Es indispensable que existan mecanismos de control y seguimiento adecuados que dificulten abusar de este tipo de facultades.
Este artículo fue publicado originalmente en web.karisma.org el 5 de septiembre de 2024.
En Fundación Karisma queremos alertar sobre la importancia de esclarecer la adquisición del software espía Pegasus por parte de la DIPOL en 2021, comprado a la empresa israelí NSO Group.
Además, resaltar la necesidad manifiesta de adelantar una modificación a la Ley de inteligencia y contrainteligencia para que las instituciones, legalmente facultadas para realizar estas actividades, tengan garantías a la hora de adquirir y usar este tipo de tecnologías. Es indispensable que existan mecanismos de control y seguimiento adecuados que dificulten abusar de este tipo de facultades.
La noche del cuatro de septiembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, en alocución televisada dió a conocer los resultados de una solicitud de información enviada a la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia -UIAF-. La comunicación confirma el reporte de una actividad inusual en la cuenta del NSO Group: la consignación en efectivo de 11 millones de dólares relacionados con la compra del software Pegasus por parte de la Dirección de Inteligencia Policial -DIPOL- en dos pagos, el primero en Junio de 2021 y el segundo en septiembre de ese mismo año.
Pegasus es un software espía capaz de instalarse sin ser notado en teléfonos celulares, tanto iPhone como Android. Una vez en el dispositivo, es posible controlar remotamente su cámara, micrófono, tener acceso a las comunicaciones de texto, audio y video establecidas desde esos equipos y en general a la información almacenada en el dispositivo. Este software es conocido por haber sido utilizado en cerca de 40 países para espiar, en varios casos de forma ilegal, a periodistas, activistas políticos y defensores de derechos humanos.
Mucho se ha especulado sobre la adquisición por parte de las autoridades colombianas del Pegasus, pero hasta ayer, no parecían existir pruebas. En un primer momento, conocimos la noticia en marzo del 2024 gracias al periódico israelí Haaretz, en donde se afirmaba la compra en efectivo del software Pegasus por alguna autoridad del país. En julio, la revista Raya en alianza con Señal Colombia, hicieron pública información adicional sobre los viajes de funcionarios del Ministerio de Defensa y miembros de las fuerzas militares de la época a Tel Aviv y sobre una reunión esa delegación colombiana y el general Yair Kulas, el Jefe de Exportaciones del Ministerio de Defensa de Israel.
Volviendo a la alocución presidencial, la comunicación referida sería la primera prueba concreta de la adquisición del software Pegasus. El esclarecimiento de la DIPOL como la entidad que hizo la adquisición es un avance. Los demás señalamientos que hizo el presidente sobre el contexto del país en el tiempo de la adquisición de esa tecnología y las especulaciones sobre cómo pudo haber sido usada durante el Paro Nacional y la campaña presidencial nos devuelven al terreno de las suposiciones, el temor y la paranoia. Esto no es nuevo en el país.
Por los abusos previos de los sistemas de inteligencia en Colombia, las personas que han estado en la oposición política, los defensores y defensoras de derechos humanos, las personas periodistas críticas del poder de turno y casi cualquiera que piense que es una piedra en el zapato de algún poderoso cree que está siendo chuzado.
Esta situación de profunda desconfianza hace que no sea posible pensar bien de la inteligencia que realiza el Estado. Lo que agrava aún más esta sensación es que nuestra ley de inteligencia no es clara respecto a las actividades que abarca, ni contempla mecanismos de control y seguimiento suficientes para garantizar que las facultades excepcionales de las instituciones dedicadas a la inteligencia en el país se utilicen de manera adecuada y así brindar tranquilidad a la ciudadanía. Por eso, urge la modificación de la ley de inteligencia
Desde Karisma invitamos al Congreso de la República, a los organismos de inteligencia del país y a todos los actores interesados a que aprovechemos esta oportunidad para modificar la Ley de inteligencia y Contrainteligencia. Justamente, esta semana, se presentó al Senado un proyecto de ley en esta vía en el que trabajamos con el Colectivo de abogados Jose Alvear Restrepo -CAJAR-, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia -ONU DDHH- y la Dirección Nacional de Inteligencia -DNI-. Esta propuesta incluye definiciones claras, prohibiciones expresas, herramientas de control y mecanismos de seguimiento, transparencia y rendición de cuentas. Invitamos a revisar ese proyecto de ley y a contribuir para que, una vez surta su tránsito en el Congreso, se convierta en el marco ajustado a los derechos humanos en el que podamos confiar y que necesita la inteligencia en Colombia.
