El periodista Armando Álvarez fue detenido en San José de Pocitos, Bolivia, luego de que Luna Ugarte, una referente política del municipio argentino de Salvador Mazza que reside en esa ciudad del país vecino, lo denunciara ante la policía local. Álvarez estaba realizando una investigación periodística.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) objeta el irregular trato propiciado por las autoridades policiales bolivianas de la localidad de San José de Pocitos, límite con la provincia de Salta, al periodista y reportero gráfico Armando Álvarez, de FM Tartago, de Tartagal.
El periodista fue detenido el lunes 16 de septiembre de 2013 en San José de Pocitos luego de que Luna Ugarte, una referente política del municipio argentino de Salvador Mazza que reside en esa ciudad del país vecino, lo denunciara ante la policía local. Según relató Álvarez a FOPEA, el periodista estaba realizando una investigación periodística, y por ese motivo fue hasta la casa de Ugarte para intentar lograr su testimonio. Luego de presentarse y explicar el motivo de su presencia, fue maltratado por la mujer y sus familiares, quienes además intentaron arrebatarle su cámara fotográfica, y luego llamaron a la Policía, que lo llevó detenido al puesto policial local.
Álvarez fue trasladado a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde, según relató, fue insultado y golpeado por los policías. Según contó el periodista a FOPEA, uno de los agresores habría sido el Teniente Coronel Jorge Barrero. Además, los policías le revisaron los archivos que tenía en su cámara fotográfica y lo mantuvieron retenido durante siete horas sin labrarle ningún acta, permitirle defensa letrada, ni poner en conocimiento a las autoridades argentinas.
FOPEA, junto a periodistas del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Yacuiba y de la Asociación de Periodistas de Tartagal y el Norte Argentino, acompañó al periodista el jueves 19 de septiembre a una reunión con el Cónsul argentino en Yacuiba, Raúl Justo, a quien se le entregó una declaración escrita relatando todo lo sucedido. Posteriormente, el periodista acompañado por las organizaciones, realizó la denuncia correspondiente en la Fiscalía de la ciudad de Yacuiba, denunciando los apremios y exigiendo garantías ciudadanas y profesionales.
FOPEA se solidariza con Álvarez y reclama una respuesta institucional por parte de las autoridades bolivianas ante el maltrato policial recibido por el periodista argentino. Por tratarse de derechos afectados a un ciudadano argentino FOPEA exige además una reacción enérgica de la Cancillería argentina, cuya responsabilidad primaria es la defensa de todos los ciudadanos del país.
