Los sectores involucrados en la elaboración de la nueva normativa aseguran que sus planteamientos no fueron tomados en cuenta.
(IFEX-ANP) – El Presidente del Estado, Evo Morales Ayma, promulgó el 8 de agosto de 2011 la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación que establece un nuevo ordenamiento en la distribución de frecuencias de radio y televisión, transmisión de mensajes presidenciales y autorización de escuchas telefónicas en casos excepcionales.
Los sectores involucrados en la nueva normativa aseguraron que sus planteamientos no fueron tomados en cuenta y alertaron sobre la posibilidad de que se viole el derecho constitucional a la privacidad.
La ley establece que del total de licencias para emisoras de radio y canales de televisión deberá corresponder el 33% al Estado, otro 33% al sector privado, un 17% destinado al «sector social comunitario» y otro 17% a «los pueblos indígenas originarios». El periodo de vigencia de las licencias será de 15 años, «pudiendo ser renovadas por igual periodo, siempre que su titular haya cumplido con las disposiciones previstas en esta ley».
Las radios y canales de señal abierta y por cable están obligados a realizar transmisiones en cadena «sin pago alguno» de los mensajes oficiales del Presidente del Estado por lo menos dos veces al año. El incumplimiento dará lugar a sanciones.
El artículo 111 de la ley autoriza escuchas telefónicas, que «se producirán en caso de seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastres». En esas circunstancias «los operadores y proveedores de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación estarán obligados a cooperar y poner a disposición de autoridades la emisión, transmisión y recepción de telecomunicaciones que le sean requeridas». Organizaciones periodísticas afirmaron que la autorización de escuchas telefónicas hace temer que se afecte la privacidad de las personas, uno de los derechos civiles reconocido por la Constitución Política del Estado en su artículo 21. Además, los casos en los que se autorizan las escuchas podrían ser interpretados discrecionalmente.
También se cuestionó la distribución de frecuencias radiales y televisivas, argumentando que, en la práctica, el Estado controlará el 67% de ellas dada la afinidad del gobierno del presidente Evo Morales con las organizaciones indígenas y sociales.
