los Poderes del Estado muestren mayor interés, que hagan todos los esfuerzos por propia iniciativa, para corregir disposiciones, esclarecer y sancionar a las personas que con detenciones, amenazas y atentados buscan coartar el derecho de informacion, opinion y de investigacion del periodista, que al final beneficia a toda la sociedad civil.
Esta desidia por esclarecer los casos de violaciones de los derechos humanos que afectan a los trabajadores de prensa, en caso de no corregirse, hará que a la larga esté en riesgo la libertad de expresion y el derecho a la informacion de la sociedad.
* Igualmente desde el SPP urgimos la implementacion de la Defensoría del Pueblo para contar con una unidad independiente de los Poderes del Estado para dar seguimiento y solicitar acciones rápidas a las violaciones de los derechos humanos referentes a la libertad de expresion.
* El hecho de que la cantidad mayor de hechos de amenazas intimidaciones contra el ejercicio de los periodistas se haya producido luego de la caída del gobierno de Cubas Grau, ya asumido el gobierno de González Macchi, muestra la necesidad de que en el país, como parte del proceso democrático, se asimile mejor la funcion de los comunicadores sociales y de la prensa, de modo a superar hechos que buscan amedrentar y censurar la labor periodística. La libertad de expresion es la piedra angular de todo sistema democrático y el periodista debe tener garantías para informar a la sociedad sin intimidaciones.
Reaccion de organismos internacionales:
En ocasion de difundirse en el extranjero la realidad de la libertad de expresion en Paraguay en 1999, desde la oficina en América Latina de la Federacion Internacional de Periodistas (FIP), su coordinador regional, Gregorio Salazar, expreso que «la libertad de expresion en Paraguay atraviesa por una situacion realmente preocupante, no solamente por las violaciones que han venido ocurriendo desde hace un año, sino también por la amplia gama de atropellos, que van desde las querellas hasta los atentados, las detenciones, intimidaciones, etc. que provienen de distintos sectores, tanto el oficial como el privado».
El dirigente de la FIP señalo que la situacion planteada con el ejercicio profesional del periodista en Paraguay «constituye un desafío al SPP y a todos los periodistas paraguayos para poder lograr que la libertad de expresion sea verdaderamente la piedra angular del tortuoso proceso hacia la democracia que vive el país y para garantizar, al mismo tiempo, el ejercicio libre de la
profesion y la integridad física de los comunicadores sociales».
Asimismo señala que en estos casos es necesaria la implementacion de la Defensoría del Pueblo «para contar con una unidad independiente de los Poderes del Estado para dar seguimiento y solicitar acciones rápidas a las violaciones de los derechos humanos referentes a la libertad de expresion».
Por otra parte, la red de alertas Intercambio Internacional por la Libertad de Expresion (IFEX), destaco en su informe a numerosas organizaciones mundiales sobre la realidad paraguaya en el 1999, los malos tratos y agresiones sufridas durante la cobertura de los acontecimientos políticos, el arresto de periodistas a consecuencia de su trabajo profesional, el hostigamiento y amenazas de muerte que se produjeron a raíz de la cobertura de la corrupcion gubernamental, y la agresion de trabajadores de prensa.
