El Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió también al Estado reconocer públicamente y sensibilizar a la población acerca de la legitimidad de las actividades de defensores, periodistas y sindicalistas.
Este artículo fue publicado originalmente en cerigua.org el 6 de abril de 2018.
Por Carmen Lucía Castaño, Corresponsal en Ginebra
El Comité de Derechos Humanos de la ONU urgió hoy a Guatemala a «aprobar e implementar en un corto plazo una política pública eficaz de protección para defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas», y le pidió informar a más tardar el 6 de abril de 2020 acerca de las medidas que emprenda para hacer frente al aumento de los actos de violencia, intimidación, estigmatización y asesinatos contra las personas que trabajan en estos sectores.
Estas recomendaciones fueron publicadas este jueves en Ginebra y son el resultado del examen de la situación en materia de derechos civiles y políticos en Guatemala, que tuvo lugar los pasados 12 y 13 de marzo en la sede europea de la ONU; para dicha evaluación, el Estado estuvo representado por una nutrida delegación encabezada por el titular de la COPREDEH, Jorge Luis Borrayo.
En el documento de 11 páginas, el Comité pidió también al Estado reconocer públicamente y sensibilizar a la población acerca de la legitimidad de las actividades de defensores, periodistas y sindicalistas.
En materia de lucha contra la impunidad en la que operan los agresores de estas personas, los expertos de la ONU recomendaron a Guatemala «dotar de los recursos necesarios a los organismos existentes con el fin de mejorar el análisis y la respuesta del Estado a los ataques a defensores, periodistas y sindicalistas»; de igual manera, solicitaron «intensificar sus esfuerzos para asegurar que se investiguen todos los ataques, los autores sean llevados ante la justicia y las víctimas reciban reparación integral».
El Comité, integrado por 18 expertos internacionales, manifestó su preocupación por «el recurso abusivo de procedimientos penales en contra de defensores, periodistas y, en particular, líderes indígenas que defienden la tierra y los recursos naturales», por lo cual urgió a Guatemala a «velar por el respeto de las garantías del debido proceso en los casos de defensores acusados de delitos».
Adicionalmente, los expertos pidieron al Estado velar por que cualquier restricción del derecho a la libertad de opinión y de expresión, o del derecho de reunión o asociación, cumpla plenamente con las exigencias establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumento por cuya aplicación vela el Comité, y que fue ratificado por Guatemala en 1992.
Entre los temas abordados por los expertos en las 21 recomendaciones que formularon a Guatemala también se destacan la independencia judicial, la protección de los derechos de los pueblos indígenas y de las personas LGBTI, la igualdad de género, la despenalización del aborto, el esclarecimiento de los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado y el fortalecimiento del Programa Nacional de Resarcimiento.
