Cuanto más grande el conglomerado de medios, más plata reciben en el país centroamericano, reveló un informe.
Este artículo fue publicado originalmente en observacom.org el 5 de febrero de 2018.
Los grupos de medios más concentrados de Costa Rica son los que más pauta oficial reciben, de acuerdo con el Primer Informe sobre el Estado de la Libertad de Expresión elaborado por el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (PROLEDI) y el Centro de Investigaciones en Comunicación (CICOM), ambos de la Universidad de Costa Rica.
Según el informe, REPRETEL-Albavisión (Ángel González) y Televisora de Costa Rica (TELETICA) son los que más pauta oficial recibieron entre 2015 y 2016. Estos grupos recibieron algo más de US$ 4 millones cada uno.
«La concentración de los medios de comunicación conlleva a una concentración de la pauta oficial, reflejándose en los altos montos pagados a pocos adjudicatarios», destaca el reporte.
El capítulo 5 del reporte, dedicado al análisis de la concentración en el país, demuestra que el 60% de los canales de TV tienen fines de lucro. De dicho porcentaje, el grupo de Ángel González cuenta con más del 20% de los canales comerciales de TV y mientras que TELETICA concentra el 11,6% de los canales comerciales. Además, el estudio explica que si bien en televisión hay más títulos habilitantes de TV locales que nacionales, esto debería relativizarse en la medida en que muchas estaciones se usan solamente como repetidoras.
El informe completo se compone de seis capítulos. Además de las tendencias sobre concentración y publicidad oficial mencionadas, el estudio analiza en el primer capítulo la situación actual del marco jurídico costarricense en materia de libertad de expresión y acceso a la información pública.
El segundo aborda la libertad de expresión en Internet. Allí se señala que, si bien el país no cuenta con una norma legal que reconozca el acceso a Internet como derecho, el 2010 fue un año relevante para el reconocimiento de este derecho fundamental a través de diversas sentencias judiciales. Allí se recogen distintos fallos trascendentes en relación al bloqueo de contenidos y al acceso a la información pública, así como también el derecho a rectificación en redes sociales y protección de datos personales, entre otras cuestiones.
El tercer capítulo aborda el estado de los proyectos de ley que se relacionan con la libertad de expresión y el derecho a la información. La investigación da cuenta de la existencia de 20 proyectos de ley vinculados a estos temas presentados en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la mayoría de iniciativas llevan varios años en trámite y no muestran avances sustanciales en términos del procedimiento legislativo. «De los 20 expedientes ubicados, 14 se encuentran apenas en la etapa de discusión de una Comisión Legislativa, sin que exista un dictamen recomendando al Plenario su aprobación o rechazo», detalla el informe.
Por su parte, el cuarto capítulo presenta las perspectivas del sector social y académico sobre una nueva normativa de radio y televisión, presentando temas para debate como la necesidad de instrumentos de medición del desarrollo de marco normativo, el desempeño de medios, la estructura de control y propiedad, el nivel de pluralismo y diversidad.
