Utilizar tecnología de reconocimiento facial para la vigilancia masiva y el combate de delitos comunes implica invertir el principio de presunción de inocencia en favor de un sistema totalitario de control del espacio público.
Este artículo fue publicado originalmente en derechosdigitales.org el 10 de septiembre de 2021.
Utilizar tecnología de reconocimiento facial para la vigilancia masiva y el combate de delitos comunes implica invertir el principio de presunción de inocencia en favor de un sistema totalitario de control del espacio público.
POR: VLADIMIR GARAY
La semana pasada, el portal América Transparente publicó un reportaje realizado por María Fernanda Leiva y Tamara Silva, donde se denuncia una inversión millonaria realizada por dos municipalidades del sector oriente de la ciudad de Santiago de Chile por un sistema de reconocimiento facial que no funciona.
En total, la investigación consigna el pago de USD $582.880 (aproximadamente 390 millones de pesos chilenos) por el software de la empresa francesa INDEMIA, uno de los principales proveedores de esta tecnología en la región. Del total, la comuna de Las Condes habría aportado USD $517.880 y Lo Barnechea USD $65.000.
Cada comuna cuenta actualmente con diez cámaras de vigilancia conectadas al software de INDEMIA. Según la información recopilada por Leiva y Silva, a diciembre de 2020, un año después de su implementación, el sistema habría reconocido a diez personas. Al parecer, la pandemia habría hecho estragos en los modestos resultados del sistema: citado en el reportaje, el alcalde de Lo Barnechea dice que, debido al “uso masivo de mascarillas desde marzo de 2020, no han existido en ese periodo las condiciones necesarias que permitan evaluar la eficacia de las cámaras de reconocimiento facial”.
El reportaje además establece que el contrato se habría gestado por medio de una adjudicación directa, firmada la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente (AMSZO), entidad que está siendo cuestionada por el manejo de miles millones de pesos sin ningún tipo de control o fiscalización.
Hasta acá, el reportaje es interesante porque contiene prácticamente todos los elementos ya característicos de las polémicas en torno a la implementación de tecnologías de reconocimiento facial en la región: sistemas incapaces de hacer lo que se espera de ellos, poca transparencia respecto a los procesos de contratación y puesta en marcha, la inexistencia de procesos de evaluación adecuados y ni hablar de evaluaciones de impacto en derechos humanos.
Además, toca un punto central que usualmente es dejado fuera del discurso de fabricantes y políticos ávidos de figuración pública: las tecnologías de reconocimiento facial no son mágicas y requieren de ciertas condiciones que permitan hacer capturas adecuadas para efectuar la comparativa de los rostros; cuestiones tan elementales como la ubicación de la cámara o si la persona usa sombrero o lentes pueden alterar la eficacia del sistema, lo que puede traducirse en que el sistema simplemente no sea capaz de reconocer o que reconozca equivocadamente.
Y sin embargo, la pregunta que me parece más importante plantear es la siguiente: ¿sería preferible que el sistema funcionara? ¿Estaríamos hablando de ello si en vez de 10 personas el sistema hubiese reconocido a 100 o a 10 mil? No quiero minimizar la importancia del concepto de transparencia, especialmente respecto al gasto de fondos públicos y todavía más cuando se ha gastado en algo que además no funciona. Pero lo que parece más grave acá es que dos comunas hayan decidido omitir cualquier debate respecto a la legalidad de implementar un sistema de estas características, que además no puede estar escindido de una discusión sobre derechos humanos.
Como hemos mencionado en otras ocasiones, la ley vigente en Chile sobre datos personales, en su artículo 10, prohíbe el tratamiento de datos sensibles, a menos que esté autorizado por la ley, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares. Queda a la vista que la creación de una infraestructura de vigilancia masiva no está considerada en este listado y, por lo tanto, es ilegal. Así, cualquier intención en esa dirección debería canalizarse por medio de una discusión legislativa respecto a si como sociedad estamos de acuerdo con el desarrollo de este tipo de tecnologías en el espacio público. Y no son pocos los municipios y ciudades alrededor del mundo que han respondido a esa pregunta con una prohibición o una moratoria.
Utilizar tecnología de reconocimiento facial para la vigilancia masiva y el combate de delitos comunes implica invertir el principio de presunción de inocencia en favor de un sistema totalitario de control del espacio público, mediante la gestión técnica de la identidad que tiene como consecuencia la alienación del propio cuerpo, por medio de la pérdida de control y autonomía sobre nuestros rostros, los que pueden ser utilizados en contra de nuestros intereses. ¿Es esa la sociedad en la que queremos vivir?
Incluso si la respuesta a esa pregunta es sí, la discusión legislativa permite establecer límites y controles respecto de sus usos, así como el listado de requisitos previos y posteriores a la implementación que deben ser satisfechos. No puede ser una cuestión que quede a la discreción y los recursos disponibles de una autoridad comunal. Más todavía cuando hemos visto que la implementación de este tipo de tecnologías, a pesar de presentar escasos resultados en términos de seguridad pública, sí puede constituir una efectiva técnica de marketing político. El mejor ejemplo de ello en Chile es precisamente el ex alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, como demostró en su más reciente (y fallida) incursión presidencial.
No podemos seguir permitiendo que estas discusiones se realicen por medio de subterfugios, apelando a áreas grises o lisa y llanamente ignorando la ley. Necesitamos responder desde una convicción democrática y comprometida con los derechos humanos. ¡No al reconocimiento facial en el espacio público!
