Pese a que Ecuador ha ratificado el compromiso de cumplir con todas sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, no ha existido el apoyo suficiente por parte de todos los poderes del Estado para su implementación, quedando su contenido en letra muerta.
Este artículo fue publicado originalmente en fundamedios.org el 22 de diciembre de 2022.
El sistema internacional de los Derechos Humanos se compone de un conjunto de normas y mecanismos que los distintos Estados así como el Ecuador se han comprometido a cumplir. A través de la ratificación de los diversos instrumentos de Derechos Humanos nuestro país asumió el compromiso de respetar, proteger y garantizar el ejercicio de estos derechos.
Parte importante de esto, es el reconocimiento tanto del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos como del Sistema Interamericano. Ambos son un conjunto de normas y mecanismos creados por los propios Estados para garantizar el cumplimiento de sus compromisos en materia de Derechos Humanos. Estos sistemas se encuentran conformados por una parte de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, es decir tratados, pactos, convenciones o declaraciones, y por otra parte de instituciones y mecanismos encargados de vigilar y promover el cumplimiento de este marco normativo, como los órganos de tratados, las relatorías, las comisiones.
En materia de libertad de expresión y prensa se han desarrollado varios instrumentos internacionales junto con mecanismos especiales para su seguimiento, su finalidad se centra en mejorar el ejercicio de estos derechos en cada país. Pese a que Ecuador ha ratificado el compromiso de cumplir con todas sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, no ha existido el apoyo suficiente por parte de todos los poderes del Estado para su implementación, quedando su contenido en letra muerta.
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Entre el 2007 al 2017, durante el Gobierno de Rafael Correa, hubo una persecución sistemática contra medios de comunicación y periodistas. En este periodo de tiempo Ecuador retrocedió en todos los índices de libertad de expresión y el país fue observado por diversos organismos internacionales. Así, el gobierno ecuatoriano fue considerado como “un depredador de la libertad de expresión”.
Durante el periodo de Lenin Moreno existió una “transición fallida” de un modelo autoritario a uno de reconstrucción democrática, en el cual se impulsaron políticas más favorables a los medios sin resultados significativos para la seguridad de las y los periodistas. Por ejemplo se diseñó un paquete de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación pero estas nunca entraron en completa vigencia por la falta de reglamento general; por otro lado, en este período existió uno de los más condenables crímenes que se han producido contra la prensa ecuatoriana; el caso Nos Faltan Tres donde Javier, Paúl, y Efraín fueron secuestrados y asesinados en la frontera entre Ecuador y Colombia; lo cual evidenció una absoluta desprotección a la prensa.
Con el actual Gobierno de Guillermo Lasso, se anunció un respeto irrestricto a la libertad de expresión, y se envió una Ley de Libertad de Expresión a la Asamblea Nacional para derogar la Ley de Comunicación que todavía mantenía artículos críticos; sin embargo, dicho proyecto que contemplaba múltiples garantías para la libertad de expresión y el trabajo de la prensa, fue archivado debido a las diferencias políticas entre el Gobierno Central y la Asamblea Nacional; y, actualmente el proyecto que aún se encuentra en discusión pretende incorporar artículos que vulneran la libertad de expresión y opinión en el país, mismos que ya fueron derogados en el año 2019.
Además, del monitoreo de alertas a la libertad de expresión, prensa y acceso a la información, que se levantan por parte de Fundamedios se revela un incremento en cuanto a las vulneraciones a estos derechos fundamentales durante estos cinco años: En 2017 se registraron 297 agresiones, en 2018 bajaron a 144; para el 2019 se ubicaron en 212; 185 agresiones en el 2020 y un repunte de las agresiones en 2021 con 289 casos. Entre enero y el 15 de diciembre de 2022 se han registrado 351 agresiones.
Fundamedios realizó un análisis de la implementación de los dos informes con recomendaciones realizadas por las Relatorías Especiales por la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas y de la CIDH; las recomendaciones emitidas por el Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH; las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia del Caso El Universo; y las recomendaciones emitidas por la Corte Constitucional en los casos Vistazo y la Hora; con la finalidad de analizar las acciones que se realizaron desde las distintas instituciones del Estado para implementar dichos instrumentos internacionales.
Llama la atención la falta de compromiso de organismos estatales como la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, Cancillería, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General del Estado a quienes durante dos meses hemos solicitado entrevistas para conocer el seguimiento estatal que se da a estos temas. Organismos como la Contraloría o la Procuraduría General han asegurado que no está dentro de sus competencias, mientras en la Defensoría del Pueblo y en la Secretaría de DD.HH. han optado por el silencio.
Fundamedios ha reflejado a través de varios informes anuales que la situación de la Libertad de Expresión sigue siendo preocupante y que se ha ido deteriorando en el transcurso del tiempo, especialmente en el último año que coincide con el reciente cambio de gobierno que se realizó en mayo del 2021.
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES INTERNACIONALES, A CUESTAS
RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LAS RELATORÍAS ESPECIALES
Tanto en el Sistema Universal de Derechos Humanos como en el Sistema Interamericano existen las Relatorías Especiales que analizan temas específicos o situaciones de un país en cuanto a Derechos Humanos. Estas Relatorías se encuentran conformadas por individuos/as, expertos/as independientes, quienes examinan, dan seguimiento, asesoran e informan públicamente la situación de los Derechos Humanos, envían comunicaciones directamente a los gobiernos, y en algunos casos crean conciencia sobre un tema específico por medio de comunicados de prensa y otras declaraciones públicas.
A través de estas acciones identifican causas de vulneraciones a Derechos Humanos, las tendencias y la complejidad de ciertas problemáticas, y asimismo destacan buenas prácticas iniciadas por el gobierno y por la sociedad civil, y finalmente emiten recomendaciones. Sin embargo, la adecuada atención a estas recomendaciones forma parte de la agenda de trabajo en materia de Derechos Humanos de los gobiernos, sociedad civil y la cooperación internacional.
En el caso del derecho a la libertad de expresión ambos sistemas reconocieron que este derecho es la piedra angular de la democracia, que permite a las personas y grupos disfrutar de otros derechos humanos y libertades; y por lo tanto decidieron crear Relatorías encaminadas a fortalecer el ejercicio de la libertad de expresión en los distintos países.
En el Sistema Universal, las Naciones Unidas establecieron en 1993 el mandato del Relator sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, a través del Consejo de Derechos Humanos, cuya última renovación se realizó en marzo del 2020 (Resolución 43/4). En este sentido, su mandato se centra en:
- Reunir toda la información pertinente sobre las violaciones del derecho a la libertad de opinión y de expresión, la discriminación, las amenazas o el uso de la violencia, el hostigamiento, la persecución o la intimidación contra personas que traten de ejercer o promover el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión, en particular, como cuestión de alta prioridad, contra periodistas u otros profesionales que trabajen en la esfera de la información;
- Recabar y recibir información fidedigna y fiable de los gobiernos, de las organizaciones no gubernamentales y de cualesquiera otras partes que tengan conocimiento de esos casos, y responder a esa información; y,
- Formular recomendaciones y hacer sugerencias sobre los medios de promover y proteger mejor el derecho a la libertad de opinión y de expresión en todas sus manifestaciones.
