El Comité por la Libre Expresión condena enérgicamente las últimas agresiones contra periodistas, comunicadores comunitarios y medios de comunicación, incluyendo el asesinato de cinco trabajadores de la comunicación entre abril y julio.
El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), ante las últimas agresiones contra periodistas, comunicadores comunitarios y medios de comunicación se pronuncia de la manera siguiente:
1. Condenamos enérgicamente el asesinato de cinco trabajadores de la comunicación en el transcurso de cuatro meses (abril- julio).
• El 11 de abril en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro fue asesinado Carlos Hilario Mejía Orellana, responsable de mercadeo y ventas de Radio Progreso y miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC, de la Compañía de Jesús.
• El 28 de mayo en el municipio de San Juan de Opoa departamento de Copán, fue asesinado el comunicador comunitario Hernán Cruz Barnica, que conducía el programa radial «Otro Nivel» en la Radio Opoa, la Luz de la Esperanza en Copán. Barnica también fue el fundador del movimiento «Los Chuñas de Opoa».
• El 1 de junio en la comunidad de Palestina, municipio de Patuca, departamento de Olancho fue asesinado Oscar Anthony Torres de 24 años de edad , quien laboraba como locutor en Patuca Stereo (103.3 FM) y en La Doble M Stereo (97.1 FM).
• El 23 de junio en el municipio de Catacamas departamento de Olancho fue asesinado Luis Alonso Fúnez Duarte de 47 años, comunicador social que laboraba para la emisora «Súper 10» ubicada en la frecuencia 980 AM.
• El 20 de julio en el municipio de Santa Rita, departamento de Yoro fue asesinado Herlyn Iván Espinal de 32 años de edad, coordinador de noticias del noticiero Hoy Mismo de la Corporación Televicentro en la ciudad de San Pedro Sula.
2. Condenamos todo acto de agresión contra periodistas y comunicadores sociales, particularmente los últimos secuestros exprés, registrados en las principales ciudades de Honduras, en una aparente situación ligada a la delincuencia común y que ponen en riesgo la vida de los comunicadores.
3. Condenamos las acciones judiciales emprendidas por el Juzgado Primero de Letras de lo Penal del departamento de Intibucá en el occidente de Honduras, contra la comunicadora social comunitaria e indígena, Albertina Manueles Pérez, corresponsal de Radio Progreso y acusada injustamente por el delito de sedición en contra de la seguridad interior del Estado. Esta es una acción de hostigamiento e intimidación contra una corresponsal que difundió un comunicado en el que los pobladores de San Francisco de Opalaca (conformada en su mayoría por indígenas Lencas) se niegan a reconocer a José Socorro Sánchez del Partido Nacional, como alcalde electo de esa comunidad.
4. Rechazamos las acciones de obstrucción informativa provocados por agentes del Estado, tales como los sucedidos en el Hospital Mario Catarino Rivas, el aeropuerto internacional «Ramón Villeda Morales» y la mina de San Juan Arriba. En ese sentido exhortamos al presidente de la Republica Juan Orlando Hernández, demás funcionarios públicos, a militares y policías, a ser garantes de la libertad de expresión y no agentes hostiles contra la prensa que ejerce un derecho consagrado en la Constitución de la República.
5. El Comité por la Libre Expresión, C-Libre, insta a los periodistas y comunicadores comunitarios a tomar las medidas preventivas personales y necesarias para frenar las amenazas contra la libertad de prensa y denunciar estas violaciones, que de no hacerlo pueden conllevar a censuras extremas, como la muerte.
Es fundamental que los periodistas y comunicadores sociales que se desplazan a altas horas de la noche con horarios y rutinas definidas presten especial atención ante los posibles riesgos y se les anima a buscar rutas alternas para evitar ser víctimas de cualquier agresión.
6. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, señala que: «el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada».
7. A ese fin, solicitamos a las autoridades correspondientes una investigación responsable y rigurosa, que identifique, en el menor tiempo posible, a los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes, con el propósito de hacer justicia y evitar también los juicios de valor y las especulaciones sobre las posibles causas de los asesinatos, todo por el respeto a los familiares de las víctimas y de los periodistas y comunicadores sociales.
8. Pedimos a las autoridades se ejecuten todas las medidas necesarias tendientes al más pronto esclarecimiento de las otras agresiones contra periodistas y comunicadores comunitarios y se proceda a otorgar las medidas de seguridad para aquellos/as que urgen de las mismas.
