En Mongolia, los políticos están aprovechando cada vez más las leyes de difamación punitivas para silenciar a periodistas que informan de temas delicados como la corrupción gubernamental, informa Globe International. Según una reciente investigación de Globe International de los seis distritos judiciales de la capital, Ulaanbaatar, se presentaron 121 cargos de difamación contra periodistas y […]
En Mongolia, los políticos están aprovechando cada vez más las leyes de difamación punitivas para silenciar a periodistas que informan de temas delicados como la corrupción gubernamental, informa Globe International.
Según una reciente investigación de Globe International de los seis distritos judiciales de la capital, Ulaanbaatar, se presentaron 121 cargos de difamación contra periodistas y organizaciones de medios entre 2001 y 2004. En 33 de esos casos, los periodistas fueron acusados de difamación a consecuencia de las quejas presentadas por los políticos. Otras 13 demandas fueron iniciadas por funcionarios públicos y organizaciones.
En febrero de 2006, un tribunal ordenó al editor político del semanario «Uls Turiin Sonin», Sra. Uyanga, que pagara 10 millones de tugriks (USD 9,700) al Banco de Comercio y Desarrollo (TDB). También se ordenó al periódico publicar una corrección.
Este mismo año, Uyanga había sugerido en un artículo titulado «El Presidente, el millonario» que el presidente de Mongolia, N. Enkhbayar, posiblemente tenía una participación sustancial en el banco. Uyanga también sugirió que el presidente pudiera tener intereses financieros en la construcción de la torre de oficinas Shangri La en Ulaanbaatar. Para despejar el sitio en el que se construiría la torre, se destruyó una importante sección de un parque público, lo que causó demostraciones públicas, señala Globe International. En su fallo, el tribunal encontró que el presidente Enkhbayar no poseía acciones del TDB.
Las estrictas leyes mongolas de difamación y sigilo hacen que sea arriesgado para los periodistas hacer incluso referencias sencillas a cualquier cosa que tenga que ver con la corrupción estatal, dice Globe International. Con las leyes actuales, cualquier persona que sea acusada de calumnia y difamación puede ser arrestada de dos a cinco años; además, se le pueden imponer multas y pago de daños y perjuicios.
En abril de 2004, A. Erdenetuya, un periodista del tabloide «Mongolyn Neg Odor» fue sentenciado a tres meses de cárcel y multado con 900,000 tugriks (USD 800) por difamar a un miembro del parlamento. Apeló y su sentencia se redujo a una multa.
Según las normas internacionales de libre expresión establecidas por organismos de las Naciones Unidas y reafirmadas por tribunales regionales de derechos humanos, las leyes de difamación penal se consideran una restricción injustificable a la libertad de expresión y la libertad de prensa. Expertos de la ONU, la Organización de Estados Americanos y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa han pedido la abolición de esas leyes en todo el mundo.
Visite estos vínculos:
– Cápsula informativa de Globe International: http://ifex.org/en/content/view/full/73370/
– Globe International: http://www.globeinter.org.mn
– Alertas de IFEX sobre Mongolia: http://ifex.org/en/content/view/full/154/
– Informe de Freedom House (Casa de la Libertad): http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&year=2005&country=6794
– Amnistía Internacional: http://web.amnesty.org/report2005/mng-summary-eng
– Normas sobre difamación preparadas por ARTICLE 19:
http://www.article19.org/pdfs/standards/definingdefamation.pdf
– Declaración conjunta de relatores de ONU, OEA y OSCE: http://www.cidh.org/Relatoria/showarticle.asp?artID=87&lID=1
– Informe de USAID sobre corrupción en Mongolia: http://www.usaid.gov/mn/library/documents/MongoliaCorruptionAssessmentFinalReport.pdf
