La Fundación Karisma alerta sobre los riesgos para la privacidad, la libertad de expresión, el derecho a la reunión y la libre asociación y la ausencia de un marco jurídico garante.
Este artículo fue publicado originalmente en web.karisma.org el 26 de julio de 2021.
En comunicado de prensa del día de hoy, la Policía Nacional admite que la DIPOL (Dirección de Inteligencia Policial de Colombia) contrató un multimillonario sistema para perfilar y rastrear personas en Internet, desde Fundación Karisma alertamos sobre los riesgos para la privacidad, la libertad de expresión, el derecho a la reunión y la libre asociación y la ausencia de un marco jurídico garante.
En primer lugar, Karisma reconoce la importancia de que contemos con una fuerza pública con funciones de inteligencia y con las capacidades suficientes para protegernos, sin embargo, advertimos que la inteligencia de fuentes abiertas, es decir, como una herramienta para el perfilamiento por la fuerza pública, no puede considerarse como algo inane, como parece abordarlo la Policía.
Esta es una herramienta de vigilancia de comunicaciones poderosa que permite individualizar, localizar, conectar y ejecutar un largo etcétera de análisis para relacionar a las personas con sus actividades, redes y acciones en general.
Manifestamos nuestra preocupación porque esta capacidad en manos de las autoridades en Colombia no tiene un marco jurídico claro, no cuenta con controles y mucho menos se han consagrado acciones en manos de la ciudadanía para reclamar y exigir la protección de los derechos que puedan ser violentados.
En segundo lugar, la situación se repite sin garantías. El año pasado la DIPOL abrió un proceso de contratación similar que terminó en un alboroto que recordaba la larga lista de escándalos de vigilancia de las comunicaciones en contra de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes sociales, activistas o estudiantes. En esa oportunidad el proceso de contratación se declaró desierto. Desde Fundación Karisma y Temblores hicimos un análisis de los términos de referencia y revisamos diferentes aristas del proceso en 2020.
Por otro lado, Mollitiam, empresa parte del consorcio contratista de la DIPOL en el nuevo contrato, es la misma empresa del escándalo de las carpetas secretas del ejército hace dos años. En ese caso se demostró que el perfilamiento de personas por la fuerza pública no era algo menor, con el agravante de que la investigación sobre lo sucedido no avanza, así lo han dicho varias organizaciones de sociedad civil vinculadas con este tema.
Finalmente, la noticia de este nuevo contrato hace recordar también un aspecto poco conocido e investigado por la sociedad civil sobre el “ciberpatrullaje” que tiene que ver con los perfilamientos desplegados durante el paro nacional contra quienes participaban a favor de él a través de internet, especialmente a través de las redes sociales. El ciberpatrullaje que se usó sesgadamente contra quienes apoyaban el paro o para criticar y mostrar abusos de la fuerza pública ahora contará con más capacidades.
Por eso desde Karisma reafirmamos que nos preocupa el alcance de estas herramientas, nos preguntamos sobre el resultado de la investigación abierta por la Procuraduría en 2020. Lamentamos que, a pesar del escándalo de 2020, la Policía no hubiera abierto a la participación ciudadana el diseño de la política para seguir usando estas soluciones. Consideramos que es urgente debatir y reformar el marco jurídico actual para actualizarlo a la era de internet, creemos que es necesario mejorar los controles a la acción policial en este campo -tanto judiciales como administrativos- y buscar que las personas cuenten con acciones directas para reclamar sus derechos.
Las facultades de la Policía para proteger la seguridad ciudadana y combatir delitos como “la pornografía infantil, la trata de personas, suplantación y estafas a través de redes sociales y ambientes virtuales, narcotráfico, microtráfico, tráfico de armas y concierto para delinquir” de los que habla el comunicado de la Policía Nacional, son un fin loable, pero no pueden servir de puerta abierta para perseguir la indignación, el reclamo democrático, la crítica, la disidencia política, y el largo etcétera de expresiones legitimas que son protegidas en una democracia.
