En el marco del 25 de mayo, Día de la Persona Periodista en Honduras, las organizaciones firmantes muestran su preocupación por el deterioro y las debilitadas condiciones generales para ejercer el periodismo en el país.
Este artículo fue publicado originalmente en articulo19.org el 25 de mayo de 2023.
En el marco del 25 de mayo, Dia de la Persona Periodista en Honduras, las organizaciones firmantes mostramos nuestra preocupación por el deterioro y las debilitadas condiciones generales para ejercer el periodismo independiente y el derecho a la libertad de expresión en Honduras.
Honduras es un país donde la libertad de expresión se ejerce en un contexto caracterizado por la fragilidad de las instituciones y por altos niveles de impunidad, una administración de justicia limitada, un estado de excepción vigente y enormes retos en materia de corrupción, seguridad ciudadana y graves violaciones de derechos humanos. Dentro de este contexto, el derecho a ejercer este derecho de manera segura y libre se ve mermado, ya que periodistas, personas comunicadoras, medios de comunicación independientes y quienes ejercen la libre expresión experimentan un ambiente adverso y enormes barreras para realizar su labor.
La censura, el hostigamiento, los ataques y agresiones físicas, la revocación de licencias de medios y el acoso judicial, son prácticas comunes que se usan para silenciar las voces críticas. Según los informes de Human Rights Watch (2022) y de Reporteros sin Fronteras, Honduras es uno de los países más letales para ejercer el periodismo.
Desde ARTICLE 19 a través del Análisis regional sobre el estado de la libertad de expresión en la región de Centroamérica y el Caribe – Barómetro – se ha documentado que durante los tres primeros trimestres del 2022, Honduras no ha sido un país seguro para ejercer la libertad de expresión, derivado de la existencia de múltiples violencias que buscan acallar voces críticas a través de actos de intimidación, estigmatización, persecución judicial y criminalización por medio del uso indebido del sistema legal y la aprobación o continuación de marcos normativos restrictivos e inhibidores del libre ejercicio periodístico y la libre expresión.
La presencia de las amenazas, agresiones y actos de acoso contra periodistas en el espacio digital y físico son una estrategia común de los poderes y pactos del Estado en su afán por limitar la crítica, la libertad de expresión y labor de quienes ejercer el periodismo independiente, pasando a ser calificados muchas veces de “adversarixs y opositorxs del gobierno”.
Las agresiones contra la prensa y el periodismo independiente, que son quienes cubren de manera crítica temas de la realidad social del país, se dan en un ambiente donde el espacio cívico y los entornos públicos participativos, son amenazados derivado del aumento de la violencia policial, el uso indebido y arbitrario de la fuerza y la criminalización de actores sociales que usan la libertad de expresión y el derecho a la protesta social para manifestar sus opiniones y descontento ante el afianzamiento de los poderes autoritarios y la crisis social y de derechos humanos en el país. Lo anterior aunado a la práctica del Estado hondureño, de instalar mecanismos que detonan procesos de desinformación y estigmatización de la labor periodística contra aquellos actores que son críticos y visibilizan problemas de carácter estructural relacionados con los altos niveles de impunidad, corrupción y la crisis social que generan conflictos de tierra y territorios y violaciones graves de derechos humanos.
Sobre la situación de la libertad de expresión en Honduras, nos preocupa principalmente el debilitamiento del Mecanismo de Protección creado a partir de la Ley de Protección para Defensoras, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, caracterizándose hoy por la falta de compromiso institucional y voluntad política para darle vida a las disposiciones de la ley que lo crea, la falta de asignación de medidas urgentes para las, les y los beneficiarios, la crisis presupuestaria y una falta de recursos humanos y especializados que le permitan realizar su función de protección, es lo que hoy hace al Mecanismo de Protección una institución debilitada e incapaz de responder las necesidades de los actores beneficiarios.
Nos sumamos al llamado de la Relatoría sobre Libertad de Expresión de la CIDH al Estado hondureño, sobre la necesidad de emprender sus máximos esfuerzos para brindar una respuesta institucional contundente con respecto a la violencia contra la prensa y buscar su cese, con la finalidad de garantizar de manera efectiva el derecho de las personas periodistas y comunicadoras a ejercer su labor informativa en un entorno libre de violencia y censura.
Las organizaciones firmantes demandamos al gobierno de Xiomara Castro garantizar el ejercicio, la seguridad y protección de quienes legítimamente hacen uso de su derecho a la libertad de expresión, asociación y protesta social, garantizando su integridad personal, física y psicológica, de personas comunicadoras sociales, comunitarias, periodistas y actores sociales. Así como abstenerse a estigmatizar, criminalizar y hostigar a periodistas y comunicadores sociales, derogar las figuras no convencionales de delitos contra el honor que son usadas para criminalizar la labor periodística y combatir la impunidad de crímenes contra periodistas, fortalecer el Mecanismo de Protección de Periodistas, Personas Derechos Humanos y Operadores de Justicia, dotándolo de capacidades técnicas y presupuestarias para la adecuada realización de su mandato y dar cumplimiento a las múltiples recomendaciones de organismos internacionales en la materia.
