Al periodista Darvinson Rojas le fueron imputados los delitos de instigación al odio e instigación pública en medio de una audiencia clandestina realizada la noche del 23 de marzo, luego que fuera presentado pasadas las 7 de la noche.
Este artículo fue publicado originalmente en ipysvenezuela.org el 24 de marzo de 2020.
- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresaron su preocupación por la detención del periodista, sumándose a los comunicados de Amnistía Internacional, el observatorio Monitor de Víctimas y el director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco
- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que el periodista fue presentado ante los tribunales pasadas las seis de la tarde del lunes 23, sin presencia de sus abogados
Al periodista Darvinson Rojas le fueron imputados los delitos de instigación al odio e instigación pública en medio de una audiencia clandestina realizada la noche del lunes 23 de marzo, luego que fuera presentado pasadas las 7 de la noche. El Ministerio Público asignó un abogado defensor a pesar de que Rojas ya contar con uno que llevaría el caso. Ni familiares ni la defensa fueron notificados de la ejecución de tal audiencia a pesar de haber estado presentes durante todo el día en la sede de los tribunales.
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El periodista Darvinson Rojas no fue presentado ante los tribunales del Área Metropolitana de Caracas este lunes 23 de marzo como comentaron los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) cuando sus padres fueron a llevarle desayuno a la sede de este cuerpo policial en la UD5 de Caricuao en el oeste de Caracas. Los funcionarios le negaron la visita de los familiares al reportero.
Jesús Rojas, padre del periodista denunció a IPYS Venezuela desconocer el procedimiento del caso de su hijo. “Cumplo con denunciar que mi hijo no fue trasladado el día de hoy (23 de marzo) como se nos había mencionado en la sede del Faes, mucho menos tenemos conocimiento del fiscal que lleva el caso. No tenemos conocimiento de los delitos por los cuales se va a imputar”, dijo.
Rojas señaló que no han tenido comunicación con el reportero desde el domingo 22 cuando pudieron ubicarlo en la sede de las Faes en la UD5 de Caricuao, luego que sus familiares realizaron un recorrido por diferentes centros de reclusión de Caracas posterior a que no fuera localizado en el comando de La Quebradita donde había quedado recluido la noche del sábado.
Los padres de Darvinson, Jesús Rojas y Mirian Sánchez, también fueron detenidos la noche del sábado 21 cuando 15 funcionarios de las Faes ingresaron a la residencia de la familia y se llevaron computadores y celulares. El padre fue agredido en la cabeza, amarrado y esposado, y, junto a la señora Sánchez, trasladados al comando de La Quebradita donde logró escuchar cómo un funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), primer oficial que entrevistó al comunicador, le preguntaba a “Darvinson, ¿quién te dio esa información? ¿quién te dio esa información del estado Miranda?” haciendo referencia a unos tweets sobre la cantidad de casos de coronavirus en la entidad mirandina, publicados por el periodista en su cuenta de Twitter, de acuerdo con el relato del padre.
Mientras la comisión policial intentaba ingresar a la residencia de los Rojas, Darvinson fue informando a través de su perfil en Twitter todo lo que ocurría. En un primer tweet publicado a las 8:32 pm se logra leer que “las FAES acaba de llegar a mi casa a ‘pedir colaboración’ de acompañarlos a su comando porque recibieron llamada anónima diciendo que hay un caso de #COVID-19”.
Luego de un par de minutos de espera, y de que los funcionarios cambiaran su discurso de razones por las que estaban a las afueras de la residencia del periodista, Rojas publicó dos nuevos mensajes que encendieron las alarmas. El primero decía “FUNCIONARIOS DE LAS FAES DICEN QUE VIENEN POR MI” publicado a las 8:59 pm y un último mensaje que decía “FUNCIONARIOS DE LAS FAES QUIEREN LLEVARME DETENIDO” a las 9:04 pm. Desde ese último tweet y una nota de voz enviada a un grupo en Whatsapp de colegas periodistas, no se supo más del reportero y de sus padres, hasta que estos fueran liberados horas después.
La detención del reportero se desarrolló al final del sexto día de una cuarentena social decretada por el presidente del ejecutivo, Nicolás Maduro, en respuesta a la pandemia del Covid-19. Tal decreto está contenido bajo el estado de alarma señalado en el artículo 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), que brinda al presidente de la república ciertos poderes para restringir temporalmente la garantías consagradas en la Carta Magna, “salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles” como señala el artículo 337.
El Estado con la detención del reportero incumple el artículo 337 de la CRBV, además del artículo 7 de la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción, que señala que no podrán ser restringidas la protección de la familia, la libertad personal y la prohibición de práctica de desaparición forzada, la integridad personal física, psíquica y moral, la libertad de pensamiento, el debido proceso y la información.
Además del artículo 27 numeral dos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y las recomendaciones realizadas por los Relatores Especiales y los Expertos Independientes de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU quienes señalaron que “las declaraciones de emergencia basadas en el brote de Covid-19 no deben usarse como base para dirigirse a grupos particulares, minorías o individuos. No debe funcionar como una tapadera para la acción represiva con el pretexto de proteger la salud ni debe usarse para silenciar el trabajo de los defensores de los derechos humanos”, además de señalar que “cualquier intento de penalizar la información relativa a la pandemia puede crear desconfianza en la información institucional, retrasar el acceso a información fiable y tener un efecto silenciador en la libertad de expresión.”
Con el procedimiento contra el periodista, el Estado también va en contra de las recomendaciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet de disolver las FAES, cuerpo policial que ejecutó la detención arbitraria contra la familia Rojas.
Organizaciones de la sociedad civil también se han sumado a la exigencia hacia el Estado venezolano para que ordene la liberación del reportero. Amnistía Internacional, el observatorio Monitor de Víctimas, organización para la que el reportero colabora; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE); y el director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, hicieron lo propio y expresaron su rechazo ante la medida del cuerpo de seguridad.
IPYS Venezuela expresó su rechazo a la detención arbitraria de Rojas a través de un comunicado, donde exige la inmediata liberación, además de hacer responsable al Estado de cualquier hecho que atente contra la integridad del reportero sobre todo en medio del estado de excepción decretado por Nicolás Maduro.
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