Las fuerzas militares justifican estas prácticas supuestamente para proteger la "seguridad nacional" sin reconocer que vulneran los derechos humanos.
Este artículo fue publicado originalmente en flip.org.co el 23 de febrero de 2023.
La FLIP tuvo acceso a documentos filtrados que revelan que el Estado utiliza -y planea adquirir- tecnologías y software espías para vigilar la actividad en línea y recolectar información del espacio público virtual. Las fuerzas militares justifican estas prácticas supuestamente para proteger la “seguridad nacional” sin reconocer que vulneran los derechos humanos. El uso indiscriminado y masivo de estas herramientas tecnológicas en contra de periodistas, medios de comunicación y cualquier persona con presencia digital en el país afectan la libertad de expresión y la privacidad.
Estas actividades se institucionalizaron en 2019, en el Manual de técnicas militares para el monitoreo de fuentes abiertas, un documento reservado que incluye los lineamientos para la inteligencia sobre fuentes abiertas y la vigilancia de contenidos que periodistas y medios publican sobre las instituciones de las fuerzas militares. Para ello, utilizan programas que analizan las redes sociales, monitorean publicaciones, verifican imágenes, rastrean correos, obtienen geolocalizaciones, buscan personas y extraen información sensible.
A pesar de las decisiones judiciales que protegen la libertad de expresión en Colombia, el Estado ha hecho caso omiso y ha adquirido y empleado tecnologías aún más invasivas y sofisticadas para continuar con sus labores de vigilancia, espionaje, recolección de datos, perfilamiento y ciberpatrullaje. Y pretenden hacerlo a largo plazo, ya que según el Plan de Adquisiciones del 2023, el Comando General de las Fuerzas Militares tiene la intención de adquirir herramientas cada vez más novedosas, como un sistema de ciberinteligencia basado en inteligencia artificial. Esto sin escatimar en el presupuesto, pues el costo de tal procedimiento supera los 3.500 millones de pesos y, por otro lado, ha tercerizado actividades de vigilancia en contratos que alcanzan los 35 millones de pesos.
Una de las periodistas afectadas por estas acciones de inteligencia es María Alejandra Villamizar, quien se volvió objeto de estas vigilancias luego de que en 2019 entrevistara al comandante del ELN, Pablo Beltrán. El Ejército argumentó que el espionaje era para, supuestamente, obtener información relacionada con la fuente de la reportera; sin embargo, también recolectaron datos privados como números de teléfono, su historial académico y laboral, e incluso, datos de su matrimonio y fotos de su carro.
La FLIP accedió a un documento reservado que reveló varias inconsistencias y omisiones en este caso. Una investigación hecha por la Inspección General de las Fuerzas Militares, en 2021, confirmó que la fuerza pública abusó de sus capacidades y que las actividades de búsqueda y de inteligencia se realizaron sin la operación de los superiores. Así mismo, se desviaron de su propósito inicial, pues fue empleada en contra de personas que no constituyen una amenaza real, como las y los periodistas.
Esto demuestra que el Ejército no realiza estudios sobre el impacto que tienen estas tecnologías en los derechos humanos, pues aseguran que la información en el espacio electromagnético está disponible para su uso y que está relacionada con fenómenos de criminalidad descritos en los planes de operaciones. Además, el Ejército no revela la información de sus auditorías internas sobre la inteligencia militar ni le informa a quienes perfila sobre tales actividades.
Conozcan aquí la investigación completa
A su vez, el Estado celebró millonarios contratos para vigilar a medios de comunicación y las redes sociales. El Estado contrató a la empresa MYMCOL S.A.S. por 35 millones de pesos para analizar, monitorear y hacer inteligencia permanente a medios de comunicación nacionales, regionales e internacionales. Entre ellos se encuentran las cadenas básicas de RCN y Caracol, La W, La FM, El Tiempo, El Espectador, La República, La Patria (Manizales), El Universal (Cartagena), Revista Semana, La Silla Vacía, Canal Uno, CNN, The New York Times, Le Monde, entre otros. Este monitoreo inició en 2019 y se ha hecho de manera continua —las 24 horas del día y de lunes a domingo— y ha identificado los temas que marcaron tendencia o que están relacionados con el sector Defensa y las fuerzas militares. Además, la fuerza pública etiqueta a los medios y a sus contenidos con calificativos como “positivo”, “negativo” o “neutro”, bajo sesgos arbitrarios y que promueven la estigmatización de la prensa. Algo similar ocurrió en 2019, cuando el Estado perfiló a más de 400 cuentas de Twitter, entre las que había periodistas.
Es evidente que las autoridades minimizan los impactos sobre los derechos humanos de las personas que están bajo el monitoreo de fuentes abiertas, en especial cuando recae en las y los periodistas que informan acerca de asuntos de interés público. Distintos organismos internacionales, como Naciones Unidas o la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reiterado que la vigilancia indiscriminada vulnera los derechos de las personas y afecta su vida privada. Por su parte, el Consejo de Estado ha alertado que las labores de inteligencia vulneran las garantías de la prensa y promueven la estigmatización.
Es urgente que la sociedad colombiana discuta la posibilidad de promover ajustes normativos y una política pública que regule el uso de la inteligencia sobre fuentes abiertas, en cuanto a los procedimientos, los estándares sobre recolección de datos y los límites de la vigilancia en línea contra grupos sociales determinados, como la prensa. Esto es importante, ya que el marco jurídico no precisa los alcances de la vigilancia en línea y la Ley de Inteligencia no define de manera legal la duración ni los límites del monitoreo cuando se trata de “fuentes abiertas de información”. Además, las autoridades deben garantizar la transparencia sobre la adquisición de tecnologías con capacidad de vigilancia.
Por ello, la FLIP le solicita al Presidente de la República y al ministro de Defensa que emprendan acciones para asegurar que las actividades de inteligencia cumplan con los estándares de derechos humanos, sobre todo aquellas relacionadas con la información que circula en Internet. Así mismo, es importante garantizar la no repetición de actividades perfilamientos y vigilancia indiscriminada, y que las fuerzas militares prescindan de la vigilancia y evaluación de contenidos periodísticos bajo parámetros de guerra.
