El Parlamento kirguís está considerando revocar los estatutos de difamacion penal de la República, informa el Committee to Protect Journalists (Comité por la Proteccion de los Periodistas, CPJ). Un comité parlamentario hizo circular recientemente un proyecto de ley que excluiría la difamacion y la injuria del Codigo Penal, dice el CPJ. Aunque el Ministerio de […]
El Parlamento kirguís está considerando revocar los estatutos de difamacion penal de la República, informa el Committee to Protect Journalists (Comité por la Proteccion de los Periodistas, CPJ). Un comité parlamentario hizo circular recientemente un proyecto de ley que excluiría la difamacion y la injuria del Codigo Penal, dice el CPJ. Aunque el Ministerio de Justicia, la Procuradoría General y la Suprema Corte han declarado que es «demasiado pronto» par revocar las leyes, los expertos legales kirguís declararon a CPJ que esperan que los estatutos se enmienden en los proximos dos o tres meses.
Desde el pasado otoño, las organizaciones de medios de comunicacion locales se han estado reuniendo con funcionarios gubernamentales y legisladores para debatir la despenalizacion de la difamacion y la injuria, que actualmente se castigan con hasta tres años de cárcel. La mayor parte de los casos de difamacion contra periodistas kirguís es civil, dice el CPJ, pero la amenaza de un proceso penal es real. Por ejemplo, el periodista Moldosali Ibraimov, quien apelo con éxito su sentencia de cárcel de dos años por difamar a un juez local el año pasado, se enfrenta ahora a una batalla legal después que la decision de liberarlo fue invertida el 13 de marzo. CPJ exhorta a las autoridades a revocar las estipulaciones de difamacion e injuria «de modo que los periodistas puedan escribir libremente sin temor al encarcelamiento».
El potencial para una reforma de la ley de difamacion es un avance positivo después de las recientes inquietudes acerca de una ofensiva contra la libertad de prensa en Kirguistán. El 20 de marzo, el CPJ escribio al presidente Askar Akayev que estaba sumamente alterado por el reciente cierre del periodico de oposicion «Asaba» y la suspension del semanario independiente «Res Publica» a consecuencia de sus multas por difamacion pendientes de pago. CPJ también expreso su inquietud que el Gobierno, junto con empresas y personas cerca de él, estuvieran usando las leyes tributarias y otras herramientas legales para silenciar las publicaciones populares que hayan criticado al régimen. Para obtener más informacion, visite www.cpj.org.
