Los ajustes al Mecanismo de Proteción representan solo una parte de de los cambios que deben generarse dentro del Estado para que este pueda contrarrestar efectivamente el fenómeno de la violencia contra la libertad de expresión en México.
Este artículo fue publicado originalmente en articulo19.org el 25 de marzo de 2019.
En la conferencia de prensa de hoy 25 de marzo de 2019 en Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el clima de violencia y la falta de garantías por la que atraviesan las y los periodistas quienes desempeñan sus labores de manera insegura y con riesgos.
Durante el evento, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, realizó una presentación sobre el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, adscrito a la Secretaría de Gobernación (SEGOB). El Subsecretario manifestó que “las acciones del Mecanismo son reactivas, burocráticas, con pocas medidas de prevención, y no atienden al universo de defensores de derechos humanos y periodistas, sólo a los que reportan situación de riesgo”.
En ese sentido, en relación con el funcionamiento del Mecanismo, su estado actual, sus falencias y necesidades, Encinas añadió que resulta necesario revisar y rediseñar su estructura actual, particularmente su Junta de Gobierno, así como revisar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Asimismo, refirió que es necesario reforzar los mecanismos de coordinación entre la Federación y las entidades federativas, además de evaluar y certificar los instrumentos de análisis de riesgo y el personal que los elabora.
Respecto a la empresa privada RCU con la que se tiene contrato para las medidas de protección, manifestó que la misma reporta deficiencias en su operación, en sus dispositivos tecnológicos y en el personal, por lo que mientras se mantendrá «bajo control y fiscalización ya directo», aclarando que «es una responsabilidad del Estado que no puede delegarse a un particular».
Sobre la judicialización del ejercicio de la libertad de expresión que también se ha presentado contra periodistas, manifestó que «el Mecanismo debe actuar, brindar asesoría y protección a periodistas que hayan sido enfrentados a procesos judiciales y evitar situaciones de esta naturaleza por parte de cualquier autoridad».
Finalmente, expresó que existe una corresponsabilidad de las empresas de medios de comunicación quienes deben involucrarse, señalando el tema de las garantías laborales, y también reconoció que se criminaliza y estigmatiza a las víctimas, señalando supuestos vínculos con grupos delictivos o que lo sucedido fue por cuestiones personales.
Frente a lo anterior, desde ARTICLE 19 consideramos acertado este diagnóstico que retoma varias de las exigencias y propuestas que en los últimos años ha realizado la sociedad civil a partir de las experiencias de las personas víctimas, así como de organizaciones sociales, de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos. El reconocimiento del gobierno a los problemas del mecanismo constituye un paso adelante para disminuir los índices de violencia que enfrentan las y los periodistas.
Sin embargo, se trata también de una respuesta tardía y limitada por parte del gobierno. Tal como también lo expuso Alejandro Encinas, «desde el 1° de diciembre de 2018 hasta la fecha han sido asesinados 6 periodistas y 9 personas defensoras de derechos humanos».
En este sentido, es verdad que el Mecanismo de Protección requiere una revisión profunda como manifiesta el Subsecretario. Sin embargo, los ajustes al Mecanismo representan solo una parte de de los cambios que deben generarse dentro del Estado para que este pueda contrarrestar efectivamente el fenómeno de la violencia contra la libertad de expresión en México.
Desde ARTICLE 19 consideramos que el Estado debe construir una política pública integral que prevenga agresiones, proteja periodistas en riesgo y procure justicia en los crímenes contra la libertad de expresión. En dicha política las competencias de diversas entidades deben entrelazarse de manera acertada y coordinada, evitando que se realicen acciones aisladas -como en la actualidad- que no llevan a la disminución de la violencia.
Al respecto, ARTICLE 19 elaboró unas Pautas para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información que señalan que el compromiso y la participación de diversas instancias como el Gobierno Federal, los gobiernos estatales, Congresos federal y locales y organismos autónomos resulta fundamental. Es solo bajo un esquema coordinado y preventivo que estas entidades podrán emprender acciones que comiencen a generar condiciones que permitan el ejercicio de la libertad de expresión.
Asimismo, ARTICLE 19 reitera su desaprobación a lo manifestado nuevamente por el Presidente López Obrador durante la misma conferencia con relación a los medios de comunicación: «Existe una prensa fifí, no es una invención, existe el partido de los fifí, existe el conservadurismo en México, y creo que nunca ha desaparecido (…) no están de acuerdo con nosotros, son nuestros adversarios, el señalar de que existe un partido conservador, una prensa fifí, pues es decir lo que considero real… si la prensa fifí todos los días, una día sí y el otro también, se dedican a cuestionar y a veces a calumniarnos, todos los días como sistema, porque hay una linea editorial en contra nuestra,» dijo.
Tal y como lo manifestamos en la Carta pública al Presidente López Obrador en enero de 2019, las descalificaciones a la prensa están en contravía de la obligación de los gobernantes de mantener un discurso favorable a la libertad de expresión. El derecho del Presidente de controvertir con los medios no entraña descalificar o estigmatizar a quien tiene un discurso contrario. Las declaraciones del jefe de Estado no deben restringir o inhibir la libertad de expresión, sino complementar y permitir a la ciudadanía hacerse de una idea propia a partir de diversas visiones.
Resulta contradictorio que Gobierno Federal reconozca la situación de violencia contra la prensa, y paralelamente, continúe con una retórica estigmatizante frente a la misma. Esta retórica desincentiva el fortalecimiento del debate público que debe ser plural y robusto, a la vez que ubica en situación de riesgo a las y los periodistas señalados.
Por ello, ARTICLE 19 reitera el llamado al Presidente López Obrador a que en su responsabilidad como Jefe de Estado contribuya a generar un clima de mayor tolerancia y respeto por las ideas ajenas, incluso cuando las mismas resulten ofensivas o chocantes, y adopte un discurso público favorable a la libertad de expresión que contribuya a prevenir cualquier tipo de violencia contra quienes ejercen el periodismo.
Para ARTICLE 19, el reconocimiento al oficio periodístico forma parte de una política de Estado que debe establecerse de manera pronta para que contribuya a desincentivar agresiones contra la prensa. Las declaraciones emitidas el día de hoy por el Subsecretario Alejandro Encinas no deben redundar en la adopción de medidas aisladas para ajustar el mecanismo de manera cosmética, sino avanzar en la construcción de una política de Estado de prevención, protección y procuración de justicia.
