Una jueza ordenó el decomiso de los equipos de FM Norte, impulsado por denuncias de vecinos que se sentían agraviados por los dichos de los locutores de la emisora.
(FOPEA/IFEX) – El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifiesta su profunda preocupación por los allanamientos y el secuestro de los equipos de FM Norte y FM Futuro, de la localidad chaqueña de Pampa del Infierno, y la detención de los dueños de ambas emisoras.
El 30 de diciembre de 2010, la jueza de paz de Pampa del Infierno, en la provincia del Chaco, Elisa Isabel Strizick, ordenó el allanamiento y secuestro de los equipos de FM Norte (102.1), que salía al aire desde sus estudios ubicados en las calles Güemes y Paula Montana de dicha localidad. El allanamiento fue impulsado por las más de 26 denuncias de vecinos que se sentían agraviados por los dichos de los locutores de Radio FM Norte.
Al día siguiente, el titular de la emisora, Claudio Hererra, consiguió nuevamente salir al aire a través de los equipos de FM Futuro, que se encontraba sin transmisión desde hacía un tiempo. Ese mismo día, a través de un nuevo operativo policial, la jueza Strizick ordenó nuevamente un allanamiento al que esta vez se le sumaron las detenciones de Herrera y de Raúl Gerardo Abregú, dueño de FM Futuro y trabajador de FM Norte. Los periodistas recuperaron la libertad entre el 3 y el 4 de enero de 2011.
Según relató Abregú, desde la emisora FM Norte se insistía en conocer cuál sería el destino del Fondo Sojero que percibe la Municipalidad de Pampa del Infierno. Este requerimiento habría molestado al intendente de la localidad, Marcelo Piccoli, quien – según su versión – habría solicitado la intervención de la jueza Strizick.
En diálogo con FOPEA, esta magistrada dijo haber actuado amparada en el Código de Faltas: artículo 59, inciso G (ver más abajo) y aclaró que lo que motivó los allanamientos fue que en los días previos se acercaron denunciantes con «material probatorio», más precisamente, grabaciones. Se trataría de un docente, varios concejales y el intendente, entre otras personas. Según la jueza, en dichas grabaciones, que actualmente forman parte del expediente, se escuchan actitudes discriminatorias, insultos, agravios y acusaciones de todo tipo.
La Magistrada aseguró que intervino en forma preventiva: «Actué para mantener la paz social, había vecinos que me decían que si no actuábamos nosotros lo iban a hacer ellos, e iba a terminar alguien muerto . . . Hay un código de procedimiento que me habilita, hay un choque entre el Código de Faltas y la constitución provincial, pero actualmente hay un órgano correccional que está evaluando los hechos».
En tanto, el 10 de enero, el ministro de justicia de Chaco, Juan Manuel Pedrini, convocó a la jueza, al intendente y a los imputados. En la reunión que tuvo lugar en la localidad chaqueña de Presidente Roque Saenz Peña también participó el gobernador de la provincia, Jorge Capitanich. Según relató Strizick, «Fue una reunión informal, donde se escuchó a las diferentes partes y se acordó agilizar los medios para que la radio vuelva a salir al aire, consensuando la paz social». El ministro se habría comprometido a prestar toda la ayuda para que se vuelva a habilitar la radio que funcionaba normalmente hasta el 31 de diciembre, y por su parte la magistrada se habría expresado de igual manera.
FOPEA reclama a las autoridades pertinentes que no actúen limitando la libertad de expresión con medidas como el decomiso y secuestro de equipos técnicos que permiten el funcionamiento de esas emisoras. Además reclama que se modifique, por anacrónico y manifiestamente inconstitucional, el Código de Faltas de la provincia del Chaco, que en su capítulo «Faltas contra la credulidad pública» sostiene – en su artículo 59, inciso G – que «será sancionado con arresto de hasta 120 días o multa equivalente en efectivo de hasta 20 remuneraciones mensuales mínimas, vital y móvil . . . G) El que a través de medios escrito/oral o televisivo difunda a la población noticias falsas, respecto de algún hecho o circunstancia tendiente a desmerecer a una persona o institución, siempre que no sea calificable como delito».
Ese texto no sólo contradice las disposiciones legales a nivel internacional y local, sino hasta la propia Constitución Nacional y la de la provincia del Chaco.
Por su parte, FOPEA también quiere hacer especial hincapié en la responsabilidad con la que debe ser ejercida la profesión periodística, brindando a los ciudadanos información de calidad, sin agravios, insultos o discriminaciones.
