Este artículo fue publicado originalmente en clibrehonduras.com el 8 de febrero de 2019. La defensa del territorio y los bienes comunes continúa siendo una labor de alta peligrosidad en el departamento de Colón. Liderazgos sociales y defensoras de los derechos humanos denunciaron ser víctimas de una campaña de desprestigio y amenazas, provenientes de páginas de […]
Este artículo fue publicado originalmente en clibrehonduras.com el 8 de febrero de 2019.
La defensa del territorio y los bienes comunes continúa siendo una labor de alta peligrosidad en el departamento de Colón. Liderazgos sociales y defensoras de los derechos humanos denunciaron ser víctimas de una campaña de desprestigio y amenazas, provenientes de páginas de la red social Facebook.
Desde los perfiles digitales «Alma del Tocoeño» y «Noticias Tocoa», acusan a las lideresas sociales Esly Banegas, Juana Esquivel, Adilia Castro, Isela Juarez, y los líderes Gregorio Vásquez, Leonel Geroge, Reynaldo Domínguez y otros dirigentes de la comunidad de Guapinol, en Tocoa, por el asesinato de dos personas el pasado 5 de febrero.
«Mire a la pico rojo como se vurla de la muerte de Don gerson. Y en las otra imajen después k han causado odio se hacen la víctimas». Así dice textualmente una publicación del sitio Noticia Tocoa, en referencia a Esly Banegas.
Asimismo, la campaña denigra el trabajo de organizaciones como la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR), la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y la parroquia «San Isidro Labrador» en el municipio de Tocoa.
Lo anterior se origina desde que varias comunidades en el municipio de Tocoa, iniciaron un proceso de lucha contra la instalación de un proyecto minero de Inversiones Los Pinares S.A. sobre el Rio Guapinol. Dicho proyecto tiene como uno de sus dueños a Lenir Pérez, yerno del ya fallecido terrateniente Miguel Facussé Barjúm.
Banegas, es una reconocida lideresa sindical en la zona y actual coordinadora de COPA, quién en conferencia de prensa, en Tegucigalpa, este 7 de febrero, expresó que pretenden culpar a las organizaciones de esta muerte. Es una campaña de terror montada, es un acoso a la comunidad de Guapinol, dónde en presencia de militares a su vista y paciencia, opera un grupo armado. Allí hubo estos asesinatos.
Cabe señalar, que Banegas es beneficiaria de la Medida cautelar (MC 50-14), otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a la vulnerabilidad que enfrenta por su labor, en una zona donde se registra más de 125 asesinatos en el marco de un conflicto agrario desde hace ocho años.
Luego de realizar una visita in situ a Guapinol, del 1 al 2 de noviembre de 2018, la Coalición contra la Impunidad, presentó una serie de observaciones en las que establece el ambiente de violencia que impera en quienes residen en la comunidad, así como campañas de desprestigio, amenazas y criminalización, el caso más reciente es de acuerdo con el proceso penal 148-2018, que ordena el arresto contra 18 luchadores y luchadoras sociales, supuestamente responsables del campamento en defensa de la vida y del agua en Guapinol.
En un comunicado entregado a los medios de comunicación, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, responsabilizó al Estado de Honduras, Corporación Municipal de Tocoa e Inversiones Los Pinares «por cualquier daño a la integridad física de los miembros del Comité y las comunidades en defensa del derecho humano al agua».
El artículo 13, numeral cinco, de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece la prohibición de propagandas u otras incitaciones a la violencia contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.
