En reunión con el Comité para la Protección de los Periodistas y la Fundación para la Libertad de Prensa, el presidente colombiano se comprometió a otorgarle prioridad a combatir la impunidad en los ataques contra la prensa.
Este artículo fue publicado originalmente en cpj.org el 27 de mayo de 2015.
En reunión sostenida el martes con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y la organización colombiana Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el mandatario colombiano Juan Manuel Santos se comprometió a otorgarle prioridad a combatir la impunidad en los ataques contra la prensa.
“Acogemos con beneplácito el compromiso del presidente Juan Manuel Santos de abordar el elevado nivel de impunidad en los ataques contra los periodistas, lo cual demuestra que reconoce la importancia de una prensa libre”, declaró Carlos Lauría, coordinador sénior del programa de las Américas del CPJ. “Santos ahora debe cumplir su promesa y trabajar para asegurar que se resuelvan los casos de asesinato de periodistas y otros ataques. Colombia tiene un largo camino por recorrer en la lucha contra la impunidad”.
Por lo menos 46 periodistas han sido muertos por ejercer la profesión en Colombia desde 1992, tres de ellos desde que Santos asumió el cargo en 2010, según datos del CPJ. El país ocupó el octavo puesto en la edición 2014 del Índice de la Impunidad del CPJ, que se enfoca en los países donde asesinan a los periodistas y los autores de los crímenes andan impunes.
La delegación del CPJ y la FLIP visitó el palacio nacional, conocido como Casa de Nariño, y sostuvo un encuentro con Santos para conversar sobre algunas preocupaciones clave en materia de libertad de prensa en Colombia, entre ellas el alto nivel de impunidad en los casos de periodistas asesinados y ataques contra la prensa local. La delegación estuvo compuesta por Lauría; Pedro Vaca Villarreal, director ejecutivo de la FLIP; Ignacio Gómez, miembro de la junta directiva de la FLIP y periodista galardonado con el Premio Internacional de la Libertad de Prensa del CPJ; John Otis, corresponsal del CPJ para la región andina; y Andrés Morales, miembro del consejo asesor del programa de las Américas del CPJ.
Santos declaró a la delegación que combatir la impunidad “sería una prioridad de mi gobierno” y que el Ejecutivo instaría a las autoridades judiciales a agilizar las investigaciones. Si bien el clima de seguridad ha mejorado en los últimos años en Colombia, la impunidad está arraigada y las amenazas y la violencia contra los periodistas prosiguen, según las investigaciones del CPJ. Problemas tales como el exceso de casos en manos de los fiscales y el tratamiento deficiente de los elementos de prueba han dilatado las investigaciones penales por años.
“He sido un defensor de la libertad de prensa por más de 40 años”, expresó Santos, “y siento una profunda preocupación por este tema”. Santos es un experiodista y fue presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa. Su familia fue accionista mayoritaria del diario El Tiempo, el principal de Colombia,hasta 2007.
Santos acordó una serie de compromisos ante la delegación, entre ellos la promesa de investigar el creciente nivel de amenazas contra los periodistas colombianos. Los periodistas que informan sobre cuestiones sensibles en Colombia, tales como el prolongado conflicto interno, la delincuencia y la corrupción, han sido blanco del rebrote de la violencia y la intimidación en los últimos años, de acuerdo con datos del CPJ. Por lo menos dos periodistas han sido muertos este año en Colombia en circunstancias no esclarecidas, y el CPJ prosigue sus investigaciones para determinar si los asesinatos estuvieron vinculados con la labor de los periodistas.
La delegación expresó su deseo de ver avances en el caso del asesinato del periodista impreso Orlando Sierra, hecho ocurrido en 2002; en el ataque perpetrado en 2000 contra la reportera Jineth Bedoya; el ataque contra el editor Ricardo Calderón, sucedido en 2013; y las amenazas dirigidas en 2013 contra el periodista investigativo Gonzalo Guillén. Santos respondió: “Yo soy el mayor interesado en que se resuelvan esos casos. Es una prioridad para mi gobierno”.
El CPJ y la FLIP también plantearon que las autoridades colombianas debían tomar medidas, especialmente en aquellos casos donde existieran pruebas de la comisión de actos criminales por parte de funcionarios locales. “Puedo afirmar que mi gobierno colaborará activamente para identificar a los responsables” y someterlos al accionar de la justicia, sostuvo Santos.
La delegación abordó las deficiencias en el programa de protección de periodistas, que fue iniciado en Colombia en 2011, y recomendó que se enfocara en primer lugar en la prevención de los ataques. El programa les ofrece protección a aproximadamente 7,500 personas en riesgo, entre ellos activistas de los derechos humanos, políticos y periodistas, a un costo total de USD 600,000 al día, según un despacho emitido por la AFP en 2014.
Santos concordó: “Imagino un país normal donde los periodistas no necesiten carros blindados ni guardaespaldas y no necesiten ninguna protección”, declaró. “Pero por ahora necesitamos asegurar que el programa reciba los fondos adecuados y sea efectivo”.
La delegación también abordó la responsabilidad de los organismos de la fuerza pública y los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo guerrillero marxista, en los ataques contra periodistas, y analizó cómo se podía tratar la cuestión en las actuales conversaciones de paz que se iniciaron en 2012 para poner fin al conflicto interno, que ya ha durado varias décadas.
Durante las conversaciones de paz, el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC acordaron establecer una comisión de la verdad para investigar la muerte de miles de personas en el conflicto, según versiones noticiosas.
