Febrero de 2023 en las Américas: edición especial sobre nueva legislación en Colombia que busca garantizar la seguridad de las mujeres en el espacio digital, además de las últimas noticias sobre la libertad de expresión en la región, producida por la editora regional de IFEX, Laura Vidal.
Esta es una traducción del artículo original.
Lograr espacios en línea más seguros para las mujeres en Colombia
¿Cómo lidiamos con las tensiones entre la libertad de expresión, la privacidad y el hostigamiento en línea? Colombia elabora nueva legislación para combatir la violencia digital, y Catalina Moreno Arocha de Fundación Karisma reflexiona sobre cómo lograr un equilibrio entre la seguridad y la libertad.
Desde un fallo judicial que reconoció la violencia que se ven forzadas a enfrentar las mujeres periodistas en línea hasta la presentación de un proyecto de ley para prevenir la violencia de género en internet, Colombia está adoptando medidas para abordar el fenómeno de la violencia digital contra las mujeres. En 2022, la Corte Constitucional de ese país reconoció la legitimidad de las denuncias públicas en línea – conocidas como escraches – y una autoridad judicial local (un tribunal administrativo de Cundinamarca) reconoció que existe un patrón de violencia en línea ejercido contra las periodistas determinando que se puede responsabilizar y sancionar a actores políticos por cometer actos de violencia en línea contra mujeres periodistas.
Fundación Karisma, cuyos equipos de personas expertas se dedican desde hace tiempo a combatir la violencia digital, ha participado activamente en los debates en torno al problema y al proyecto de ley, en diálogo constante con otras organizaciones y organismos gubernamentales. Karisma ha realizado numerosas investigaciones con el fin de analizar el fenómeno de la violencia digital contra las periodistas y candidatas políticas y también la violencia en línea que sufren mujeres vulnerables de las periferias urbanas. La fundación también ha elaborado diversos recursos didácticos, como un glosario sonoro de violencias digitales de género y videos en línea que muestran ejemplos concretos de violencia digital y qué hacer ante tales situaciones.
Conversamos con Catalina Moreno Arocha, coordinadora de la Línea de Inclusión Social de la Fundación Karisma, quien nos ayudó a entender las complejidades detrás del debate sobre violencia digital contra las mujeres y también los muchos desafíos que plantea el proyecto de ley que se está debatiendo.
¿Qué dificultades conlleva un proyecto de ley de este tipo, en particular con respecto a la libertad de expresión?
Lo que llegamos a entender es que, si bien existe una ley muy genérica de prevención de la violencia contra las mujeres que podría servir en algunos casos como marco para atender situaciones de violencia digital de género, lo cierto es que estos delitos adoptan formas muy diversas, con gravísimas consecuencias que aún no se comprenden en su totalidad. La violencia digital contra las mujeres tiene muchas modalidades: desde el doxxing o doxeo [cuando se revela intencional y públicamente información personal sobre alguien], hasta la divulgación no consensuada de imágenes íntimas, entre muchas otras. Dado que las autoridades no están debidamente sensibilizadas como para responder adecuadamente, las mujeres suelen ser revictimizadas o incluso culpadas de lo que les pasó. Tampoco hay interés en investigar. Y, en definitiva, ese vacío legal dificulta la obtención de datos confiables y exhaustivos.
“La violencia digital [contra las mujeres] requiere una respuesta específica. Las medidas de protección que usemos tienen que ser diferentes.”
Catalina Morena Arocha, coordinadora de la Línea de Inclusión Social, Fundación Karisma
Al mismo tiempo, la violencia digital requiere una respuesta específica. Las medidas de protección que usemos tienen que ser diferentes. En el caso de divulgación de imágenes íntimas, por ejemplo, una vez que esas imágenes se difundieron, se pierde prácticamente todo control sobre ellas. La violencia se reproduce cada vez que se comparten o copian esas fotos. La respuesta a esta forma de violencia debe centrarse en la víctima, brindándole, por ejemplo, atención psicológica.
Es importante que tomemos este proyecto de ley como punto de partida, pero hay muchos aspectos de la redacción con los que no estamos de acuerdo. Accedimos a una versión inicial del texto, y la propuesta nos pareció bastante punitiva. Además, deja en manos del gobierno la creación de las instituciones necesarias o la designación de las autoridades que responderían ante estos casos, y ya sabemos que no lo hará. Esto se traduciría en una ley que no se ajustará a los casos más comunes o que no nos conducirá a las autoridades que deberían responder a las víctimas. Existen también algunos aspectos cuyo tratamiento puede ser muy difícil para el Congreso. El proyecto de ley habla, por ejemplo, de “medidas cautelares” que, en mi opinión, llevarían a bloquear ciertos contenidos.
Por supuesto, también existe un conflicto constante con otros derechos fundamentales, como el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión, y esa es una de las dificultades que plantea. Cuando hablamos con grupos de derechos de las mujeres, vemos que una reacción instintiva a la violencia digital tiende a ser el bloqueo de contenidos, e impedir la creación de contenidos o de cuentas anónimas. Eso nos plantea más preguntas que respuestas; pero también nos impulsa a pensar colectivamente para buscar nuevas soluciones.
¿Cuál podría ser el camino para avanzar?
Es importante que sigamos observando y tomando nota. Y también que profundicemos nuestro diálogo con otras organizaciones de la sociedad civil. Debemos ser conscientes de que siempre habrá tensiones entre las respuestas que demos a la violencia digital contra las mujeres y el derecho a la privacidad y la libertad de expresión.
También es fundamental lograr que en ciertos ámbitos específicos se entienda la gravedad de esta forma de violencia y que se rechace desde el principio. Pienso, por ejemplo, en los partidos políticos y las universidades, algo que puede prevenir la propagación de la violencia digital contra las mujeres también desde abajo.
“Siempre habrá tensiones entre las respuestas que demos a la violencia digital contra las mujeres y el derecho a la privacidad y la libertad de expresión.”
Catalina Morena Arocha, coordinadora de la Línea de Inclusión Social, Fundación Karisma
Manténganse informado/as: visiten la página central de Género y Diversidad Sexual de IFEX.
Febrero: Las Américas en breve
En libertad, pero apátridas: la excarcelación de presos políticos en Nicaragua
A principios de febrero, el régimen nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo excarceló inesperadamente a más de 200 personas, entre ellas periodistas y personalidades políticas, y las deportó a los Estados Unidos. La mayoría de las personas excarceladas habían sido detenidas en el marco de las protestas de 2018 contra el gobierno y permanecían en prisión en condiciones “horribles”.
La noticia fue recibida con alegría y alivio por familiares y simpatizantes, pero la salida de prisión también tuvo un costo muy alto: mientras los recién excarcelados estaban aún volando hacia Washington DC, el gobierno de Nicaragua anunció que los despojaba de su ciudadanía y de todos sus derechos civiles y políticos en el país. También los declaró “traidores a la patria”, y en la mayoría de los casos la medida incluyó además la expropiación de sus bienes. Por consiguiente, su salida de la cárcel significó al mismo tiempo la obligación de exiliarse, quedar fuera de todo lo que conocen y caer en un limbo legal para quienes que no tienen doble nacionalidad.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó las medidas a través de su presidente, quien las calificó de “inaceptables, pero no sorprendentes para este régimen”. La excarcelación suscitó escepticismo entre algunos miembros de la comunidad internacional, quienes la vieron como un gesto superficial motivado por la presión internacional, más que una genuina intención de reforma. Algunos grupos de derechos humanos han señalado que todavía quedan muchos presos políticos en Nicaragua que se encuentran en condiciones aberrantes, y han pedido su inmediata liberación.
“Nadie me puede quitar mi ciudadanía nicaragüense. Voy a morir y continuaré siendo nicaragüense.”
Periodista Juan Lorenzo Holmann al Comité para la Protección de los Periodistas
En Perú, medidas para sancionar la “apología del terrorismo” convierten los espacios en línea en un campo minado
Mientras la crisis en Perú continúa agudizándose, el Ministerio del Interior emitió un comunicado donde anunciaba que se abrían canales especiales para recibir denuncias ciudadanas de casos de “apología del terrorismo” cometidos en redes sociales. El comunicado cita una modificación reciente del Código Penal, por la que quienes cometan el delito de “apología del terrorismo” podrían ser condenados a entre 1 y 4 años de prisión, y si lo hicieran a través de redes sociales o usando tecnologías digitales, recibirían hasta 15 años adicionales de prisión. Tipificar como delito la “apología del terrorismo” significa, esencialmente, que se penaliza a quienes exalten, justifiquen o enaltezcan al terrorismo, y dejan la definición lo suficientemente vaga como para permitir a las autoridades aplicar la norma con amplitud.
La organización local de derechos digitales Hiperderecho manifestó públicamente su preocupación a través de una declaración en Twitter, donde destacaba que, según lo estándares interamericanos sobre la materia, los discursos no pueden ser criminalizados ni castigados con penas más severas por el simple hecho de haber sido difundidos por internet. Por otra parte, Dilmar Villena, director ejecutivo de Hiperderecho, destacó la falta de precisión en la definición de “apología del terrorismo” y afirmó que esa ambigüedad, combinada con la voluntad de las autoridades de perseguir y penar los discursos en línea, llevaría a la autocensura y limitaría seriamente la libertad de expresión, así como la participación en el debate público de distintas ideas.
Es importante tener en cuenta el uso que se da a este término y el peso que tiene dada la historia reciente del Perú. A pesar de un duro conflicto interno marcado por años de atentados terroristas, el uso de la palabra “terrorista” sigue siendo una forma de desacreditar a adversarios políticos, una práctica que se conoce como terruqueo. Amnistía Internacional recordó que la palabra “terrorismo” ha sido utilizada en el pasado para criminalizar a personas de comunidades que históricamente han sufrido discriminación, algo que también se ve en la crisis actual, donde el gobierno se refiere constantemente a los manifestantes como “terroristas”.
Haití: periodista secuestrado recupera la libertad
El periodista Jean Thony Lorthé, que había sido secuestrado el 3 de febrero, fue liberado el 17 de ese mes luego de que se pagara un rescate de 200.000 dólares. Unos días antes, colegas de Lorthé habían iniciado un paro para exigir su liberación, mientras la prensa denunciaba el “silencio cómplice” de las autoridades. Tras un 2022 que cerró con un saldo de siete periodistas asesinados en el ejercicio de su profesión y muchos otros perseguidos y atacados, la liberación de Jean Thony Lorthé es una buena noticia, pero la crisis en Haití continúa. Según Human Rights Watch (HRW), en 2022, “Haití continuó sumido en una crisis política, humanitaria y de seguridad de larga data que ha dejado inoperativas a todas las ramas del gobierno, exacerbando la abrumadora impunidad por las violaciones de derechos humanos”. Las pandillas siguen sembrando terror y son cada vez más poderosas, mientras que la mayoría de los abusos no se denuncian.
Otras noticias destacadas…
Florida (Estados Unidos): Un periodista fue asesinado mientras informaba sobre un tiroteo. El 22 de febrero, el Comité para la Protección de los Periodistas sacó un comunicado en el que declaraba que resulta “profundamente perturbador que un periodista haya sido asesinado cuando cubría un episodio de violencia con armas de fuego, algo que ya es en una dolorosa realidad cotidiana de los Estados Unidos.”
Colombia: Un informe revela que las fuerzas militares incrementan su capacidad para vigilar a periodistas y ciudadanos, utilizando tecnología de código abierto e inteligencia artificial. Según el informe, esta tecnología permite al ejército recolectar información sobre particulares, incluso sobre sus actividades en redes sociales, sin el conocimiento ni el consentimiento de esas personas.
Estados Unidos: Suzanne Nossel, de PEN América, comentó en Twitter las consecuencias preocupantes de reescribir obras literarias, como se ha hecho con los libros del escritor Roald Dahl “para eliminar términos que se consideran ofensivos”.
