IPYS Venezuela documentó al menos cinco situaciones en las que militares prohibieron el ejercicio periodístico alrededor de los centros de votación.
El gobierno se quejó de la censura en los medios que no hicieron el despliegue informativo que los funcionarios del alto gobierno esperaban. Estos reproches justificaron una amenaza oficial contra Televen, una de las televisoras de mayor alcance en el país. Pero más allá de las presiones oficiales, el oficialismo contó con más de 26 medios estatales, comunitarios y privados alineados con la gestión gubernamental, que privilegiaron la cobertura a favor la creación de la Asamblea Nacional Constituyente. En su mayoría, estas ventanas informativas obviaron las protestas, las acciones de represión y 16 asesinatos que ocurrieron el 30 de julio 2017, durante las protestas de ciudadanas que rechazaban esta medida presidencial. Ese mismo día, IPYS Venezuela registró 13 casos de violaciones a la libertad de expresión ante amenazas y robos de grupos armados, retenciones de reporteros y amenazas de policías, militares y altos funcionarios públicos en alocuciones oficiales en contra de periodistas que cubrían los conflictos y también la jornada de votación.
Amenazas oficiales
En Venezuela “ganó la paz”. Este fue el mensaje en el que insistieron los voceros oficiales en varias cadenas -de obligatoria transmisión en la red de medios de señal abierta- la noche del 30 de julio de 2017. Lo hicieron para celebrar la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente que fungirá como órgano legislativo comunal. Este evento fue convocado por el presidente de la República sin consulta previa, con el respaldo del Consejo Nacional Electoral y supuestamente 8 millones de votantes, con la intención de liquidar el parlamento nacional constituido en enero de 2016, por elección popular. Organizaciones nacionales e internacionales mostraron su preocupación por las arbitrariedades e ilegalidades que marcaron esta medida que conculca las libertades democráticas en el país.
Mientras Vladimir Padrino López, ministro de interior y justicia; Néstor Reverol, ministro de defensa; Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral; y el propio Nicolás Maduro, primer mandatario nacional insistían durante sus alocuciones en calificar la jornada como un triunfo del gobierno y celebraban una “fiesta” electoral, 16 personas fueron asesinadas en distintos estados del país, como consecuencia de la violencia que marcó las protestas en contra de la pretensión oficial de reformar la Constitución Nacional, de acuerdo a los datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). Los medios oficiales prefirieron no hablar sobre estos hechos.
El discurso de celebración que ofreció el Presidente de la República a la medianoche del 31 de julio desde la Plaza Bolívar, en el centro de Caracas, fue acompañado por una amenaza y un reproche hacia la cobertura que hicieron las televisoras privadas de la jornada comicial.
Maduro: La “conducta más vulgar fue de la televisora Televen. Yo le pido a Conatel -la Comisión Nacional de Telecomunicaciones- una investigación, porque hicieron apología del delito de manera expresa, negándole al pueblo el derecho a la información”. Maduro justificó su petición al decir que la estación no realizó un operativo especial para cubrir las votaciones que fueron convocadas por él.
“Había más de 8 millones de venezolanos votando en un acto electoral constitucional, del más alto nivel, y para ellos no era importante transmitir ni una sola información. ¡Ah!, sí era importante transmitir la quema en Altamira”, donde hubo una protesta de ciudadanos que fue dispersada por las fuerzas de seguridad, y aparecieron explosivos que dejaron a varias personas heridas. “Eso sí era importante, ¿verdad?”
“Yo le digo al pueblo, estamos en combate comunicacional otra vez contra la mentira de las televisoras. ¡Alerta, alerta al pueblo!”, refutó Maduro en un mensaje que se replicó de manera obligatoria y simultánea en más de 1.116 medios radioeléctricos del país.
A las 9:40 de la noche, Isbemar Jiménez, viceministra de gestión comunicacional del Ministerio de Comunicación en Información, también había utilizado estos argumentos, según los cuales “los medios de comunicación van allanando la cultura de odio” en el país.
La molestia del Presidente de la República se debía al hecho de que las “las televisoras privadas más grandes del país censuraron las elecciones, mientras el pueblo estaba votando”, dijo en su alocución oficial. Más temprano, en una entrevista en Venevisión, la presidenta del CNE también llamó la atención. “Estoy observando que hay menos cobertura de la que ustedes normalmente hacen en un proceso electoral, que como sabemos no han sido pocos”, apeló Lucena durante un contacto telefónico.
Maduro, entretanto, aprovechó su discurso de celebración para emitir agravios contra la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Advirtió que la constituyente serviría para reestructurar el Ministerio Público y declararlo “en emergencia”. Los simpatizantes oficialistas, desde el público, apoyaban la decisión presidencial, aplaudían y coreaban: “Fiscal, traidora, ya te llegó la hora. Fiscal, traidora, ya te llegó la hora! ¡Fiscal, traidora, ya te llegó la hora”, mientras los medios radioeléctricos estaban en cadena nacional.
Este discurso agraviante y las amenazas contra los medios de comunicación resaltaron durante la cobertura periodística del 30 de julio. Para el Instituto Prensa y Sociedad estos llamados de atención hacia los medios de comunicación se tradujeron en presiones hacia sus líneas editoriales, que intentaron imponer con mayor fuerza la voz oficial, aún más cuando el Consejo Nacional Electoral restringió las condiciones para la cobertura del proceso, de acuerdo a las declaraciones que había ofrecido Tibisay Lucena previamente.
Más allá de las quejas por los espacios que dedicaron los medios de comunicación privados, dos días después de este proceso el Consejo Nacional Electoral ha sido opaco y poco transparente. Carlos Medina, director del Observatorio Electoral Venezolano, refirió que esta institución sólo anunció la cifra de participación, que indicó 8 millones de votantes, pero hasta el 1 de agosto no había publicado el boletín en su portal web con los resultados que exige mostrar en detalles las cifras de las votaciones, las desagregaciones por centros electorales y mesas de votación, como se ha hecho en otros procesos.
Estos obstáculos oficiales formaron parte de las restricciones a la libertad de expresión que se presentaron durante la cobertura de la votación oficial y las protestas que surgieron en varios estados del país el 30 de julio, cuando IPYS Venezuela registró 13 casos de violaciones a la libertad de expresión, en los que también destacaron las limitaciones en los centros electorales, los robos a periodísticas y las acciones de amedrentamiento.
Ojo paramilitar
Uno de los hechos que obstaculizaron la labor periodística ocurrió en San Cristóbal, estado Táchira.
Nelson Chacin, director Radio Mundial 860 AM, denunció ante IPYS Venezuela que cerca de las dos de la tarde, tres camionetas con hombres armados rondaron la sede de la emisora, y desde la calle amedrentaron con armas largas a las tres personas que se encontraban de guardia cubriendo la jornada por la asamblea constituyente.
Chacín relató que la radio estuvo reportando desde la calle los hechos de violencia que se presentaron en Táchira, un estado andino en el que resultaron siete personas asesinadas durante las protestas ciudadanas en rechazo a las medidas oficiales. Los reporteros se tuvieron que ir y la estación se vio obligada a suspender las transmisiones.
Grupos armados también atacaron a reporteros en Caracas. Fabiola Ferrero, fotógrafa independiente y colaboradora para el diario El País, de España, relató a IPYS Venezuela que alrededor de 20 personas que andaban armadas la rodearon cuando estaba en la calle trabajando. En el lugar donde se encontraban, a mediodía, pasaron motorizados con camisas de la campaña a favor de la constituyente, identificados como simpatizantes oficialistas. Cuando se dieron cuenta de que cargaba equipos de prensa se devolvieron y le pidieron la cámara fotográfica, el chaleco, el casco y la máscara antigás. La revisaron y le tocaron los senos para quitarle el celular. Se llevaron sus documentos personales, que estaban en su morral.
Varios reporteros también resultaron lesionados cuando cubrían la represión que ejecutaron funcionarios policiales y militares contra manifestantes en Altamira, donde lanzaron un explosivo. El sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) reportó que Ángel Colmenares, fotógrafo independiente, le cayó una bomba lacrimógena cuando se encontraba reportando los hechos. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana le dispararon perdigones a Leonardo Rodríguez, fotógrafo, y a la reportera Mariana de Barros, cuando realizaba la cobertura para VivoPlay.
#ALERTA Al fotógrafo independiente Leonardo Rodríguez, efectivos de la PNB le dispararon perdigones en #Altamira durante represión #30Jul pic.twitter.com/nxZtV4KNIP
— SNTP (@sntpvenezuela) July 30, 2017
Otros reporteros, fotógrafos y motorizados que trasladan a equipos de medios nacionales y extranjeros también resultaron afectados. Se conoció que policías quemaron las motos donde se trasladaban periodistas que prefirieron no identificarse durante la protesta en Altamira y Bello Monte.
Retenciones
Durante el 30 de julio, se registraron tres retenciones de reporteros. El Colegio Nacional de Periodistas de Cojedes denunció que Brigitte Gerdel, reportera, y Daniel Rodríguez, fotógrafo, ambos del Diario Las Noticias de Cojedes, fueron detenidos momentáneamente por funcionarios policiales durante la cobertura de las votaciones. Les quitaron sus credenciales de prensa y los acusaron de “sospechosos”.
Funcionarios de la policía nacional detuvieron a Felipe Royet, reportero de Cambio16, revista española, cuando caminaba por Chacaíto, en Caracas, mientras cumplía labores informativas. El fotógrafo contó al SNTP que alrededor de 200 policías en motos pasaron por el lugar, unos funcionarios se acercaron a él, lo llevaron a un punto policial, lo amedrentaron y luego lo dejaron ir.
Euclides Sotillo, reportero de Venevisión, relató que funcionarios policiales lo detuvieron cuando reporteaba las protestas en el Paraíso, al oeste de Caracas. Los funcionarios lo amenazaron con romperle el teléfono.
Prensa sin acceso
IPYS Venezuela documentó al menos cinco situaciones en las que militares prohibieron el ejercicio periodístico alrededor de los centros de votación. En El Paraíso, en Caracas, funcionarios de la Guardia Nacional prohibieron el acceso a una instancia electoral, a los equipos de Vivoplay y El Nuevo País.
Los funcionarios gritaron a los periodistas que no podían pasar. “Fuera, fuera de aquí o te parto esa mierta. Si te veo grabando te escoñeto” los equipos, dijeron militares encapuchados.
Cerca del mediodía, guardias prohibieron la entrada al Poliedro de Caracas a Víctor Amaya, reportero del diario Tal Cual, pese a que el CNE lo acreditó para cubrir el proceso. Los funcionarios les dijeron que no tenían autorización para que pasaran. Con el periodista también estaba Osmary Hernández, corresponsal de CNN en Español en Venezuela. Lo mismo le ocurrió en Monagas a Ronny Rodríguez y Grace Sofía Delgado, periodistas del diario Verdad de Monagas; y en Portuguesa a Blanca Gudiño, reportera del diario Última Hora en Acarigua.
IPYS Venezuela había advertido sobre las restricciones impuestas por el poder electoral para la cobertura periodística, que limitaban a los periodistas el acceso a los centros de votación y también le había negado los credenciales a al menos nueve medios, según las denuncias que recibió esta organización. Sin embargo, voceros oficiales, a través de los medios públicos, se quejaron y alegaron que las televisoras silenciaron las votaciones en las que se eligieron más de 500 constituyentistas que reformarán el sistema constitucional del país, pese que es una propuesta rechazada por la mayoría de los ciudadanos.
