Febrero 2021 en las Américas: Un resumen de la libertad de expresión producido por la editora regional de IFEX, Paula Martins, basado en los informes de los miembros de IFEX y las noticias de la región.
Esta es una traducción del artículo original.
Los periodistas no son el enemigo
El 8 de febrero de 2021 el miembro colombiano de IFEX, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), publicó su informe anual 2020.
El informe destaca operaciones de espionaje contra periodistas, el uso abusivo de la fuerza por parte de la policía contra la prensa durante manifestaciones públicas y el comportamiento despectivo y estigmatizador de funcionarios de alto nivel contra los medios de comunicación. Según la FLIP, todos los casos apuntan a un mensaje claro: la prensa es vista como la oposición y no se tolera el pensamiento crítico.
Con respecto a la seguridad de los periodistas, en los últimos cuatro años ocho han sido asesinados y se han reportado 618 amenazas. Eso convierte a Colombia en el segundo país con más víctimas mortales del continente, justo después de México. Durante el año de la pandemia, 193 periodistas fueron amenazados (un 10% más que en 2019) y dos fueron asesinados: Abelardo Liz y Felipe Guevara. El informe también destaca veinte casos de agresiones contra reporteras en 2020 en los que hubo un elemento de violencia de género. Las agresiones iban desde el acoso en línea y las amenazas hasta la violencia sexual.
La FLIP destaca que estas amenazas y asesinatos ocurrieron mientras se esperaba un “plan de reestructuración” que se había prometido y se invertían miles de millones de pesos colombianos en un mecanismo de protección que lamentablemente ha perdido su efectividad y legitimidad.
Páginas para la libertad de expresión, FLIP
El informe también incluye una cronología de los escándalos relacionados con la elaboración de perfiles de periodistas por parte de las fuerzas armadas. La FLIP lamenta la falta de transparencia en torno a los procedimientos disciplinarios en curso contra los 13 militares involucrados en el esquema de vigilancia, y la ausencia de información sobre una audiencia pública prometida. (Para obtener más información sobre este caso, consulte< mi artículo de 2020 “Innecesaria, desproporcionada y generalizada: la normalización de la vigilancia en Colombia y América Latina”).
Por último, aunque no menos importante, el informe destaca la difícil situación económica de los medios de comunicación en Colombia, una situación que se volvió crítica después de la pandemia. La FLIP señala que a principios de 2021 el gobierno indicó que las medidas de ayuda dirigidas al sector llegarían pronto, y que, llegado este punto, la supervivencia de muchos medios depende de tales medidas.
Una audiencia, por fin
IFEX/Florian Nicolle
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha programado una audiencia en el caso de la periodista colombiana Jineth Bedoya para el 15 de marzo de 2021. La FLIP ha seguido el caso durante años e IFEX presentará un amicus curiae para apoyar las discusiones sobre el tema de la impunidad y la violencia de género contra las mujeres periodistas. La FLIP y Jineth han publicado un video que describe su lucha de 20 años en busca de justicia.
El 15 de marzo, #NoEsHoraDeCallar – ¡No es el momento de quedarse en silencio! Siga la audiencia y las actividades relacionadas a través de @FLIP_org.
¡Justicia para Berta!
Cinco años después del asesinato de la reconocida defensora hondureña de derechos indígenas y ambientales, Berta Cáceres, el juicio del acusado autor intelectual detrás de su asesinato se programó programado para junio de 2021.
Berta Cáceres fue asesinada en 2016 después de haber pasado años tratando de proteger la tierra de su comunidad, ubicada en el oeste de Honduras, de la construcción de una presa que amenazaba una fuente de agua vital y sagrada para el pueblo indígena Lenca. En 2018 siete hombres fueron condenados por el asesinato. Sin embargo, el tribunal consideró que los ejecutivos de la empresa Agua Zarca, Desa, estaban detrás del crimen, motivados por las pérdidas que estaban sufriendo debido a las demoras derivadas de las protestas y denuncias de la comunidad. El presidente de Desa, David Roberto Castillo Mejía, fue arrestado justo antes de volar a Houston y fue procesado ese mismo año. Castillo Mejía deberá ahora, enfrentar un juicio.
La familia de Berta Cáceres y la organización donde trabajaba, COPINH, están demandando al banco de desarrollo empresarial holandés por financiar la represa de Agua Zarca (junto con una coalición de inversionistas internacionales), incluso después de recibir advertencias de la comunidad local y de la misma Berta Cáceres, de que no se había realizado ninguna consulta previa y que la represa estaba a punto de causar un daño irreversible a la comunidad.
En el aniversario de la muerte de Berta Cáceres, Mary Lawlor, la Relatora Especial de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos escribió sobre el caso y concluyó: “Los asesinatos de defensores de derechos humanos no son inevitables. Muchos están señalados con anticipación y sin embargo, los gobiernos fallan, año tras año, en proporcionar los recursos suficientes para prevenirlos. Además, fallan, año tras año, en hacer que los asesinos rindan cuentas. Los Estados no solo deben poner fin a la impunidad, sino también aplaudir públicamente la contribución vital que hacen los derechos humanos a las sociedades”.
El virus de la censura
IPYS Venezuela ha lanzado su informe anual 2020. Según sus registros, entre enero y diciembre ocurrieron 374 incidentes, sumando 635 violaciones a la libertad de expresión y al acceso a la información pública. 194 de las víctimas eran periodistas.
La violencia, las detenciones arbitrarias y las limitaciones al acceso a la información y los procesos judiciales fueron demasiado frecuentes. Estos son los principales mecanismos de “control y opresión ejecutados por las autoridades y entidades estatales” documentados por IPYS. Estos métodos fueron utilizados para silenciar y debilitar aún más el ejercicio de derechos en el país. IPYS también informó de dos asesinatos y un intento de asesinato en 2020.
Durante el cierre convocado en respuesta a la pandemia aumentó el número de arrestos arbitrarios, algunos seguidos de procedimientos legales cuestionables. Estas detenciones arbitrarias fueron realizadas por la policía, el ejército y el servicio de inteligencia.
Finalmente, el informe describe la precariedad en la que los trabajadores de prensa desarrollan su labor, en medio de la falta de acceso a servicios básicos como luz, agua, gas, y diversas perturbaciones en las redes de telecomunicaciones.
¿El derecho a la información? La vacunación en las sombras
El ministro de Salud de Ecuador, Juan Carlos Zevallos, anunció que las vacunaciones en el país se realizarán de forma confidencial. El Ministerio también prohibió el acceso de la prensa a los sitios de vacunación para cubrir la distribución de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Además, un protocolo emitido por el Ministerio sobre la segunda fase de vacunación dice que las conferencias de prensa y declaraciones a los medios de comunicación por parte del personal de salud no están autorizadas.
El miembro de IFEX en Ecuador, Fundamedios, informó que Zevallos ya enfrenta juicios en su contra por irregularidades y falta de transparencia en las vacunas; el 12 de febrero, la Defensoría Pública anunció su acusación por tráfico de influencias.
Grupos locales, entre ellos Fundamedios, piden que se respete el derecho de acceso a la información pública en Ecuador.
Publicitar información falsa
El 23 de febrero, un grupo de médicos que defendían un supuesto “tratamiento precoz” contra el COVID-19 publicó un comunicado pago (un anuncio) en ocho periódicos de Brasil, incluidos dos de los más importantes, con información falsa sobre medicamentos que los científicos han clasificado como ineficaces contra la enfermedad. El documento, firmado por Médicos pela Vida, provocó un gran debate entre la prensa y los grupos de libertad de medios del país.
Los críticos afirmaron que la publicación del anuncio traspasó los límites del comportamiento ético, en un momento en que Brasil alcanzaba las 250.000 muertes por el coronavirus, y en un contexto de desinformación que ha ganado un tremendo alcance a través de las redes sociales.
ABRAJI, miembro brasileño de IFEX, recopiló una serie de análisis interesantes de expertos y profesionales en relación con el caso que se puede encontrar aquí.
Justicia abierta
El 3 de febrero de 2021, la Corte Suprema de México dictaminó que todos los jueces y magistrados del país, tanto a nivel federal como local, están obligados a hacer públicas todas y cada una de las sentencias que dicten.
La decisión es el resultado de un amparo presentado por la coalición #LoJustoEsQueSepas, formada por ocho organizaciones, incluyendo al miembro de IFEX, ARTICULO 19 México y Centroamérica.
El amparo se interpuso luego de que el grupo advirtiera frases que generaban gran preocupación en materia de derechos humanos y discriminación por causa de género. Una de estas frases, en un caso de violencia contra una mujer, dice: “Se merece la violencia porque parece un hombre”. Otra afirma que “Como es una persona que no sabe qué es normal y qué no, no podemos decir que se tratara de una violación”, en un caso relativo a un doble atentado contra una mujer indígena con discapacidad. En un caso de violación en el que la víctima logró herir a su agresor, un juez de la Ciudad de México dictaminó que hubo “exceso de legítima defensa”.
El amparo otorgado por la Sala Primera de la Corte Suprema también obliga a todos los jueces y magistrados de la provincia de Zacatecas a poner a disposición todas las sentencias dictadas en los últimos años.
Otro amparo, esta vez sobre la neutralidad de la red
Los miembros de IFEX, R3D y Observacom, presentaron un amparo contra el Instituto Federal de Telecomunicaciones de México (IFT) por no emitir directrices sobre la protección de la neutralidad de la red.
La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LTFR) de México establece que el IFT debe producir lineamientos para la protección de la neutralidad de la red en México, en cumplimiento de los principios de libre elección, no discriminación, privacidad y transparencia. Sin embargo, seis años después de la entrada en vigor de la ley, el IFT no ha publicado tales directrices.
R3D y Observacom argumentan que la neutralidad de la red y las pautas son necesarias para garantizar que los proveedores de acceso a Internet no se involucren en prácticas que violen los derechos de los usuarios y estén en contra de la competencia, la innovación y la pluralidad que permite una Internet abierta.
Si bien IFT argumentó que la emisión de las directrices quedaba a su discreción, el juez dictaminó que estaba obligado a cumplirla.
Un punto de inflexión para la libertad de expresión en Internet
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un llamado a un diálogo de múltiples partes interesadas para generar recomendaciones sobre cómo (i) mejorar las condiciones para el debate democrático en línea, (ii) fortalecer los esfuerzos de alfabetización digital en la región y (iii) ayudar a que la moderación de contenidos sea compatible con los estándares de derechos humanos.
Según la CIDH, “el hemisferio se encuentra en un punto de inflexión caracterizado por la erosión generalizada del debate público, donde los Estados democráticos enfrentan el potencial derrame de la violencia en línea hacia espacios físicos con cierta capacidad de daño; los intentos de controlar el discurso público mediante mala información y desinformación; y los dilemas de compatibilidad entre los procesos, decisiones y modelos de negocio de las empresas privadas y los estándares democráticos y de derechos humanos”.
Posteriormente, la CIDH anunció un llamado a participar en una audiencia sobre moderación de contenidos, a realizarse durante su próximo período de sesiones. El proceso será liderado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE).
En breve
PEN América obtiene una importante victoria
El 18 de febrero de 2021, PEN América celebró un acuerdo de conciliación en una demanda histórica de la primera enmienda: la organización había desafiado al gobierno de los EE. UU. en nombre de sus miembros periodistas que fueron amenazados y contra quienes el expresidente Donald Trump tomó represalias. Según PEN, el caso sienta un precedente importante que protege a los reporteros de las represalias de un presidente en funciones.
Municipalidades que le dicen no a la vigilancia
EFF ha informado que los funcionarios de Baltimore y St. Louis han votado en contra del mantenimiento en sus ciudades de un sistema de vigilancia aérea empleado en seguridad pública, que originalmente había sido diseñado para proteger a los soldados en el campo de batalla. En el caso de St. Louis, la decisión aún no es definitiva. Sin embargo, ambas ciudades pueden verse obligadas a seguir un fallo judicial en relación con el uso de dicho sistema. Un grupo de organizaciones, incluida la EFF, presentó un amicus curiae en una demanda federal de derechos civiles que impugnaba el programa de vigilancia aérea de Baltimore. Su expectativa es que el Poder Judicial pueda cerrar el programa pronto y para siempre, por violar la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Hablar con la verdad al poder
Periodistas canadienses por la libertad de expresión (CJFE), en asociación con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), organizaron una conversación con los periodistas estadounidenses y canadienses más importantes y los invitaron a recordar la «guerra contra los medios» de la era Trump y a evaluar sus efectos duraderos. La discusión fue facilitada por la periodista Adrienne Arsenault y está disponible aquí.
Libertad de prensa y acceso a la información en Guatemala
Human Rights Watch y el CPJ afirmaron que el gobierno de Guatemala no ha proporcionado los recursos necesarios a investigadores y fiscales para fortalecer la protección de los periodistas e investigar ataques a la prensa. Afirmaron además que la retórica anti-prensa de los funcionarios del gobierno ha aumentado durante la pandemia. También sostuvieron que los funcionarios han restringido repetidamente la cobertura de los eventos del gobierno y no han brindado, ni a la prensa ni al público, información oportuna sobre las medidas sanitarias y los casos de COVID-19. Las organizaciones instan a las autoridades guatemaltecas a abordar urgentemente la situación.
La Fundación Violeta Chamorro se ve obligada a cerrar sus puertas
A principios de febrero, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro anunció que cesaría sus operaciones en Nicaragua. La ONG afirmó que una nueva ley aprobada por el gobierno les ha dificultado continuar. La ley busca ejercer control sobre los grupos que reciben apoyo financiero del exterior. Según la SIP, “Este nuevo golpe contra la libertad de expresión deja a Nicaragua sin una de sus voces más poderosas a favor del periodismo libre y la libertad de expresión”.
Matan a los periodistas Alvarez Destiné y Méus Jeanril en Haití
Los dos periodistas murieron cuando la policía y las fuerzas armadas dispersaron las protestas en Puerto Príncipe a principios de febrero. Destiné y Jeanril cubrían las protestas que pedían la dimisión del presidente Jovenel Moïse. El CPJ le pide a las autoridades que investiguen a fondo los disparos, identifiquen a los responsables y los hagan rendir cuentas.
