Una vez más el silencio por parte de las autoridades regionales impone serias restricciones al trabajo de los periodistas de Aragua, toda vez que resulta imposible acceder a fuentes oficiales o estadísticas que corroboren las denuncias por parte de usuarios de la red social Twitter, sobre varios casos del virus Zika en la entidad.
Este artículo fue publicado originalmente en ipysvenezuela.org el 26 de enero de 2016.
Una vez más el silencio por parte de las autoridades regionales impone serias restricciones al trabajo de los periodistas de Aragua, toda vez que resulta imposible acceder a fuentes oficiales o estadísticas que corroboren las denuncias por parte de usuarios de la red social Twitter, sobre varios casos del virus Zika en la entidad.
Así lo corroboran los periodistas Carmen Elisa Pecorelli, corresponsal de Unión Radio en Aragua, y Gianni Amador, jefe de investigación del diario El Periodiquito, quienes coinciden en señalar la infinidad de intentos infructuosos por parte de los medios regionales y periodistas, de obtener información y datos de interés en materia de salud, tan vitales para la ciudadanía.
“Todos los días enviamos a nuestros reporteros a la sede de la Corporación de salud del estado Aragua, en la búsqueda de fuentes oficiales que corroboren o no, la presencia del virus Zika en la entidad y de los posibles casos de contagio. Pero no solo sobre este tema en particular. También debemos señalar que desde hace tiempo no se tiene acceso al boletín epidemiológico con el que medianamente sustentamos nuestros reportajes sobre el sistema de salud en la región. Pese al silencio, no podemos resignarnos a la opacidad informativa”, señala Gianni Amador.
Es reiterativo el silencio de las autoridades regionales-dice Carmen Elisa Pecorelli- frente a temas informativos de vital importancia para la ciudadanía, y los periodistas, padecemos las limitaciones, restricciones y omisiones oficiales en la búsqueda de la información. Eso impide que los periodistas hagamos un trabajo equilibrado y oportuno.
Agrega que a raíz de la orden de detención en contra del ex presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua, Ángel Sarmiento, luego de denunciar la presencia del virus chikungunya en el Hospital Central de Maracay en septiembre de 2015 y que ocasionó la muerte de varios pacientes, el personal médico o de la salud en la entidad, se exime de ofrecer cualquier información de interés ciudadano sobre lo que ocurre, por temor a sufrir cualquier tipo de represalias.
En este sentido, otro grupo de periodistas de diversos medios del Estado, se sumaron al reclamo con el que solicitan la fluidez informativa por parte de las autoridades regionales y contribuir, como es el deber, en la difusión de aquellos temas de importancia para la colectividad aragüeña.
Se debe recordar que en el mes de septiembre de 2014, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, amenazó con emprender acciones legales en contra de 11 medios nacionales e internacionales por la publicación de informaciones en materia de salud.
IPYS Venezuela registró 71 limitaciones de acceso a la cobertura de asuntos de interés público. Recientemente, el estudio de censura y autocensura de IPYS Venezuela “El periodismo en arenas movedizas” reveló que al menos 97% de los 227 periodistas consultados consideran necesario que se legisle sobre el acceso a la información pública en el país.
El derecho a la información se encuentra consagrado en el artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por otro lado, el artículo 57 prohíbe la censura de funcionarios públicos que deban dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades.
La Organización de Naciones Unidas, a través del Comité Derechos Económicos, Sociales y Culturales, estableció mediante la Observación General N° 14 del año 2000, que el derecho a la salud también abarca las condiciones básicas para garantizarla, y entre ellas está el acceso a la información.
El numeral 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) prohíbe la censura previa, así como cualquier interferencia con la que se pretenda restringir la libre circulación de ideas y opiniones.
