Las organizaciones firmantes del presente comunicado expresamos nuestro más profundo rechazo a la denuncia de la Carta de la Organización Estados Americanos (OEA), presentada por el Estado de Nicaragua el 19 de noviembre de 2021.
Condenamos enérgicamente la intención del régimen de Nicaragua de desligarse de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, a través de acciones que alejan cada vez más la posibilidad de encontrar una pronta salida democrática a la grave crisis sociopolítica en la que se encuentra sumergido el país desde el año 2018.
En una carta dirigida al Secretario General de la OEA Sr. Luis Almagro, el Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, expresó que “instruido por el presidente constitucional de la República de Nicaragua, comandante Daniel Ortega y conforme al artículo 67 de la convención sobre los derechos de los tratados, me dirijo a usted para notificarle oficialmente nuestra indeclinable decisión de denunciar la carta de la Organización de los Estados Americanos OEA conforme a su artículo 143 que da inicio al retiro definitivo y denuncia de Nicaragua a esta organización”.
Este pronunciamiento de Nicaragua se da tan solo una semana después de que la Asamblea General de la OEA aprobó con 25 votos una resolución que declara que las votaciones celebradas el 7 de noviembre no fueron libres, justas, ni transparentes y no tienen legitimidad; reitera el llamado a la liberación inmediata de todas las personas presas políticas y solicita al Consejo Permanente de la organización una evaluación colectiva urgente de la situación de Nicaragua con base en la Carta Democrática Interamericana y la Carta de la OEA en un plazo hasta el 30 de noviembre, a fin de “tomar acciones apropiadas”.
Cabe destacar que el Estado de Nicaragua pretende fundamentar esta decisión en supuestas solicitudes de la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral -instituciones que no tienen autonomía ni poder de decisión ya que todas están subordinadas al partido de Gobierno (Frente Sandinista de Liberación Nacional).
Para las organizaciones suscritas, el rápido avance de esta lamentable iniciativa es una prueba más de la concentración de poderes que existe en Nicaragua, que ha sido documentada y denunciada por organizaciones internacionales y, recientemente, en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta concentración de poder en el Ejecutivo ha facilitado la instalación de un Estado Policial de facto en el cual los actos de hostigamiento, las amenazas, detenciones arbitrarias, torturas y otras formas de represión ejercida desde las instituciones de seguridad, tanto estatales como paraestatales, son avaladas por los demás poderes y concertadas con las instituciones de control.
La decisión ha sido tomada ignorando lo dispuesto en la Constitución de Nicaragua que establece en su Artículo 5 que: “Nicaragua se adhiere a los principios que conforman el Derecho Internacional Americano reconocido y ratificado soberanamente”. La decisión representa un retroceso significativo en materia de derechos humanos y eventualmente afectará también otros compromisos que el Estado ha asumido bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana. Adoptar una decisión de esta naturaleza habría ameritado una reforma constitucional en tanto afecta los principios fundamentales sobre los cuales se ha edificado el Estado de Nicaragua, según su propia Constitución.
A futuro, la denuncia de la Carta de la OEA traerá consigo un mayor aislamiento del gobierno de Nicaragua. Una vez que cesen los efectos de la Carta respecto de Nicaragua, transcurridos dos años desde la notificación de su decisión, significará la pérdida de un valioso espacio de cooperación técnica e integración regional para alcanzar el desarrollo integral sobre la base de la democracia, el Estado de Derecho, y la garantía, respeto y promoción de los derechos humanos. Sin embargo, no omitimos recalcar que, a pesar de su denuncia, el Estado no queda exento de cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos emanadas de la Carta que tenga pendientes tal y como prevé el artículo 143 del instrumento. Asimismo, tal y como ha señalado la Corte IDH, también subsistirá para Nicaragua su deber de cumplir con los tratados interamericanos de derechos humanos ratificados, las normas consuetudinarias, las derivadas de los principios generales del derecho y las pertenecientes al ius cogens.
Finalmente, hacemos un llamado urgente a la OEA para que, de conformidad con la Carta Democrática Interamericana, realice con prontitud la evaluación colectiva de la crisis de derechos humanos por la que atraviesa Nicaragua, tal y como ha sido acordado en la Resolución antes citada, y utilice todos los medios a su alcance para restablecer la democracia y el respeto de los derechos humanos en el país centroamericano.
Exhortamos a los países miembros de la Organización de Estados Americanos a aplicar con eficacia y prontitud todos los mecanismos disponibles para coadyuvar el levantamiento del Estado Policial y el restablecimiento del orden constitucional en Nicaragua.
