Representantes de organizaciones periodísticas se reunieron con Navanethem Pillay y fundamentaron su rechazo a dos artículos de una nueva ley.
(ANP/IFEX) – Las principales organizaciones periodísticas de Bolivia denunciaron el 15 de noviembre de 2010 a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Navanethem Pillay, que los artículos 16 y 23 de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación conculcan la libertad de expresión en Bolivia al establecer sanciones económicas y suspensión de licencias de funcionamiento a los medios de información, además de penalizar a periodistas y propietarios de medios con hasta cinco años de cárcel si fueran acusados de difundir noticias consideradas como «racistas».
Pillay se encuentra de visita en el país desde el 12 de noviembre con el propósito de conocer el estado de la las libertades constitucionales a través de reuniones con el Jefe del Estado, representantes del oficialismo y la oposición, entidades sociales y representantes de las organizaciones periodísticas.
Representantes de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (ASBORA) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) se reunieron con Pillay y fundamentaron su rechazo a los artículos de16 y 23 de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación.
En una declaración formulada el 15 de noviembre, Pillay afirmó que «hay que luchar contra los individuos que están haciendo declaraciones racistas y discriminatorias, hay que luchar contra esos individuos, contra estas palabras y esta forma de pensar, pero sin pisar los derechos civiles y la libertad de expresión de los individuos».
Por su parte, la ANP, en una carta firmada por su vicepresidente y director ejecutivo, Jorge Carrasco y Juan Javier Zeballos respectivamente, explicó a Pillay el estado de la libertad de expresión en Bolivia. La misiva enumera las disposiciones legales impulsadas por el gobierno contra la libertad de expresión, así como varios ejemplos de atentados al derecho de los medios para informar sin presiones ni obstáculos.
En el oficialismo, el único pronunciamiento respecto a la visita y las declaraciones de Pillay correspondió a la diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Marianela Paco Durán, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, quien sostuvo que la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación tiene el único fin de luchar en contra de las manifestaciones de racismo que aún existen en el país.
Además del encuentro con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, la ANP, la ANPB, la ASBORA y la APLP difundieron el 15 de noviembre un pronunciamiento titulado «La libertad de expresión conculcada», en el que enumeran cinco casos de autocensura y censura provocados por la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. El pronunciamiento manifiesta que las organizaciones periodísticas «seguirán su campaña a nivel nacional e internacional, exigiendo la eliminación del artículo 16 y la modificación del 23 que no sólo penaliza a periodistas y propietarios de medios con entre uno y cinco años de cárcel, sino que desconoce la vigente Ley de Imprenta y las normas internacionales que despenalizan los delitos de imprenta».
