Elaborado en conjunto con Derechos Digitales, Espacio Público presenta un mapeado que oriente investigaciones en esta línea.
Este artículo fue publicado originalmente en espaciopublico.ong el 28 de enero de 2022.
El informe Privacidad y datos personales en Venezuela, una aproximación a la legislación y práctica vigentes, presenta un mapeo inicial a fin de disponer de una base que permita orientar, en el mediano y largo plazo, investigaciones temáticas y propuestas estructurales en respuesta a las oportunidades que ofrezca el contexto local e institucional sobre estos temas. Hoy, en el Día Internacional de la Protección de Datos, presentamos el estudio con el acompañamiento de la organización Derechos Digitales.
Durante la presentación del informe, Marysabel Rodríguez, coordinadora del Programa Observatorio Social, explicó los principales hallazgos de la investigación, junto con Michel Roberto de Souza, Director de políticas públicas de Derechos Digitales.
El informe aborda una compilación representativa de leyes, regulaciones y casos que retratan los patrones estructurales que dominan las dinámicas sociales y políticas en los últimos años en Venezuela, en conexión con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, a la protección de datos y privacidad.
Pese a que no hay una ley particular sobre el tema, sí existe un marco legal que está alineado con reformas que garantizan la protección de datos en el país; sin embargo, las normativas, políticas y prácticas desarrolladas contradicen el espíritu inicial de avanzada y amenazan con subordinar a los datos personales como instrumentos de otros fines públicos y privados, lo que incluye la preservación de condiciones que facilitan la persecución política y negación de derechos en un contexto de desinstitucionalización democrática.
Venezuela está rezagada en el desarrollo y protección legal de los datos personales. El Estado sigue en deuda con concretar el mandato constitucional en una regulación legal en un contexto de institucionalidad democrática.
En agosto de 2021, hace ya nueve años, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia afirmó: “en la actualidad no existe un marco legal que regule en forma sistematizada la protección de datos”, en el caso del Sistema de Información Central de Riesgos (“SICRI”). Aunque la falta de instrumento legal no debe interpretarse como un obstáculo para garantizar su ejercicio, en las condiciones de crisis política debido al progresivo vaciamiento de la institucionalidad democrática, dicha garantía enfrenta serias limitaciones.
En el informe se identificaron patrones a partir del registro de casos de violaciones a la libertad de expresión, que incluyeron vulneraciones directas e indirectas al derecho a la privacidad o involucraron acceso indebido a información personal. El registro deriva de un monitoreo regular de casos de restricciones ilegítimas a la búsqueda, recepción, o difusión de informaciones o contenidos, a partir de fuentes directas, fuentes hemerográficas, y evidencia audiovisual.
En el registro se observaron casos de detención por publicaciones a través de aplicaciones de mensajería instantánea, específicamente WhatsApp; también ocurrieron violaciones por la vigilancia y robo de información. Del mismo modo, funcionarios han abusado de su autoridad para la revisión ilegal de equipos tecnológicos: policías y militares obligan a periodistas, reporteros, infociudadanos o particulares a borrar material o les revisan directamente sus equipos.
Por otra parte, los medios de comunicación públicos se han utilizado para promover la estigmatización de sectores considerados como la “oposición política”. Esta práctica se apoya en buena medida en el uso indebido de datos e información personal a la que se accede a través de información disponible en redes sociales, o en bases de datos de instituciones públicas.
A su vez, desde el Estado se ha impulsado el uso de sistemas biométricos como un método de control social para que las personas puedan acceder a derechos políticos, sociales y económicos. Uno de los riesgos principales de su aplicación deriva en el potencial cruce de información con otras bases de datos que el Estado maneja a partir de estos sistemas; ninguna de estas bases está sometida a escrutinio o regulaciones lo cual da lugar a la probabilidad de un manejo discrecional y a alimentar represalias fundadas en valoraciones político-partidistas.
En Venezuela el poco avance en la legislación se conjugó con el desarrollo a largo plazo de una crisis institucional que alejó las garantías de protección de los/as venezolanos/as.
Un marco legal débil va de la mano de una voluntad represora que en su intento de obstaculizar la libre difusión de contenidos violenta -por acción u omisión- el derecho a la privacidad y protección de datos; con ello se restringe la libertad de información, se castiga la difusión de la opinión e incluso se vulnera el derecho a la propiedad. El Estado condiciona indebidamente, y mediante esquemas poco claros, el acceso a servicios básicos como la alimentación, y maneja sin control ni regulación datos para fines ilegítimos, como la discriminación político-partidista. De forma paralela, la falta de regulación también alimenta el manejo opaco por parte de empresas privadas ante la ausencia de obligaciones directas.
A toda persona se le debe garantizar que sus datos de carácter personal sean protegidos y manejados bajo las normas de privacidad, así, todos/as deben estar en capacidad de decidir quién puede tener información personal suya, conocer quién la solicita, qué clase de data tienen, cómo cambiarla o eliminarla y con qué fin se usa.
Descarga el informe: Privacidad y datos personales en Venezuela, Enero 2022
