(PERIODISTAS/IFEX) – El 6 de marzo de 2002 el historiador, docente y periodista Raúl Eduardo Dargoltz fue absuelto de los cargos de calumnias e injurias que en su contra presentó en 1995 un ex funcionario del gobierno de la provincia de Santiago del Estero por las expresiones incluidas en el libro «El Santiagueñazo». Crónica y […]
(PERIODISTAS/IFEX) – El 6 de marzo de 2002 el historiador, docente y periodista Raúl Eduardo Dargoltz fue absuelto de los cargos de calumnias e injurias que en su contra presentó en 1995 un ex funcionario del gobierno de la provincia de Santiago del Estero por las expresiones incluidas en el libro «El Santiagueñazo». Crónica y gestación de una pueblada argentina. Raúl J. E. García, titular del Juzgado Nacional en lo Correccional N° 12, consideró que el trabajo de Dargoltz «no es otra cosa que el ejercicio de la libertad, derecho inclaudicable».
En su obra, publicada en 1994, Dargoltz relata los acontecimientos ocurridos a fines de 1993 en la ciudad capital de Santiago del Estero, cuando miles de pobladores reaccionaron ante la crítica situación social, política y económica de la provincia y expresaron su furia incendiando la Casa de Gobierno, el palacio legislativo y los tribunales asentados en la ciudad capital de la provincia. Durante los hechos, conocidos como el «Santiagueñazo», también fueron atacados los domicilios de los principales dirigentes políticos, incluidas las del ex gobernador Carlos Juárez y la del el ex secretario de Comunicaciones y Relaciones Institucionales, Miguel Brevetta Rodríguez.
Brevetta era en esa época el vocero del entonces gobernador Carlos Mujica. Dargoltz sostiene que era una de las personas más odiadas de la provincia y reproduce en su libro las declaraciones de ex funcionarios y de ciudadanos santiagueños que adjudicaban a Brevetta cuestionables maniobras políticas y comportamientos indecorosos.
En la obra -que también tiene una versión teatral- Dargoltz relata que días antes del estallido social Brevetta había sido liberado por la justicia en un supuesto caso de corrupción. El autor señala que en la provincia «hay quienes ven en esta libertad a otro de los detonantes del ‘Santiagueñazo'».
En otro pasaje un ex ministro provincial comenta que el ex vocero «le presentaba mujeres [al ex gobernador Mujica]», «lo refugiaba en su casa cuando los problemas asediaban», «se burlaba del propio Mujica» y «era una especie de Rasputín».
Y en un capítulo aparte Dargoltz recopila testimonios de vecinos de Brevetta que aseguraban que en la casa del ex funcionario «la prostitución reinaba» y se realizaban «orgías». Incluso mencionaban que durante los saqueos a su domicilio durante el «Santiagueñazo» un vecino salió de la residencia con un artefacto sexual (vibrador).
El ex funcionario consideró que Dargoltz y el titular de El Despertador Ediciones -la editorial responsable- incurrieron en los delitos de calumnias e injurias previstos en los «artículos 109, 110 y siguientes del Código Penal». Según Brevetta Rodríguez, el periodista «recurre en sustento de sus infames apreciaciones, a supuestos testimonios de anónimos informantes, a quienes sólo los identifica con simples iniciales; sosteniéndose también en recortes periodísticos y otras fuentes de dudosa procedencia».
Con este proceder el autor revela que «su actividad está orientada a injuriarme y calumniarme con fines y propósitos que desconozco, salvo el espíritu de lucro», afirmó el ex funcionario. En consecuencia, Brevetta pidió para Dargoltz y para el titular de la editorial, José Manuel Caneda Méndez, la pena de tres años de prisión.
De la lectura del libro surge que sobre las referencias al desempeño de Brevetta como funcionario público, el autor presentaba una opinión, que como tal no puede ser analizada como falsa o verdadera, y es producto de su impresión y de la de sus entrevistados. En cuanto a los testimonios, Dargoltz cita a ex funcionarios indicando el cargo que ocupaban durante los acontecimientos narrados y sólo se reserva su derecho a proteger el nombre de la fuente. Finalmente, el autor no inventa ninguno de los relatos de los vecinos ni afima haberlos recabado personalmente, sino que reproduce fielmente artículos publicados en medios periodísticos santiagueños, a los que indentifica con nombre y fecha de edición.
La defensa, a cargo de Damian Loreti, invocó los pactos internacionales sobre derechos humanos suscriptos por la Argentina para fundamentar que los funcionarios públicos gozan de una menor protección a su imagen y que, por el contrario, están sometidos a mayor escrutinio y críticas en razón de su resonsabilidad ante la Nación. Cuestionó además la tipificación del delito imputado y señaló que no había responsabilidad penal de Dargoltz pues la propia parte querellante había reconocido que el autor del libro citó a cada una de sus fuentes.
El juez Raúl García, en su fallo emitido el 6 de marzo, entendió que Dargoltz relató un momento de la historia mediante la recopilación de artículos de periódicos y entrevistas a los protagonistas de los hechos. Destacó el volumen de pruebas documentales presentado por la defensa y entendió que la calidad de «hombre público» de Brevetta «amerita que el ciudadano pueda expresar su oposición o su opinión respecto de la función que cumple».
García concluyó que «agraviarse por lo que el pueblo dice que somos como funcionarios públicos o magistrados no puede afectar nuestra honorabilidad como personas, y el delito de injurias protege justamente el honor de la persona, no el del funcionario, magistrado o dirigente de cualquier actividad.
Dargoltz presentó su caso a la Asociación PERIODISTAS en octubre de 2001. «El proceso es un verdadero juicio al ‘Santiagueñazo’ y lo que él representa, y no puedo ocultar mi preocupación por el tratamiento político que Brevetta Rodríguez le está dando al tema aquí en Santiago del Estero», expresó por entonces Dargoltz a esta organización.
El periodista, profesor de la Universidad Nacional de Santiago del Estero e investigador del Concejo Nacional de Investigación Científica y Técnica (CONICET), explicó que su preocupación era mayor debido a las duras condiciones que enfrentan en la provincia quienes expresan un postura crítica sobre el poder político y sobre el gobernador Juárez, quien también es mencionado en el libro.
PERIODISTAS decidió procurar asesoramiento jurídico y se puso en contacto con el World Press Freedom Committee (WPFC). A partir de esta gestión, el WPFC decidió brindar apoyo financiero para la defensa de Dargoltz mediante el denominado Fondo Contra la Censura, un programa destinado a respaldar a quienes sufren persecución judicial.
El 20 de noviembre ochenta y tres intelectuales, historiadores y profesores de Universidades americana y europeas habían sumado su apoyo mediante una carta enviada al entonces presidente de la república Argentina, Fernando de la Rúa manifestando susolidaridad con Dargoltz y exigiendo «el sobreseimiento de este juicio político que conculca las libertades de cátedra y investigación que definen la autonomía de las instituciones universitarias y las libertades de imprenta y expresión que definen la existencia misma de la democracia».
