La SIP criticó la clausura de una emisora de radio y la excesiva fuerza utilizada en el decomiso de sus equipos de transmisión.
(SIP/IFEX) – Miami (23 de junio de 2009).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) criticó la clausura de una emisora de radio en Nicaragua y la excesiva fuerza utilizada en el decomiso de sus equipos de transmisión, acción que podría haberse adoptado «en represalia por posiciones críticas contra el gobierno».
Radio La Ley, que contaba con su licencia para operar desde el 2004, ubicada en Sébaco, departamento de Matagalpa, a unos 107 kilómetros al norte de la capital, fue clausurada el día antes de su inauguración el 20 de junio. Su propietario, Santiago Aburto, es un conocido crítico del gobierno de Daniel Ortega a través del programa «Buenas tardes» de Radio Corporación.
El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), organismo regulador de las comunicaciones, canceló el 19 de junio la frecuencia 102.1 de Radio La Ley, con argumentos sobre la tardanza en la operatividad de la licencia de acuerdo a la aplicación de la Ley 200. La medida administrativa fue seguida por el decomiso de los equipos de transmisión y operación de la radio del domicilio del periodista, acción que estuvo a cargo de unos treinta civiles armados.
El presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, del diario colombiano El Tiempo, expresó que «más allá de las consideraciones legales y administrativas, nos sorprende el desmedido uso de la fuerza para clausurar una licencia de una radio»; añadiendo su preocupación de que pudiera tratarse de «represalias por posiciones críticas contra el gobierno».
La editorial de hoy del diario La Prensa – como otros periódicos y emisoras nicaragüenses – cuestionó la acción del gobierno porque «no ha habido ningún motivo legal ni administrativo», agregando que el propietario venía pagando los aranceles correspondientes y que, además, la Ley 670 prorrogó las licencias de operación hasta que se sancione una nueva regulación sobre telecomunicaciones que reemplace a la actual, vigente desde 1996.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Robert Rivard, del periódico estadounidense San Antonio Express-News, explicó que la SIP tiene «fundadas razones para sospechar que pudiera tratarse de represalias por parte del gobierno»; cuestionando además, la confiscación de equipo en contradicción de la Constitución, en cuyo Art. 68 establece que «en ningún caso podrán decomisarse, como instrumento o cuerpo del delito, la imprenta o sus accesorios ni cualquier otro medio o equipo destinado a la difusión del pensamiento».
Las autoridades de la SIP recordaron que la reciente misión que la organización hemisférica envió a Managua a fines de enero pasado, atendió numerosas denuncias de periodistas, editores y propietarios de medios de comunicación sobre las acciones represivas de parte del gobierno de Ortega en contra de la libertad de prensa y de expresión.
Con anterioridad, el presidente Enrique Bolaños clausuró radio La Poderosa el 11 de octubre de 2002, vinculada al ex presidente Arnoldo Alemán, acción que fue denunciada por los medios y condenada por los informes de la SIP como una medida política y contraria a la libertad de prensa.
