Este artículo fue publicado originalmente en sipiapa.org el 24 de septiembre de 2014. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró como desproporcionado el uso de la fuerza pública en Venezuela para la ubicación y traslado de manera forzosa ante un tribunal a un columnista y un directivo del periódico Tal Cual, demandados por el presidente […]
Este artículo fue publicado originalmente en sipiapa.org el 24 de septiembre de 2014.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró como desproporcionado el uso de la fuerza pública en Venezuela para la ubicación y traslado de manera forzosa ante un tribunal a un columnista y un directivo del periódico Tal Cual, demandados por el presidente de la Asamblea Nacional por supuesta difamación; tema que pone de relieve la urgencia de la despenalización de ese delito.
La jueza Bárbara Gabriela César Siero, del tribunal 29 de Control de Caracas, ordenó el traslado forzoso a tribunales de Francisco Layrisse, directivo de Tal Cual y de Carlos Genatios, articulista de esa publicación, contra quienes el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, interpuso una demanda en enero pasado por difamación agravada, delito castigado con penas de dos a cuatro años de prisión más sanciones económicas, según el Art.442 del Código Penal.
La querella, que incluye además a Teodoro Petkoff, Manuel Puyana y Juan Antonio Golía, también directivos de Tal Cual, fue aceptada en marzo pasado por la jueza, quien dictó medidas cautelares contra los demandados prohibiéndoles salir del país y obligándolos a presentarse ante el tribunal cada semana. Genatios y Layrisse se encuentran desde hace varios meses fuera de Venezuela.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, dijo que “resulta excesivo el uso de la fuerza pública para llevar a los tribunados a dos personas querelladas, ciertamente aquí vemos otro ejemplo de la estrategia gubernamental de intimidar a quienes no forman parte de su grupo de poder”.
Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, manifestó “la profunda preocupación de la SIP por la suerte de estos periodistas”. Agregó que “el gobierno de Venezuela continúa con sus maniobras para neutralizar a la prensa independiente, a través de la intimidación y la asfixia política, económica y legal, y a los medios internacionales bloqueando sus señales en el país, como el caso reciente de la cadena colombiana NTN24”.
“El respeto al derecho humano a acceder a cualquier informar que provenga de cualquier fuente, así como la tolerancia y la transparencia, es obvio que no forman parte de los compromisos del gobierno venezolano con sus ciudadanos”, expresó Paolillo.
También mencionó que justamente ayer (23 de septiembre de 2014), en un webinar de la SIP, el relator especial designado para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, expresó que entre otros puntos su agenda de trabajo dará prioridad a impulsar la despenalización de los delitos de difamación.
La demanda contra Tal Cual tiene su origen en un artículo de opinión de Genatios en el que atribuyó a Cabello haber dicho que “a quien no le guste la inseguridad, que se vaya del país”. El presidente de la AN desmintió la información y el diario hizo una rectificación.
