La Patilla informó que el día de la detención además realizaron un allanamiento a la residencia de Branker sin orden judicial, donde se llevaron dos laptops y tres teléfonos celulares.
Este artículo fue publicado originalmente en ipysvenezuela.org el 5 de marzo de 2025.
El periodista Rory Branker, del medio digital La Patilla, fue detenido el jueves 20 de febrero de 2025 por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Aunque inicialmente fue trasladado al centro de reclusión de El Helicoide, horas más tarde su familia fue a buscarlo en varias prisiones y no ha logrado confirmar dónde se encuentra. Hasta el momento, Branker permanece en condición de desaparición forzada.
La Patilla informó que el día de la detención además realizaron un allanamiento a la residencia de Branker sin orden judicial, donde se llevaron dos laptops y tres teléfonos celulares. Asimismo, el medio señaló que el vehículo del reportero, en el que se trasladaba cuando fue detenido, también está desaparecido.
El miércoles 26 de febrero, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, afirmó en su programa de televisión, “Con el Mazo Dando”, que Branker fue detenido por presunta extorsión y difusión de información falsa, aunque no presentó pruebas que respalden estas acusaciones.
Al día siguiente la madre de Branker, Sheryl Ann Branker, exigió la liberación inmediata de su hijo y denunció su desaparición. En una declaración pública expresó su angustia por no tener noticias de su hijo desde su detención, solicitando información sobre su ubicación y estado.
Mira el video: https://x.com/sntpvenezuela/status/1895134497080783356
Hasta la fecha, las autoridades no han ofrecido información oficial sobre el paradero de Branker, ni se le ha permitido el acceso a asistencia legal.
IPYS Venezuela rechaza categóricamente la detención arbitraria del periodista Rory Branker, un hecho que atenta contra el ejercicio del periodismo y vulnera el derecho a la libertad de expresión en el país. La criminalización de la labor informativa constituye un mecanismo de amedrentamiento que restringe el acceso a la información y socava el derecho de la ciudadanía a estar informada.
