Se han elevado más de 20 peticiones ante la Suprema Corte de Filipinas para poner en duda la constitucionalidad de una nueva ley antiterrorismo que entró en vigor el 15 de julio, informa el Center for Media Freedom and Responsibility (Centro por la Libertad y Responsabilidad de los Medios, CMFR). La Ley de Seguridad Humana, […]
Se han elevado más de 20 peticiones ante la Suprema Corte de Filipinas para poner en duda la constitucionalidad de una nueva ley antiterrorismo que entró en vigor el 15 de julio, informa el Center for Media Freedom and Responsibility (Centro por la Libertad y Responsabilidad de los Medios, CMFR).
La Ley de Seguridad Humana, aprobada por el Congreso filipino en Febrero y firmada por la presidenta Gloria Macapagal-Arroyo en marzo, incluye disposiciones para intervenir los teléfonos de los sospechosos y detener hasta tres días sin carga. Según Human Rights Watch, la definición excesivamente amplia de terrorismo – actos que «crean temor y pánico amplios y extraordinarios entre la población» – podría permitir al Gobierno «transformar delitos menos graves, como el vandalismo, o actos de protesta legítimos, en crímenes punibles con una sentencia obligatoria de 40 años».
A pesar de las garantías gubernamentales de que la ley no se usará contra opositores políticos ni disidentes, el Sindicato Nacional de Periodistas de las Filipinas (NUJP) dice que aún no es claro si los periodistas se considerarán cómplices del terrorismo si entrevistan a sospechosos de terrorismo o informan de sus declaraciones. El Gobierno aún no ha emitido reglas acerca de cómo se debería usar la ley.
«Nos preocupa que las medidas amplias y definidas vagamente que contiene esta ley se podrían emplear para acosar periodistas, especialmente los que cubren el crimen violento, terrorismo y conflicto en las Filipinas», dice el Committee to Protect Journalists (Comité por la Protección de los Periodistas, CPJ). «Si el Gobierno no puede dar una garantía incondicional de que esta ley no se usará para inhibir la labor de la prensa, entonces se debería revocar».
La Suprema Corte ordenó a la presidenta Macapagal-Arroyo hacer comentarios a las peticiones, que fueron presentadas por diversas organizaciones y personas, informa el CMFR. El relator especial de las Naciones Unidas para derechos humanos y contraterrorismo también pidió que la ley se enmendara o revocara porque gran parte de ella no satisface las normas internacionales de derechos humanos.
Según la FIP, la presidenta Macapagal-Arroyo, una abierta partidaria de la guerra contra el terrorismo encabezada por Estados Unidos, insiste en que la ley es necesaria para combatir a los militantes vinculados con al-Qaeda que ya han hecho explotar autobuses de pasajeros, torres de telecomunicaciones y líneas de distribución eléctrica en el país. «Es un arma que se usará contra terroristas y no contra manifestantes», dijo.
Visite estos vínculos:
– CMFR: http://ifex.org/en/content/view/full/85068/
– CPJ: http://www.cpj.org/news/2007/asia/phil18july07na.html
– Human Rights Watch: http://tinyurl.com/2mhh93
– FIP: http://www.ifj.org/default.asp?Index=5155&Language=EN
(31 de julio de 2007)
