El ingreso a Venezuela al Consejo de Derechos Humanos en Venezuela, de la ONU debe motivar al Estado a tomar en cuenta las recomendaciones en materia de libertad de expresión recibidas por parte de países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, durante el Examen Periódico Universal (EPU).
(IPYS-Venezuela/IFEX) – El ingreso a Venezuela al Consejo de Derechos Humanos en Venezuela, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), oficializado el 12 de noviembre de 2012, debe motivar al Estado a tomar en cuenta las 13 recomendaciones en materia de libertad de expresión recibidas por parte de países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, durante el Examen Periódico Universal (EPU), que realiza esa instancia intergubernamental, debido a que persisten las limitaciones para el ejercicio de este derecho en el país.
Venezuela presentó el EPU en octubre de 2011 y el cual representa un mecanismo de revisión de los compromisos, responsabilidades y retos en materia derechos, que se realiza a los 192 estados miembros de la ONU, cada cinco años.
Este exhorto cobra vigencia al constatar que ocurrieron 159 incidentes de agresiones y obstáculos contra la libertad expresión e información en el país, entre el 7 de octubre de 2011 y el 7 de octubre de 2012, a un año de la celebración del EPU Venezuela de acuerdo a los registros del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS-Venezuela). Que implica un incremento de 57% en relación con el mismo período de los años 2010 a 2011, que sumó un total 91 casos.
Las limitaciones a la libertad de expresión se han agudizado, a pesar de que el Estado venezolano alegó durante el EPU que mantiene una política para “promover el efectivo ejercicio” de la libertad de expresión e información en Venezuela, por lo que rechazó las 13 recomendaciones realizadas por otros Estados, orientadas a garantizar el pleno cumplimiento de este derecho fundamental.
Venezuela en deuda
La mayoría de los casos reportados durante este período están relacionados con el desconocimiento de las recomendaciones planteadas durante el EPU Venezuela por Francia y Australia, que estipulaban la necesidad de velar por el respeto y el pleno ejercicio del acceso a la información pública, y la urgencia de establecer las medidas para combatir las amenazas y los ataques contra la prensa. Asimismo, estos incidentes han podido impedirse si Venezuela hubiese aceptado las recomendaciones de Suiza e Indonesia, las cuales estaban destinadas a intensificar los esfuerzos en materia de seguridad para proteger la vida e integridad de los periodistas.
Otra de las situaciones recurrentes en Venezuela es la arbitrariedad en la aplicación de la justicia y la falta de mecanismos en los casos de violaciones a este principio fundamental. Durante el EPU, el gobierno nacional rechazó la propuesta de Israel que establecía acabar con “la cultura de impunidad que rodea los casos de represalias por disentir, los ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas, el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones pacíficas, el abuso de fuerza por actores no estatales, la ejecución de delincuentes y otras graves violaciones de derechos humanos”.
Asimismo, esta nación sugirió a Venezuela abolir la utilización discrecional del sistema de justicia, y planteó “reforzar la independencia e institucionalidad del poder judicial”. En esta misma línea, Eslovenia aconsejó a Venezuela cumplir las obligaciones internacionales “e implementar las recomendaciones, resoluciones y decisiones del sistema regional e internacional de protección de derechos humanos”.
Se omitió, también, el planteamiento de Canadá que estaba orientado a “promover el ejercicio de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, en particular para los miembros de los partidos políticos, sindicatos, los medios y la sociedad civil, sin el riesgo de restricciones indebidas”. Igualmente, Canadá y Noruega exhortaron a Venezuela a modificar la legislación actual con la finalidad de eliminar los delitos de desacato, difamación y vilipendio, mientras que Alemania planteó la revisión de la legislación para mejorar las garantías y mecanismos de protección a la libertad de expresión.
Revisión permanente
En 2016, Venezuela volverá a presentar el Examen Periódico Universal, sesión en la que deberá rendir cuentas ante Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en el país, y sus respectivos avances en las 97 recomendaciones aceptadas y adoptadas por el país en otras materias distintas al derecho a la libre expresión.
A partir del Ingreso de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos, con miras a trabajar en el fortalecimiento de las garantías de la libertad de expresión en el país, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, exhorta a las autoridades gubernamentales a tomar en cuenta las recomendaciones realizadas por los demás países, en materia de libertad de expresión, a fin de construir, junto los distintos sectores de la sociedad, un panorama óptimo para el pleno ejercicio de la libertad de expresión en información.
