IPYS Venezuela recogió los testimonios de periodistas venezolanos que han trabajado temas socioambientales en el país, para conocer cuáles son las limitaciones que más enfrentan los reporteros en la cobertura de situaciones donde el medio ambiente y los derechos humanos están en riesgo.
Este artículo fue publicado originalmente en ipysvenezuela.org el 15 de diciembre de 2020.
IPYS Venezuela recogió los testimonios de periodistas venezolanos que han trabajado temas socioambientales en el país, para conocer cuáles son las limitaciones que más enfrentan los reporteros en la cobertura de situaciones donde el medio ambiente y los derechos humanos están en riesgo
Al quinto mes de la pandemia por COVID-19, las costas venezolanas enfermaron por otro motivo. Un derrame petrolero, equivalente a 20.000 barriles de crudo, escapó de una refinería al norte del país hacia las playas del estado Falcón. Las manchas negras alcanzaron al Parque Nacional Morrocoy, reconocido por sus aguas cristalinas y la riqueza de su flora y fauna.
Jhonatam Petit, un joven reportero de ese estado, viajó a la costa para verificar los hechos y enfrentó varios de los obstáculos que existen en Venezuela para el ejercicio del periodismo ambiental: “Si no tienes presupuesto, no puedes hacer una cobertura de impacto ambiental como la que estamos viviendo en Falcón”, advierte. “Para ir a Morrocoy desde Coro (capital del estado), necesitas 30 dólares. Para estar allá una semana, necesitas 200 dólares como mínimo”, añade.
Petit fue amenazado por varias cuentas de Twitter, tras publicar un reportaje sobre el ecocidio en Morrocoy a causa del derrame petrolero. Es uno de dos casos de agresión hacia coberturas del medio ambiente, registrados en 2020 por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela). La organización ha documentado cinco episodios de este tipo en el último lustro.
La economía nacional se basa principalmente en el extractivismo, con actividades de explotación de petróleo y minería. En este contexto, IPYS Venezuela entrevistó a un conjunto de periodistas que han producido reportajes sobre temas socioambientales. Las consultas evidencian patrones en las limitaciones que los reporteros enfrentan para informar sobre el desarrollo e impacto de acciones que comprometen al medio ambiente y a los derechos humanos.
Las siete restricciones más destacadas por los periodistas fueron: ausencia de datos oficiales actualizados, altos costos para viajar a zonas aisladas, escasez de gasolina, fallas en servicios de telecomunicaciones de sectores rurales, temor o recelo de las comunidades para declarar, falta de respuesta de autoridades del Estado y delincuencia.
El artículo 127 de la Constitución nacional establece: “Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado (…) Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley”.
El segundo caso reportado por IPYS Venezuela en 2020 ocurrió en el estado Yaracuy. Los reporteros Lisbella Páez y Francisco Sandoval cubrieron una rueda de prensa de habitantes de la urbanización Los Sauces 2, en el municipio San Felipe, donde denunciaron contaminación ambiental causada por una granja pecuaria. El trabajo reporteril fue interrumpido por funcionarios del Servicio de Policía Ambiental y Minería del estado, quienes revisaron el material audiovisual recogido por los periodistas y luego les exigieron abandonar el lugar.
Obstáculos generales y ofertas particulares
Una guía latinoamericana sobre periodismo ambiental lo describe así: “Hay muchas razones diferentes por las cuales nos hacemos periodistas ambientales, pero nuestra misión es muy similar: contar historias que ayuden a las personas a entender mejor cómo es que los seres humanos nos relacionamos con el mundo natural que nos rodea, la forma en que este afecta nuestras vidas y el impacto que tenemos en él”.
En Venezuela, el acceso a la información ambiental está previsto en la Ley Orgánica del Ambiente. Su artículo 64 dicta: “El derecho a la información sobre el ambiente debe ser reconocido a cada persona. El Estado es el garante de su ejercicio, de la confiabilidad de la información y de su difusión”. El artículo 71 refuerza el planteamiento, con excepciones: “El Estado garantizará a toda persona el acceso a la información ambiental, salvo que ésta haya sido clasificada como confidencial”.
Jeanfreddy Gutiérrez, corresponsal del medio internacional especializado en temas ambientales Mongabay, asegura que durante el desarrollo de más de 30 reportajes sobre esta área, publicados hasta la fecha, sólo ha podido obtener una respuesta oficial de un funcionario estatal del Instituto Nacional de Parques (Inparques). “De resto nunca más me han concedido la entrevista”, afirma.
Gutiérrez también destaca limitaciones de investigación documental: “Se desconoce la inmensa mayoría de los indicadores ambientales; cuánta basura producimos, cuánto es la deforestación, cuál es la calidad del agua, cuáles son los indicadores del aire, el estado de los ecosistemas, el estado de la fauna y de la flora”. El reportero señala que indicadores históricos ambientales antes presentados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) desaparecieron de la página web.
El ente rector en materia ambiental del Estado venezolano es el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo. La Memoria y Cuenta más reciente publicada en su página web corresponde al año 2017. Es uno de los pocos ministerios que presentó un informe anual de gestión después de 2015, año en que la mayoría del gabinete del gobierno de Nicolás Maduro dejó de exponer su rendición de cuentas.
Hasta la fecha de esta publicación, al menos 4 de las 24 direcciones estadales del ministerio aceptaron una solicitud de entrevista enviada por IPYS Venezuela, sobre los mecanismos de acceso a información oficial para los periodistas. Las autoridades oficiales de los estados Anzoátegui, Aragua, Carabobo y del Distrito Capital aseguran a esta organización estar en disposición de responder las consultas de los reporteros sobre el área ambiental. Indican que pueden ser contactados por correo electrónico o vía telefónica.
La experiencia y percepción general de los periodistas consultados dista de cualquier apertura del Estado. La periodista María Antonieta Segovia, quien ha investigado historias sobre comunidades rurales e indígenas, destaca un “acceso inexistente a la fuente oficial” entre los obstáculos para el periodismo sobre temas socioambientales. Segovia explica que el contacto con otras fuentes personales también presenta limitaciones tanto por fallas en las telecomunicaciones de sectores rurales -lo cual dificulta la preproducción de los viajes- así como por el temor de los habitantes de lugares afectados a declarar de forma abierta. Suelen pedir la reserva de su identidad.
La periodista Ahiana Figueroa, quien coordinó una investigación sobre los impactos de la contaminación creciente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), también resalta el miedo a declarar por parte de residentes de poblaciones aledañas a la industria petrolera y de los propios empleados. Pdvsa, principal compañía del Estado venezolano, descuidó protocolos de seguridad industrial y ambiental, según hallazgos de su reportaje.
Desde 2014 los volúmenes de petróleo derramados aumentaron. La quema de gas también se ha incrementado exponencialmente. Las montañas de coque -producto derivado del tratamiento del crudo extrapesado- crecen en espacios a cielo abierto donde la dirección del viento transporta partículas tóxicas hacia las comunidades. “Con el área ambiental, aquí en Venezuela no se ha cubierto de forma permanente cómo contamina una industria como Pdvsa”, considera la reportera.
La lupa sobre la minería
Tras el deterioro de la industria petrolera nacional como principal fuente de ingresos, el gobierno de Nicolás Maduro ha promovido la extracción minera al sur del país. El mayor proyecto en este sentido fue bautizado como Arco Minero del Orinoco (AMO) y consiste en la explotación minera de 111.844 kilómetros cuadrados de territorio, equivalente a 12 por ciento del suelo venezolano, en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.
