El Poder Judicial del Perú admitió una nueva demanda por difamación.
Este artículo fue publicado originalmente en ipys.org el 21 de abril de 2019.
El Poder Judicial del Perú admitió una nueva demanda por difamación interpuesta por Miguel Arévalo Ramírez alias «Eteco» contra los periodistas Óscar Castilla, director ejecutivo del medio digital Ojo Público, y Edmundo Cruz, del diario La República, y dispuso de forma inmediata comparecencia y embargo preventivo de los bienes de ambos medios de comunicación.
«Eteco» es conocido por tener antecedentes por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Desde 2016 ha planteado diez denuncias penales por más de 500 millones de dólares contra varios periodistas que lo han investigado. Cuatro de esos procesos son contra Óscar Castilla y Edmundo Cruz.
Los otros periodistas que figuran en la lista de demandados son César Hildebrandt, Eloy Marchan y Américo Zambrano del semanario Hildebrandt en sus Trece; Gustavo Mohme, director de La República; Marco Zileri y César Prado de la revista Caretas; Miguel Ramírez, ex director de la unidad de investigación del diario El Comercio; entre otros.
Si bien la querella fue admitida el 4 de febrero por el 15 Juzgado Penal de Lima, los periodistas procesados recién conocieron de esta nueva denuncia el pasado 9 de abril. La resolución «establece que existen indicios que vinculan a los querellados como presuntos autores del delito y en caso de emitirse sentencia condenatoria en su contra la pena a imponerse puede ser superior a un año de privación de la libertad».
Los periodistas Óscar Castilla y Edmundo Cruz fueron citados el pasado 17 de abril, bajo apercibimiento de ser declarados reos ausentes y ordenarse su captura.
Carlos Rivera abogado de los periodistas sostuvo que el fallo es irregular porque ambos investigados no fueron notificados de la demanda original. La defensa de Castilla y Cruz pedirá que se reprograme la manifestación y apelarán las medidas de embargos, dictada por la jueza Isabel Flores.
Los periodistas fueron querellados por publicar en el 2016 una serie de investigaciones sobre las pesquisas del Ministerio Público, la Policía Nacional y la Drug Enforcement Administration (DEA) en contra de Arévalo Ramírez.
El IPYS rechaza la admisión indiscriminada de denuncias como éstas que buscan afectar al periodismo de investigación, especialmente al que investiga al narcotráfico.
