Los organismos de inteligencia del Estado de Venezuela, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan, orquestado desde los niveles más altos del gobierno, para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad, según un informe de la ONU.
Este artículo fue publicado originalmente en espaciopublico.ong el 22 de septiembre de 2022.
Los organismos de inteligencia del Estado de Venezuela, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan, orquestado desde los niveles más altos del gobierno, para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad, según un informe de la ONU publicado el 20 de septiembre.
La Misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV), detalla las funciones y los aportes de varias personas en diferentes niveles de las cadenas de mando e insta a las autoridades a que investiguen sus responsabilidades y las juzguen en consecuencia.
La información recabada por la Misión, tanto de las investigaciones actuales como de las anteriores, sustenta que el Presidente, asistido por otros funcionarios de alto nivel del Estado, puso en marcha una política o plan con medidas dirigidas a silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno, percibidas como tales y sus familiares o amigos. Estas medidas incluían la comisión de violaciones y delitos a través de personas que prestaban servicios en Boleíta, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y en El Helicoide (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin).
Los casos analizados incluyen algunos relacionados con el derecho a la Libertad de Expresión, en los que el Estado violó este y otros derechos humanos de Javier Tarazona, Luis Carlos Díaz, Carlos Julio Varón y Ricardo Prieto (bomberos de Mérida), la clarinetista Karen Palacios, miembros de las organizaciones Azul Positivo y Control Ciudadano.
El tercer informe de la MIIV se centra en dos temas: crímenes de lesa humanidad cometidos a través de los servicios de inteligencia del Estado (estructuras y personas involucradas en la implementación de un plan para reprimir la oposición al gobierno), y la situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado de Bolívar.
Aunque la Misión decidió focalizar sus investigaciones para este informe en estos sitios específicos, reconoce que las violaciones y delitos también han sido perpetrados por integrantes de estas agencias en otros lugares, incluyendo en la sede del Sebin en Plaza Venezuela y múltiples oficinas regionales, tanto del Sebin como de la Dgcim, así como en sitios clandestinos, según quedó documentado en informes anteriores de la Misión.
La Misión concluyó que “existen motivos razonables para creer que algunas de las personas a las que se refiere el presente informe pueden ser responsables por la comisión de delitos y violaciones, y, por tanto, deben ser investigadas”.
Transcurridos tres años de mandato de la MIIV, el gobierno venezolano aún no ha permitido que sus miembros visiten el país ni ha respondido a ninguna de las diez cartas que la Misión envió entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022.
Vigilancia extrema y manipulación de conversaciones
La Misión menciona estructuras de poder que vulneran derechos humanos, identificadas a partir de entrevistas con exfuncionarios. En el caso de la Dgcim, menciona a la Dirección de Comunicaciones, que “se encarga de la vigilancia, entre otras modalidades, mediante la interceptación de las comunicaciones, incluidos los correos electrónicos y los sistemas de mensajería instantánea, incluso sin orden judicial”.
La oficina, además, contaría con subdepartamentos a cargo de la vigilancia digital y telefónica desde la sede en Boleíta y desde lugares externos. Las herramientas incluyen sistemas especializados como el italiano “Genesis” y anteriormente el sistema israelí “Cellebrite UFED”, criticado mundialmente por sus métodos ilegales de vigilancia. El informe de la MIIV señaló que las órdenes para las operaciones de vigilancia de la Dirección de Comunicaciones de la Dgcim “eran emitidas por el Director General o el Director Adjunto de la Dgcim, o los Directores de Comunicaciones, de la DAE o de la Deipc, y casi nunca se basaban en órdenes judiciales”.
Para poder realizar investigaciones, es necesario identificar a las personas responsables de violaciones de derechos humanos, determinando la cadena de mando y el conocimiento de lo que hacen las personas subalternas. En este sentido el informe de la MIIV explica que en ciertos casos “las órdenes procedían de un grupo de actores políticos de alto nivel que solicitaban la detención de personas concretas en función de sus diferentes intereses, ya sean políticos, económicos, penales o incluso personales (… ) Entre ese grupo de actores políticos se encuentran el presidente Nicolás Maduro, la primera dama Cilia Flores, Diosdado Cabello y Tareck Zaidan El Aissami Maddah”.
El exdirector del Sebin, Cristopher Figuera, declaró a la Misión que durante su mandato mantuvo una comunicación constante con la Vicepresidencia «prácticamente todos los días». Esta comunicación incluía informes sobre escuchas telefónicas y vigilancia de políticos, entre otros. Sin embargo, aclaró que el papel de Delcy Rodríguez, vicepresidenta durante su gestión, era principalmente administrativo y que las órdenes al Sebin venían directamente de Nicolás Maduro, otras versiones corroboraron este hecho a la Misión.
Durante los períodos de mayor actividad, los principales objetivos del Sebin fueron civiles, opositoras y opositores reales o percibidos del Gobierno, críticos con un alto perfil público o personas que alcanzaron prominencia y representaron una amenaza real o percibida para el Gobierno debido a sus opiniones o acciones. Entre ellos se encontraban políticos de la oposición, activistas sociales, líderes estudiantiles y políticos al frente de las protestas y periodistas.
También se persiguió a personas que trabajaban para organizaciones no gubernamentales, incluidas organizaciones de derechos humanos, que se consideraba que recibían financiación extranjera o que denunciaban acciones del gobierno. En algunos casos, los usuarios de los medios de comunicación social fueron percibidos como una amenaza y atacados, a pesar de que algunos de ellos nunca habían expresado una opinión política.
La persecución en Venezuela contra personas que se oponen al poder es sistemática, sean defensores de derechos humanos, periodistas o políticos. Así lo ha determinado la Misión en informes anteriores y, en esta ocasión, agrega que en algunos casos de militares y personas afines detenidos entre 2018 y 2020, el Estado actuó contra ellos porque “aparentemente se perfilaban como líderes, representaban potencialmente una amenaza para el poder, denunciaban irregularidades dentro del ejército o del Gobierno o simplemente eran abiertamente críticos del Gobierno”.
La Misión determinó que la Dgcim también persiguió a políticos de la oposición “infiltrándose en los círculos de la oposición”, como parte de una doctrina que, alrededor del 2013, “se basaba cada vez más en la persecución de la oposición y los disidentes”, según declaraciones de un extrabajador de este cuerpo.
En algunos casos, las personas fueron atacadas simplemente por no estar públicamente alineadas con el régimen, lo que el presidente Maduro supuestamente percibía como una afrenta personal, de manera que se criminalizaba, sin base jurídica, la disidencia y las opiniones contrarias a la línea oficial, lesionando así el ejercicio del derecho a la libre expresión.
Un exempleado de la Dgcim también explicó que “la mayoría de los miembros más destacados de la oposición política estaban bajo vigilancia” y que entre las personas detenidas por criticar de forma pública al Gobierno o a ciertos funcionarios, incluyó a integrantes de la organización no gubernamental Control Ciudadano, que monitorea las actividades de la FANB.
La MIIV reseña en su reciente informe que exempleados de la Dgcim, explicaron que se recopila información sobre personas identificadas como objetivo, esto frecuentemente de forma ilegal, sin orden judicial, iniciando con la recepción de información “a través de una delación, fuentes militares, la red (nacional) de informantes de la Dgcim, la infiltración en sectores de la oposición o la vigilancia telefónica y digital”.
En numerosos casos de persecución judicial por expresión, primero se expone públicamente a las víctimas a través de declaraciones de altos funcionarios de gobierno e incluso en televisión nacional, en el programa Con el Mazo Dando, presentado por Diosdado Cabello en Venezolana de Televisión y pagado con fondos públicos. Un exfuncionario de la Dgcim le expresó a la Misión que se “manipulaba o falsificaba regularmente la información de inteligencia que se había recopilado a través de la vigilancia telefónica o digital”.
El informe explica que los y las funcionarias “editaban las comunicaciones interceptadas para inculpar a los objetivos o beneficiar de otro modo al Gobierno. En un ejemplo, la Dgcim manipuló la conversación telefónica de un funcionario de la FANB para presentarlo falsamente como participante en un complot para liberar a un líder de la oposición encarcelado. El clip manipulado se transmitió por televisión nacional, tras lo cual el funcionario fue arrestado, detenido y torturado”.
La tortura sistematizada: conseguir información y vulnerar la privacidad
Los tratos crueles e inhumanos, tortura, persecución a familiares y vigilancia, son algunos de los métodos denunciados por personas detenidas de manera arbitraria por diferentes cuerpos del Estado. El último informe de la Misión expone que la tortura es utilizada por la Dgcim “para extraer una confesión, obtener información, castigar, intimidar, humillar o coaccionar”.
En efecto, ya en el informe de 2021 de la MIIV identifican 23 casos de víctimas forzadas por funcionarios de Dgcim, a grabar o firmar declaraciones de confesión, con información falsa, bajo tortura y sin presencia de su defensa legal. Estas declaraciones pretendían generar pruebas incriminatorias y/o ser utilizadas como propaganda pública.
Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, fue detenido en julio de 2021 y continúa recluido en El Helicoide del Sebin. La MIIV afirmó que ha sido sometido a torturas, incluyendo psicológica o tortura blanca. El periodista Luis Carlos Díaz relató que fue obligado a subir a una camioneta después de haber sido interceptado por agentes del Sebin cuando regresaba en bicicleta a su casa, fue entregado a funcionarios de la Dgcim y llevado a un centro de detención clandestino, donde fue sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes durante toda la noche, antes de ser llevado a El Helicoide al día siguiente.
La privacidad tampoco se respeta a las personas detenidas por criticar al gobierno. Además de la vigilancia digital mencionada anteriormente, funcionarios y funcionarias de la Dgcim “también maltrataban a las personas detenidas para extraer las contraseñas de sus teléfonos, redes sociales, correos electrónicos o cuentas bancarias, a veces para robarles dinero”. También se les coaccionaba, luego de incomunicarlos o impedir que hablaran con sus abogados, para que revelaran las contraseñas de sus redes sociales y cuentas de correo electrónico.
Destacan el caso del interrogatorio y la tortura a Carlos Marrón: “funcionarios de la Dgcim lo obligaron a revelar las contraseñas de su computadora, teléfono y cuentas bancarias, y durante los días siguientes se retiraron más de 100.000 dólares de varias cuentas, en criptomoneda y en efectivo. El Sr. Marrón escuchó a un funcionario de la Dgcim decir ‘no hemos recibido esta cantidad en mucho tiempo: el 40% irá a Investigaciones y el 60% a Asuntos Especiales’”.
Marrón estuvo detenido con relación a la publicación de información sobre la tasa de cambio no oficial del dólar, al ser el presunto propietario de la página DolarPro.com, de acuerdo con un informe de investigación de la Dgcim en el que también se le acusaba de violar la Ley de Ilícitos Cambiarios, que sería derogada meses después de su detención. Durante años, funcionarios del gobierno han querido responsabilizar a páginas de este tipo por la devaluación del bolívar, el alza del precio de las divisas y de la alta inflación que afecta a la economía.
Incomunicación y declaraciones falsas
Una práctica habitual del Sebin era mantener a la persona detenida incomunicada durante horas, días o semanas. En algunos casos, se trataba de desapariciones forzadas de corta duración. En 84 casos investigados, los funcionarios del Sebin y otras autoridades negaron haber retenido a la persona o dijeron a los familiares y representantes legales que no tenían información sobre la persona detenida. El paradero de las y los detenidos permanecía desconocido durante períodos que oscilaban entre un día y 12 semanas. En un caso investigado por la Misión, los funcionarios del Sebin dijeron a la madre del detenido que buscara a su hijo en la morgue. Posteriormente, la madre fue detenida e interrogada durante ocho horas.
Los agentes del Sebin interrogaron a los detenidos sin abogados y/o se negaron a permitirles contactar con abogados cuando lo solicitaron. Durante los interrogatorios los detenidos solían ser interrogados sobre sus conexiones con políticos de la oposición de alto nivel, su participación en protestas políticas, su recepción de financiación internacional o su participación en supuestas conspiraciones u otros delitos contra el gobierno.
También se obligaba a las personas detenidas a firmar declaraciones bajo coacción o tortura. En octubre de 2020, funcionarios de la PNB detuvieron al periodista Roland Carreño y lo llevaron a un estudio de sonido en El Helicoide, donde lo obligaron, sin la presencia de un abogado, a filmar declaraciones de confesión. Los videos fueron reproducidos durante una rueda de prensa del ex ministro de Comunicaciones y entonces líder del partido PSUV, Jorge Rodríguez.
Un detenido dijo que los agentes del Sebin le exigieron que grabara varios mensajes de audio de WhatsApp en los que decía que había recibido financiación internacional y que tenía conexiones con el político opositor Henrique Capriles. Los agentes del Sebin le dijeron al detenido la información que querían que grabara y lo obligaron a realizar la grabación varias veces. La declaración, una vez aprobada, fue enviada al programa de televisión “Con el Mazo Dando” de Diosdado Cabello, quien la emitió al aire sin autorización judicial ni autoridad legal para ser parte de un proceso penal.
Varias otras víctimas dijeron que agentes del Sebin les exigieron que filmaran o grabaran diferentes versiones de declaraciones, bajo coacción.
Persecución sostenida por expresiones disidentes
El tercer informe de la Misión de Determinación de Hechos en Venezuela evidenció que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y opinión sigue siendo uno de los motivos frecuentes de detención arbitraria por parte de los principales organismos de seguridad del Estado y que las arbitrariedades las realizan bajo la anuencia y complicidad de altas personalidades del gobierno venezolano.
No conforme con esa criminalización y vigilancia extrema de la oposición política y de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y ciudadanos en general que denuncian, critican o exigen al gobierno un cambio de rumbo; agentes oficiales violan los derechos de los y las detenidas a mantenerse en comunicación con sus equipos legales y familiares y les someten a coacción para dar falsos testimonios incriminatorios.
Desde Espacio Público ratificamos y exhortamos a la comunidad internacional a renovar el mandato de la MIIV ante la evidencia existente de que se siguen violando los derechos humanos en el país, se mantiene la persecución por motivos políticos y la criminalización de discursos contrarios o incómodos al gobierno forma parte de una política impulsada y avalada por el Estado.
