OBSERVACOM brinda un panorama sobre cómo se teje la relación entre medios y gobiernos en el contexto de la emergencia sanitaria.
Este artículo fue publicado originalmente en observacom.org el 16 de abril de 2020.
La crisis sanitaria global generada por la expansión de COVID-19 presenta una serie de desafíos para empresas del sector de las comunicaciones y para los Estados de la región, que deben responder y garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información en el contexto de la pandemia.
Sin embargo, en este escenario de excepción, algunos gobiernos de América Latina han adoptado medidas que favorecen a los intereses de los medios comerciales.
En notas anteriores ya nos hemos referido a las medidas de los gobiernos y acciones de empresas de telecomunicaciones en relación al acceso a las tecnologías de información y comunicación, así como a los problemas sobre la regulación privada de las grandes plataformas de Internet para la moderación de contenidos y a las dificultades que plantea el uso de herramientas de vigilancia para combatir la pandemia.
En este caso, el objetivo es brindar un panorama sobre cómo se teje la relación entre medios y gobiernos en el contexto de emergencia sanitaria, el abordaje propuesto por las relatorías de libertad de expresión y, en qué medida, el accionar de medios y gobiernos garantiza o pone en riesgo el derecho a la información.
El enfoque de derechos humanos
Los Relatores de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, las Américas y Europa instaron a través de su declaración conjunta a los gobiernos a promover y proteger el acceso y la libre circulación de la información durante la pandemia del COVID-19, proporcionando información veraz y en formatos accesibles sobre la naturaleza de la amenaza que supone el coronavirus. Asimismo pidieron que se apliquen las leyes de acceso a la información, especialmente, para que los periodistas puedan cumplir con su función, crucial en un momento de emergencia de salud pública.
En la misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe de recomendaciones para abordar la pandemia desde un enfoque de derechos humanos a través de la adopción de una serie de medidas para gobiernos y empresas en materia de libertad de expresión en Internet (garantizar el acceso y abstenerse de bloquear sitios de medios de comunicación, plataformas o cuentas particulares de Internet), combatir la desinformación, asegurar el acceso a la información pública, garantizar el derecho a la privacidad y el tratamiento de datos personales de pacientes y personas que se realizan exámenes durante la pandemia.
El Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, reconoció que, en este contexto en que crecen las audiencias y hay necesidad de información, los medios están teniendo dificultades para obtener ingresos y alertó sobre el desempleo en el sector.
“Es justo en el momento de mayor audiencia que los medios no están pudiendo recibir ingresos … estamos viendo que en muchos países se está enviando a decenas o centenas de periodistas rumbo al desempleo. Se están reduciendo las plazas, se apuran planes para cerrar las ediciones en papel y, también, hay un tema que preocupa: los medios locales”, dijo Lanza a el periódico La República.
Frente a este escenario, y teniendo en cuenta el rol central de los medios para informar a la población del COVID-19, Lanza planteó la necesidad de establecer “ayudas estatales neutrales”.
“Debería establecerse una ayuda que no sea discriminatoria por línea editorial, porque está la tentación. Puede ser [una ayuda económica]. O una exoneración de impuestos durante un lapso, o un fondo de emergencia. Puede haber varias fórmulas. Otra es el acceso a seguros de desempleo parcial para permitir que los periodistas sigan trabajando desde sus casas a medio tiempo. En fin, se trata de ser creativos, dependiendo de las herramientas disponibles”, propuso.
Escenario regional
Lo cierto es que frente a la pandemia y las necesidades de información confiable, distintos gobiernos de la región han promovido medidas que otorgan beneficios a los medios privados pero no en el sentido que proponían los Relatores, como del derecho a la libertad de expresión o garantía para los trabajadores, sino para proteger su negocio en un contexto de excepción.
En este sentido se identifican al menos tres tipos de prácticas en la región vinculadas a la libertad de expresión y el derecho a la información: la suspensión y despidos en medios de comunicación, las dificultades en el acceso a la información pública y los beneficios directos para las televisoras para paliar sus dificultades económicas.
Suspensión y despidos en medios de comunicación
En Brasil, las empresas de medios fueron beneficiadas con las medidas generales dispuestas para todos los sectores económicos (las Medidas Provisorias 927 y 936), que permiten la suspensión de contratos de trabajo y la reducción de salarios.
Consultado por OBSERVACOM, Jonas Valente, investigador del Laboratorio de Políticas de Comunicación de la Universidad de Brasilia (UnB), señaló que a partir de esas medidas, “el Grupo Estado, que edita el periódico Estado de Sao Paulo y opera sitios de Internet, anunció a sus trabajadores que reducirá sus salarios en un 25%. Por su parte, Record, la segunda mayor red de TV del país, también está haciendo eso”.
A diferencia del caso de Brasil, en otros países las decisiones adoptadas por los medios de comunicación son por acción propia y no se encuentran enmarcadas, o incluso contravienen, disposiciones oficiales.
Por ejemplo, en Argentina, el presidente Alberto Fernández emitió el decreto 329/2020, que prohíbe “las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por el plazo de 60 días”. No obstante, el Sindicado de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) denunció que los dueños de la editorial Publiexpress, que edita distintas revistas de gran tirada, han despedido a algunos de sus trabajadores.
“La empresa alega problemas económicos, sin embargo acaba de ganar una licitación de casi 24 millones de pesos [US$ 300 mil] para imprimir miles de cuadernillos educativos y culturales que el Ministerio de Educación encargó en el marco de la problemática por el Covid-19”, señala el comunicado.
En el caso de Uruguay, no hay definiciones oficiales, pero la Asociación de Prensa Uruguaya (APU) reportó más de 200 casos de periodistas despedidos en medios escritos, radiales y televisivos.
También se registraron casos de despidos, suspensiones y recortes salariales en Paraguay, Panamá, El Salvador y Chile, de acuerdo con el último relevamiento de la Federación Internacional de Periodistas.
Acceso a la información pública y desinformación sobre COVID-19
Otra de las situaciones que ha generado especial preocupación por parte de la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH tiene que ver con las carencias o la falta de información oficial sobre la pandemia, así como aquellos proyectos o medidas regulatorias que establecen sanciones penales por desinformar en este contexto.
Respecto de lo primero, falta de información oficial, en Uruguay suenan alertas ante los vacíos en la información que proporciona el gobierno sobre el COVID 19. El gobierno de Lacalle Pou no ofrece datos discriminados por edad y sexo, ni comunica casos sospechosos, de acuerdo con La Diaria.
En el caso de Guatemala, el Relator de la CIDH manifestó preocupación a través de su cuenta de Twitter, por la información parcial que brinda el gobierno sobre la pandemia. Al respecto, la Procuraduría de los Derechos Humanos emitió un comunicado en el que recomienda que periodistas y medios puedan acceder a información para ejercer su función oportunamente, así como para que cuenten con libre acceso a las fuentes y datos sobre los casos.
En Bolivia y Paraguay, tanto la Relatoría como organizaciones de sociedad civil alertaron sobre los riesgos de penalizar a las personas por la desinformación.
Respecto de Bolivia, mediante el Decreto Supremo 4200 se establece en el artículo 13.II que las “personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”.
Al respecto, la Relatoría de Libertad de Expresión hizo un llamado al gobierno interino de Bolivia para dejar sin efecto la normativa, que considera que establece una “figura amplia y vaga que amenaza la crítica de políticas o información periodística … no cumple con el principio de legalidad y no se ajusta al interés imperioso de proteger la salud”. Además, la Relatoría señala que “es desproporcionado uso del derecho penal para criminalizar expresiones de interés público”.
En el caso de Paraguay, en el Congreso comenzó a tramitarse un proyecto de Ley que establecía sanciones a quienes difundan «informaciones falsas» durante la pandemia de COVID-19, lo cual motivó un pedido de la organización TEDIC al Congreso para que lo rechace por considerar que pone en riesgo la libertad de expresión. La iniciativa fue retirada, finalmente.
Beneficios a las televisoras comerciales
El contexto de pandemia también propició el escenario para que las televisoras privadas obtengan una serie de beneficios otorgados por el gobierno.
En Brasil, una medida específica para la industria televisiva que adoptó el gobierno de Jair Bolsonaro fue habilitar a los grupos mediáticos a hacer multiprogramación en TV digital, mediante el decreto presidencial 10.312 del 4 de abril de 2020.
“La multiprogramación estaba prohibida en el país … fue permitida bajo la justificación que servirá para la transmisión de clases para los alumnos que están en sus casas. Pero no sabemos si eso será realmente utilizado por las emisoras ya que Globo siempre se opuso a la multiprogramación, solo Band y Record, apoyaban eso”, explicó a OBSERVACOM el investigador Jonas Valente.
En Perú, medios y gobiernos han emprendido una serie de negociaciones. Las televisoras intentaron, aún sin éxito, vender programas educativos al gobierno y le pidieron que los auxilie para conseguir pauta, incluso demandando el pago por las campañas de bien público. Mientras, expertos exigen que se aplique la Ley de Radio y Televisión para que obligar a los canales a pasar dos horas de contenidos educativos.
En México, Andrés Manuel López Obrador anunció que devolverá a los concesionarios de radio y TV los minutos de uso gratuito que por ley éstos deben otorgar al Estado, para que puedan comercializarlos. La medida generó el rechazo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Comunicación (AMEDI), que consideró que es una amenaza al derecho a la información y un intento de los empresarios del sector para anteponer criterios de rentabilidad al interés público en un momento en el que el Estado precisa su máxima capacidad para comunicar mensajes de salud pública.
Por último, vale mencionar el caso de Colombia donde el presidente Iván Duque decidió por medio del decreto 516 de 2020 reducir el porcentaje asignado a producciones nacionales en TV abierta al 20% como respuesta a la crisis sanitaria por la expansión de COVID-19, lo que generó descontento en la Asociación Colombiana de Actores (ACA) y de la Asociación Colombiana de Trabajadores de la Industria Audiovisual (ACTV), que consideraron que la medida desincentiva la producción nacional.
Frente a todo este panorama, la pandemia aparece como el escenario en el que la relación entre medios y gobiernos responde más a intereses comerciales y/o políticos, en detrimento de satisfacer las necesidades de interés público que el escenario de excepcionalidad demanda.
