Un proyecto de esta naturaleza no tiene ninguna relación con la alegada necesidad de proteger la acción de la justicia. Al contrario, es un intento de proteger a los investigados por corrupción dentro del gobierno.
Este artículo fue publicado originalmente en ipys.org el 28 de junio de 2022.
El IPYS reitera su rechazo al proyecto de ley claramente violatorio de la libertad de información aprobado por el Consejo de Ministros, que criminalizaría las publicaciones periodísticas sobre investigaciones judiciales.
Advertimos que un proyecto de esta naturaleza no tiene ninguna relación con la alegada necesidad de proteger la acción de la justicia. Lo consideramos, por el contrario, un intento de proteger a los investigados por corrupción dentro del gobierno, como parte del conjunto de acciones destinadas a obstruir la acción de la justicia que estamos presenciando.
La gravedad de la situación que vive el país ya ha sido señalada por una resolución del Fiscal de la Nación y por otra de un juez de Corte Suprema: la presunta operación de una organización criminal desde el gobierno, indican, puede socavar los cimientos del Estado democrático. Uno de ellos, el de la libertad de expresión, está siendo directamente amenazado, pero es evidente que no es el único.
La sociedad civil debe responder frontalmente a estos embates e impedir que, en una situación de emergencia nacional, los investigados empleen su poder de control sobre las riendas del país para destruir libertades constitucionales y asegurar su impunidad. Esto obliga a debatir la necesidad de que el presidente de la República, el principal imputado, sea apartado de sus funciones según lo prescrito por la Constitución.
