Ante la asfixia que se vive en Nicaragua, resulta imperante visibilizar, acuerpar y apoyar al periodismo independiente que, pese a los embates autoritarios, hoy sigue de pie.
Este artículo fue publicado originalmente en animalpolitico.com el 1 de marzo de 2025. Por: Artículo 19
2018 marcó el inicio de una escalada de horror para el periodismo independiente y el activismo en Nicaragua, después de que, de manera legítima, la población saliera a las calles a expresar su descontento con el régimen Ortega-Murillo. La represión desplegada, a partir del uso desproporcionado de la fuerza, en contra de las voces críticas, sumado a la ejecución extrajudicial del periodista Ángel Eduardo Gahona López ocurrida el 21 de abril de 2018, marcó un antes y un después para el periodismo en el territorio. Hoy, ejercer la libertad de expresión en ese país es sinónimo de desaparición, persecución y destierro.
Es así que de cara al Día nacional del periodista en Nicaragua, celebrado el 1 de marzo, resulta necesario advertir sobre este contexto, considerando que las detenciones arbitrarias, el despojo de la nacionalidad, el exilio forzoso, la confiscación de bienes, la desaparición forzada y la criminalización forman parte del cotidiano nicaragüense. Basta recordar la sentencia de 8 años en contra del periodista independiente Víctor Ticay por dar cobertura y transmitir en redes sociales una celebración católica el 5 de abril de 2023, sumado a su reciente destierro. O la desaparición forzada de la periodista Fabiola Tercero, ocurrida el 12 de julio de 2024, cuyo paradero sigue sin conocerse. O las detenciones arbitrarias del periodista Elsbeth D’Anda y del adulto mayor Leo Catalino Cárcamo, éste último periodista en retiro.
De acuerdo con información de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), desde 2018, alrededor de 283 personas periodistas han sido forzadas al exilio por el miedo a ser perseguidas ellas y sus propias familias, pues la represión se extiende a sus redes. El miedo a informar se ha apoderado de algunos espacios del país, a tal grado de que al menos 10 departamentos están silenciados. Esto quiere decir que son sitios en donde ya no se practica el periodismo, pues ante la desprotección, el camino inmediato es la autocensura.
A estos datos se suma la alarmante cifra de organizaciones perseguidas. Al 10 de febrero del año en curso, la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia, contabiliza cerca de 5,500 medios de comunicación y organizaciones que forzadas a cerrar, dentro de las que se encuentran, organizaciones nacionales, internacionales, asociaciones religiosas, de mujeres, vecinales, culturales, médicas, entre otras.
De tal manera que, el patrón es similar al de otros territorios. Tal como ha sucedido en otros países del Sur Global, fuera del espacio latinoamericano, como Egipto, Turquía, Filipinas y Kenia, la estrategia es la imposición de barreras legales que impiden o limitan la operación de las organizaciones o medios, así como el uso desproporcionado del derecho penal y de las fuerzas armadas para castigar el disenso o cualquier conato de cuestionamiento al statu quo de violencias en dichos países.
Ejemplo de ello es lo ocurrido el 22 de noviembre de 2024 cuando la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó, casi de inmediato, la reforma a la Constitución Política de Nicaragua que formaliza lo que desde hace poco más de 27 años ya sucedía: la concentración del poder en Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, trastocando drásticamente el principio de separación de poderes.
Los riesgos de reducir los espacios cívicos son inminentes para el ejercicio democrático de las sociedades, al limitar la participación de las personas en los asuntos públicos y facilitar con ello la concentración de poder en un grupo de personas que no necesariamente representa a la población y mucho menos toma en cuenta las necesidades particulares de los distintos grupos poblacionales. El peligro de impedir el libre ejercicio periodístico es alto al momento de hacer efectiva la exigibilidad de nuestros derechos, considerando que a su vez se restringe el derecho de las personas de acceder a la información.
Es por ello que, ante la asfixia que se vive en Nicaragua, resulta imperante visibilizar, acuerpar y apoyar al periodismo independiente que, pese a los embates autoritarios, hoy sigue de pie. Organizaciones y medios como PCIN o la FLED contribuyen desde una mirada crítica y aun desde el exilio, a informar para continuar en la lucha de transitar a una sociedad más justa y abierta. Su trabajo es imprescindible para abrir nuevamente las puertas de Nicaragua a todas aquellas personas a quienes arbitraria e injustamente les fueron cerradas.
*Frida O. Arreola Luna es investigadora en el programa de Centroamérica y el Caribe, para ARTICLE 19 MX-CA.
