Este artículo fue publicado originalmente en espaciopublico.ong el 4 de junio de 2020. En mayo registramos 49 casos que corresponden a 112 violaciones a la libertad de expresión, entre las que destacan por la frecuencia con la que ocurren: la intimidación, censura y las restricciones administrativas. Las víctimas en su mayoría son periodistas, particulares y ciudadanía […]
Este artículo fue publicado originalmente en espaciopublico.ong el 4 de junio de 2020.
En mayo registramos 49 casos que corresponden a 112 violaciones a la libertad de expresión, entre las que destacan por la frecuencia con la que ocurren: la intimidación, censura y las restricciones administrativas. Las víctimas en su mayoría son periodistas, particulares y ciudadanía en general, mientras que los responsables siguen siendo, los cuerpos de seguridad, instituciones del Estado y funcionarios.
Al cierre del quinto mes del año se acumulan 556 violaciones al derecho, entre las que destacan 20 detenciones a particulares, periodistas y trabajadores de la prensa, hechos que demuestran el nivel de persecución en contra de todo aquel que ejerza legítimamente su derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir información en el país.
Intimidación y hostigamiento
A pesar de la advertencia realizada por los expertos en derechos humanos de la ONU, en la que manifestaron su alarma ante el aumento de amenazas, ataques y cargos contra periodistas, trabajadores de la salud y otras personas en Venezuela, el gobierno venezolano mantiene una política represiva en contra de quien insista en registrar lo que ocurre en las calles venezolanas en el contexto no solo de la emergencia humanitaria compleja, sino ahora como víctimas de una pandemia.
Este mes registramos 35 intimidaciones y 4 hostigamientos, entre los que destaca el caso de Luis López, del diario La Verdad de Vargas, quien fue obligado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) a borrar el material que realizó durante una protesta de médicos en la avenida Soublette de La Guaira, estado Vargas, el pasado 13 de mayo.
El periodista fue rodeado por funcionarios y obligado a mostrar el material que posteriormente tuvo que borrar, pues lo amenazaron con detenerlo si no lo hacía. Alertó que lo sucedido es cada vez más frecuente, «eso está ocurriendo con todos los periodistas que cubrimos a la GNB» y manifestó que en ocasiones no tenía otra alternativa que borrar el material.
Una situación similar vivió el periodista del canal regional UniTv, Pedro García, cuando un coronel de la GNB lo intimidó y borró el material que realizó durante un recorrido rutinario por la estación de servicios Vírgen del Valle, en la avenida Fuchón Tovar, en el estado Nueva Esparta, el 27 de mayo.
García informó que el funcionario amenazó con detenerlo, le quitó de forma violenta su cámara y estimulado por seguidores del chavismo presentes en la cola, borró los testimonios y fotografías que había realizado previamente sobre la situación que se vivía en el lugar.
En otro hecho, cuatro funcionarios de la GNB intimidaron a los fotógrafos Andrés Rodríguez de El Pitazo; Rayner Peña de EFE, y a Daniel Blanco (independiente), cuando realizaban su trabajo gráfico el 23 de mayo en las adyacencias de la empresa DirecTV, en la urbanización El Rosal, Caracas.
Los efectivos les revisaron los teléfonos pese a que los tres mostraron sus credenciales de prensa. Los GNB alegaron que estaban «violando el perímetro de seguridad» aún cuando los reporteros estaban a media cuadra de las instalaciones de la cablera, hacia el extremo opuesto de la calle.
«El único que se vio afectado fui yo, que me borraron unos videos que hice desde el teléfono. Nos insistieron en revisar lo que teníamos en nuestras cámaras. Nos negamos», contó Rodríguez.
El impedimento en la cobertura es el común denominador, en Caracas, sujetos desconocidos intimidaron a la periodista del portal digital Caraota Digital, Carolain Caraballo, mientras realizaba imágenes del llenadero de cisternas en la urbanización Lomas del Ávila, el lunes 25 de mayo.
La periodista denunció la intimidación a través de la red social Twitter. Explicó que uno de los hombres pretendía amedrentarla realizando una «llamada en voz (muy) alta donde pedía apoyo de las Cuadrillas de Paz porque había llegado @CaraotaDigital». Caraballo detalló que presume que el sujeto trabaja con cisternas que acuden al llenadero a surtir sus camiones.
Continúan las detenciones
Durante el mes de mayo registramos 20 detenciones motivadas a la búsqueda y difusión de información, la mayoría de estas fueron realizadas a ciudadanos por hacer comentarios en redes sociales, y en el caso de periodistas en el contexto de cobertura informativa en la calle. En los primeros cinco meses del año documentamos un total de 79 detenciones, una cifra preocupante teniendo en cuenta que ningún ciudadano debe ser encarcelado por ejercer un derecho consagrado en la Constitución.
Destaca el caso de Rolando Rodríguez, conductor del portal informativo La Prensa de Lara, quien fue detenido el pasado 8 de mayo por funcionarios de la GNB cuando se disponía a equipar su vehículo con gas en la estación de servicio Don Bau en la avenida Libertador, Barquisimeto, estado Lara.
Rodríguez tenía varias horas en el lugar y los funcionarios militares indicaron que ya no podían estar allí porque el tiempo había caducado y cuando eran dispuestos a ser desalojados del sitio, Rodríguez grabó un video con su teléfono celular, que originó la detención durante más de una hora.
Otro caso que resalta es el de Wilfredo Rodríguez quien fue excarcelado el lunes 11, tras permanecer cinco días detenido por denunciar en su Facebook irregularidades en la venta de gasolina en el estado Delta Amacuro.
Rodríguez fue detenido arbitrariamente por funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) el pasado 7 de mayo, fue acusado ante el Tribunal 1ro de Control encabezado por la jueza, Lizgreana Palma, por el delito de «ultraje al funcionario público». En la audiencia decidió beneficiarle con una medida cautelar con régimen de presentación cada 30 días.
Wilfredo Rodríguez es locutor y utiliza sus redes sociales personales para denunciar presuntas anormalidades en torno al manejo del combustible entre los militares, y la gestión de la Gobernadora del estado Delta Amacuro.
Al igual que Rodríguez, el 5 de mayo, José Vásquez fue detenido, por funcionarios de la GNB luego de que expresara en su cuenta en Facebook y estado de WhatsApp, su descontento por la crisis del combustible en Cantaura, estado Anzoátegui.
Vásquez, quien trabaja como taxista, habría expresado en sus perfiles personales salir a protestar ante la situación crítica de la gasolina; la cual solo la podían adquirir algunos privilegiados de la entidad. «Compartan señor, solo echan gasolina los llamados enchufados y más gente aquí en Cantaura, el del carrito urbano, el de la bus, el de la ruta», escribió.
Los efectivos de la GNB fueron hasta su casa y lo llevaron hacia una sede del cuerpo de bomberos donde estuvo recluido en un calabozo con otras nueve personas. Un capitán de apellido Hernández lo interrogó.
A Vásquez le indicaron que podría ser acusado de varios delitos, entre ellos, «instigación al odio», supuesto delito tipificado en la inconstitucional «ley» contra el odio. Al día siguiente, fue reseñado en el Cicpc de Anaco y luego llevado a los Tribunales en El Tigre; en donde le fue otorgada una medida cautelar bajo régimen de presentación por tres meses cada 45 días.
En el estado Zulia, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a la residente del hospital Adolfo D’Empaire, Andreína de los Ángeles Urdaneta Martínez, por la presunta publicación de una imagen en contra de Nicolás Maduro en un estado de Whatsapp, el 26 de mayo en Cabimas estado Zulia.
La publicación por la que la doctora habría sido detenida arbitrariamente, sin orden judicial, fue calificada por los funcionarios como «incitación al odio contra Maduro».
Violaciones en Internet
El Internet en Venezuela es cada vez un espacio más reducido, el Estado Venezolano constantemente aplica bloqueos a portales web que los ciudadanos utilizan como medios para informarse. El pasado 15 de mayo, la estatal Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y la empresa Inter bloquearon el acceso al portal de informativo Runrun.es.
El observatorio de Internet, Ve Sin Filtro alertó sobre el bloqueo detallando que se trató de una restricción de sistema de nombres de dominio (DNS).
Igual sucedió con la página web de la Organización No Gubernamental (ONG) Caracas Mi Convive y la de su coordinador, Roberto Patiño, las cuales fueron bloqueadas por los principales proveedores de Internet en Venezuela, el lunes 18 de mayo.
Ve sin Filtro informó a través de su cuenta en la red social Twitter sobre el bloqueo y detalló que se trató de un bloqueo DNS presente en: Cantv, Movistar, Digitel, Inter y Supercable.
No solo fueron bloqueos, las fallas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) constantemente inciden en la dinámica ciudadana, el 5 de mayo los venezolanos vivimos una que afectó a 19 estados del país, limitando la conectividad a Internet, alcanzando niveles menores al 60% de la conexión regular en el país.
La información fue confirmada por el observatorio de Internet NetBlocks, a través de su cuenta en Twitter, desde la que advirtió el impacto significativo que la falla ocasionó en la conexión a la red del país.
“Los datos de la red en tiempo real muestran un impacto significativo con la conectividad nacional por debajo del 60% de los niveles ordinarios“ informaron.
El 14 de mayo, otra falla eléctrica afectó la operatividad del medio digital, El Correo del Caroní. El apagón no solo ocurrió en el sector donde está ubicada la sede del medio, sino que alcanzó a los estados: Aragua, Carabobo, Lara, Bolívar, Zulia y Táchira. El anuncio lo realizaron a través de su cuenta en la red social Twitter, donde detallaron que en horas de la noche varios sectores de Puerto Ordaz estuvieron sin electricidad y sin Internet.
Las restricciones no solo están en la web, el Estado venezolano, intimida y persigue a quienes se expresan en línea. El pasado 3 de mayo, el jefe de la Zona Operativa de Defensa Integra (Zodi) del estado Lara, general Moreno Martínez, intimidó a la población al asegurar que no permitirá que se genere incertidumbre por las redes sociales.
El diario regional, El Impulso, denunció que Moreno Martínez aseguró que tiene un equipo que monitorea las redes sociales para evitar que ciudadanos generen «incertidumbre» en el estado. Las declaraciones se dieron en paralelo a un despliegue de efectivos de seguridad con el objetivo de hacer cumplir la cuarentena en la región.
Confinados y censurados
Los venezolanos recibieron una muy mala noticia durante el confinamiento, el 19 de mayo, la empresa estadounidense AT&T, propietaria de DirecTV Venezuela, anunció el cese de operaciones en el país como consecuencia de la orden del gobierno de EEUU que prohíbe relaciones económicas con determinadas personas o empresas del gobierno de Venezuela, de acuerdo con un comunicado.
El cese de las transmisiones de DirecTV en Venezuela es una severa restricción a la libertad de expresión de las personas que habitan el territorio. Las consecuencias de esta decisión afectan a más de 13 millones de personas que tienen menos o ningún acceso a información de interés público, contenidos culturales, de entretenimiento y educativos.
Esta medida tiene serias implicaciones desde la perspectiva de derechos humanos, específicamente el acceso a la información y la libertad de expresión, ya severamente limitados desde hace varios años por la acción de las autoridades de Venezuela.
Otro hecho que limita aún más la oferta de medios disponibles en el país, funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenaron el cierre de la emisora Rumbera 106.9 FM de los Valles del Tuy estado Miranda, el pasado 15 de mayo.
José Lara, Gerente de Radiodifusión de Conatel, encabezó una visita a la emisora con el fin de entregar dos oficios, el primero, firmado por Jorge Rodríguez, ministro para la Comunicación y la Información de Nicolás Maduro, y otro por Jorge Elieser Márquez, Director General del ente censor, en el que se anunciaba el cese de la concesión que habilita a la emisora a permanecer al aire.
«Somos una emisora ampliamente musical, pero mantenemos una linea editorial abierta en la que damos cabida a la libertad de expresión sobre todo a los de a pie» comentó, Eliú Ramos Ortega, Presidente de la radio.
El mismo día pero en Guárico, el periodista y conductor del programa Víctor Hugo Donaire denunció que el programa De Frente, transmitido por Roscio TV fue sacado del aire.
El programa De Frente, que se transmitía de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, contaba con una importante audiencia y se distinguía por ser un espacio informativo y de opinión en el estado Guárico.
Donaire informó que el Director del canal Roscio TV, Robert Hernández, le comunicó vía telefónica la decisión de sacar su programa del aire, explicándole que la medida respondió a supuestas presiones realizadas por parte de la Gobernación del estado Guárico.
La misma situación vivió el periodista Vladimir Villegas, el 26 de mayo, cuando denunció la salida del aire de su programa de opinión, Vladimir a la 1, transmitido todos los días, a través del canal de noticias Globovisión desde hace siete años.
A través de su cuenta en la red social Twitter aseguró que la causa era presiones del gobierno de Nicolás Maduro.
«Estimados amigos. Lamento anunciar que @Vladimirala1_gv no va más al aire por @globovision. El gobierno de @NicolasMaduro presionó por mi salida. Ya hablaré ampliamente al respecto a través de mis redes sociales. Mi agradecimiento a la audiencia por acompañarme durante 7 años» informó Villegas en un tweet.
El programa conducido por Villegas funcionaba como un espacio de entrevistas, donde diferentes actores del ámbito político, empresarios y de otros sectores se dieron cita para debatir la situación venezolana.
