Tras analizar el texto aprobado, el IPYS considera que se trata de una modificación innecesaria y anti-técnica, que debilita significativamente las garantías para ejercer la libertad de información.
Este artículo fue publicado originalmente en ipys.org el 14 de marzo de 2025.
El 13 de marzo de 2025, el Congreso aprobó el dictamen que propone modificar el Decreto Legislativo 635 y la Ley 26775 que regulan el ejercicio del derecho de rectificación.
Tras analizar el texto aprobado, el IPYS considera que se trata de una modificación innecesaria y anti-técnica, que debilita significativamente las garantías para ejercer la libertad de información.
En primer lugar, porque restringe injustificadamente y de manera desproporcionada el plazo para cumplir con la rectificación de siete a un día. Ese plazo claramente impide que los medios analicen las solicitudes de rectificación para evaluar si éstas son o no procedentes de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de la propia ley de rectificación. En la práctica con esta modificación se estaría obligando a los medios a publicar todas las rectificaciones que sean planteadas sin el menor análisis de su procedencia ante el riesgo de incumplir la norma.
En segundo lugar, la modificación impone la forma y modalidad en la que se ejecutará la rectificación de acuerdo a la voluntad del solicitante. Esto contradice los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la manera de cumplir con la rectificación establecidos por la Corte Interamericana de DDHH y el Tribunal Constitucional (sentencia vinculante en el caso Prudencia Estrada Salvador (expediente 3362-2004-AA/TC).
En la experiencia del IPYS, el marco legal del derecho a rectificación vigente respeta los estándares internacionales establecidos por la CIDH y el TC. La modificación realizada por el Congreso rebaja estos estándares en detrimento de la libertad de información.
El IPYS considera esta modificación como un acto antidemocrático que responde a un patrón de comportamiento de la clase política, en este caso desde el Congreso, destinado a evitar el control del ejercicio del poder por parte de la prensa.
