Noviembre en Venezuela: más control y censura

En total, Espacio Público ha documentado 21 casos que se tradujeron en 27 violaciones, principalmente actos de intimidación y censura hacia la ciudadanía en general y medios de comunicación.

Este artículo fue publicado originalmente en espaciopublico.ong el 4 de diciembre de 2024.

En noviembre repuntó el número de casos relacionados con violaciones a la libertad de expresión en Venezuela. En total, documentamos 21 casos que se tradujeron en 27 violaciones, principalmente actos de intimidación y censura hacia la ciudadanía en general y medios de comunicación.

10 de las 25 víctimas de violaciones a la libertad de expresión registradas involucraron a la ciudadanía, seguida de cinco medios de comunicación, tres ONG o miembros, tres periodistas, dos particulares, un medio general y una página o plataforma web.

El 40 % de las violaciones a la libertad de expresión en noviembre fueron actos de intimidación (11), seguidas por nueve actos de censura. El total lo completaron tres hostigamientos judiciales, dos restricciones administrativas, una amenaza y una restricción ilegal.

Documentamos siete victimarios: dos funcionarios, dos instituciones del Estado, un cuerpo de seguridad, un desconocido y un miembro del Ejecutivo.

Censura a medios y redes sociales

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron en el estado Zulia (oeste) el 5 de noviembre al creador de contenidos Ángel David Perozo, conocido en internet como “David Lamichi”, a quien acusaron de incitar al odio a través de las redes sociales y de “afectar” la “imagen del gobierno nacional”.¹

La detención de Perozo fue informada por el mismo organismo policial en una nota de prensa, en la que aseguran sin aportar pruebas pruebas que el creador de contenidos  tiene vinculación con líderes de Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO) que operan en Zulia. La PNB también incluyó en el reporte como “evidencia” un video publicado por Perozo el día de las elecciones presidenciales (28 de julio) donde asegura que votó por la oposición e insta a votar por un cambio político.²

Tras la muerte de dos adolescentes por presuntamente cumplir con unos retos virales en la red social TikTok, Nicolás Maduro y voceros de su gobierno mostraron nuevamente sus intenciones de regular y controlar las redes sociales y su uso.

El 19 de noviembre, Maduro ordenó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) “contactar” a los encargados de TikTok para retirar los contenidos virales y retos a los que acusa. Al día siguiente, el diputado oficialista Jorge Rodríguez anunció que el Parlamento prepara una ley para regular las redes sociales.

Mientras que, el 21 de noviembre, representantes de órganos del Estado acudieron a una audiencia pública convocada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras admitir un recurso de amparo sobre el caso de presuntas muertes e intoxicaciones por retos en TikTok.

“No puede una red social utilizar de manera impune la instigación al odio. ) Las redes no son una tierra de nadie donde pueden hacer lo que les da la gana”, dijo a la prensa oficial el fiscal general designado por la ilegal asamblea constituyente, Tarek William Saab.

La Asamblea Nacional de mayoría oficialista aprobó el 28 de noviembre en segunda discusión el proyecto de ley orgánica Libertador Sim ón Bolívar “contra el Bloqueo Imperialista y por la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela”, que contempla hasta 30 años de prisión y 60 años de inhabilitación política, entre otras medidas penales, a quienes soliciten, apoyen y/o difundan información sobre las sanciones al Estado venezolano.³

En el artículo 19 del proyecto de ley se estableció que los medios de comunicación radioeléctricos, impresos, electrónicos o que operen en redes sociales serán castigados con revocatoria de la concesión y multas de hasta un millón de veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor en caso de que los órganos del Estado consideran que difunden mensajes en apoyo a las sanciones internacionales.

Criminalización de periodistas y activistas

En el estado Vargas, la periodista y corresponsal de La Patilla, Ana Guaita, fue pasada a juicio y privada de libertad en una audiencia celebrada el 11 de noviembre, tres meses después de su detención arbitraria en el contexto de las manifestaciones postelectorales.⁴

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) citó a declarar el 20 de noviembre en Caracas al activista y coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo, por una presunta investigación basada en la inconstitucional ley contra el odio.⁵

La citación policial no especificaba el origen ni el fundamento de la alegada investigación del CICPC por un “delito de odio” en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira (oeste). El 30 de octubre, el ministro oficialista Diosdado Cabello atacó a Provea y amenazó con llevar a la justicia a todos aquellos que denunciaron la detención del dirigente opositor Edwin Santos a manos de agentes del Estado y que pidieron una investigación imparcial sobre su muerte, presuntamente en custodia.

Funcionarios de la PNB intimidaron a trabajadores de la prensa que cubrían el 27 de noviembre una vigilia de familiares de presos políticos en el centro de reclusión El Helicoide, en Caracas, lugar señalado por organismos internacionales como centro donde se practican tratos crueles e inhumanos.

Los funcionarios de PNB le pedían a todas las personas presentes que se retiraran o alejaran de las cercanías de El Helicoide, recinto administrado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Los funcionarios le pidieron las credenciales a las y los periodistas presentes y le tomaron fotos a los carnets, uno de los efectivos es de apellido Chacón. “Simplemente, sin pedirlo, agarraban los carnets y les tomaban fotografías”, dijo una periodista que estuvo en el lugar.

Autoridades del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar de Maturín, estado Monagas, ordenaron la prohibición del acceso de periodistas a cualquiera de las instalaciones de este recinto público, así como “suministrar cualquier tipo de información” sobre los servicios que se prestan allí.

La comunicación, firmada el 13 de noviembre por el director del centro de salud, comenzó a ser distribuida el 22 de noviembre entre el personal interno y señala que toda información a los periodistas debe ser autorizada. Periodistas locales afirman que la prohibición ya se aplicaba desde años anteriores, pero ahora es oficial y escrita.

Internet

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) alertó el 12 de noviembre, a través de su WhatsApp institucional, que su cuenta en la red social Instagram (@cevmedios) fue hackeada. De acuerdo con un informe recabado por la Oficina de Prensa de la CEV, la alerta sobre el hackeo la detectaron al recibir un correo electrónico de Instagram sobre un inicio de sesión desde un dispositivo móvil desconocido.

Minutos después del aviso, llegó uno nuevo y en el correo se observa el cambio de imagen de perfil de la cuenta. A las 6:00 a. m., la Oficina de Prensa de la CEV recibió un mensaje a través de su WhatsApp institucional de parte del hacker, quien admitió el robo de la cuenta e intentó extorsionar a la CEV pidiéndole 200 dólares estadounidenses por devolverle el acceso.

Desde mediados de noviembre las y los habitantes del estado Nueva Esparta (noreste) sufren de constantes apagones y cortes de electricidad que les impiden el ejercicio de múltiples derechos humanos, incluyendo el de comunicarse de manera óptima con familiares y amigos, buscar y recibir información.

Periodistas de la región, bajo anonimato por temor a represalias por parte del Estado, afirman que los primeros cortes eléctricos comenzaron el martes 12 de noviembre, un día después de la explosión de la planta Muscar en el estado Monagas (este), que surtía con gas a las plantas termoeléctricas de Nueva Esparta.

El problema también impide la difusión de contenido a través de la radio y televisión, limitando el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y a la información. Además, la falta de acceso a internet por no contar con electricidad también es un factor limitante, al que se suman las caídas prolongadas de las redes de telefonía, impidiendo así el envío de mensajes de texto y hacer llamadas. Tras la explosión en la planta Muscar, el Observatorio de Internet VE sin Filtro detectó al menos cuatro caídas de conectividad.

Al menos 16 estados del país registraron caídas de conectividad el 18 de noviembre a raíz de un bajón eléctrico, afectando principalmente a la región occidental. A raíz de los cortes eléctricos por la explosión de la planta Muscar, en Nueva Esparta la conexión a internet cayó a 56 % de sus valores normales.⁶

Como consecuencia del bajón eléctrico del 18 de noviembre, la conectividad se redujo a 60 % en Falcón (noroeste), 68 % en Cojedes (centro), 80 % en Carabobo (centronorte) y 75 % en Yaracuy (noroeste).