La red tiene una especial preocupación por la situación de México, Centroamérica y el Caribe. La situación en México es insostenible, en lo que va del año se contabilizan 8 periodistas asesinados en relación con su labor informativa.
Este artículo fue publicado originalmente en ipys.org el 7 de abril de 2022.
Los días 30, 31 de Marzo y 1 de Abril, miembros de la Red Voces del Sur nos reunimos en Miami para analizar la urgente necesidad que tenemos como organizaciones defensoras de las libertades públicas de tomar acciones frente a la proliferación de violencia y acoso contra la prensa en la región.
Durante el primer trimestre de 2022, hemos monitoreado en América Latina un sinnúmero de agresiones como asesinatos, persecución judicial, uso del sistema penal, amenazas, entre otros mecanismos que buscan silenciar a periodistas, críticos de los diferentes gobiernos.
La red tiene una especial preocupación por la situación de México, Centroamérica y el Caribe:
La situación en México también es insostenible, en lo que va del año se contabilizan 8 periodistas asesinados en relación con su labor informativa.
El último periodista asesinado fue Armando Linares, director de la plataforma web ‘Monitor Michoacán’, con lo que se suman 2 víctimas del mismo medio. Si las cifras de muertes violentas siguen creciendo, pronto se romperán récords.
Como red lamentamos el constante discurso del mandatario Andrés Manuel López Obrador que busca vincular a los asesinatos como parte de una serie de infortunios causados por el crimen organizado, evadiendo la responsabilidad del Estado de garantizar protección a los hombres y mujeres de prensa del país tomando en consideración que el periodismo es una profesión de alto riesgo.
Nicaragua es uno de los escenarios más críticos de la región, los atropellos a los derechos humanos, incluida la libertad de expresión se evidencian de forma constante. De las actividades más inquietantes, resaltamos la persecución judicial a la que se han visto sometidos periodistas, activistas y opositores al régimen de Daniel Ortega.
Los juicios políticos en ese país se llevan a cabo en el recinto policial “Evaristo Vásquez”, sin que los presos políticos tengan acceso a una efectiva defensa y con innumerables denuncias de ser sometidos a tratos crueles, inhumanos, degradantes y actos de tortura.
A la fecha se ha condenado a decenas de presos políticos y se esperan más resoluciones judiciales contrarias al derecho y valores democráticos.
Entre los periodistas y dueños de medios víctimas de judicialización podemos mencionar al gerente del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holmann.
Además, Cristiana Chamorro exdirectora de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro y 3 ex colaboradores de la misma, también el cronista deportivo Miguel Mendoza y el comentarista político Jaime Arellano.
Cuba no detiene persecución contra el periodismo
Otro escenario preocupante sigue siendo Cuba. Los índices de persecución a periodistas independientes siguen escalando. Durante los últimos días se han suscitado agresiones físicas y sentencias de cárcel contra periodistas y activistas de la libertad de expresión.
Las víctimas recientes han sido, Alberto Corzo, del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), socio de nuestra red, quien fue brutalmente golpeado por dos sujetos desconocidos enviados por la Policía Política de Cuba, mientras se encontraba en una asignación de trabajo en Colón, Matanzas.
Asimismo, el periodista Lázaro Yuri Valle Roca, se encuentra en condiciones de salud críticas y la Fiscalía General de Cuba ha pedido seis años de cárcel para él, por los supuestos delitos de “propaganda enemiga” de carácter continuado y “resistencia”.
A estos casos particulares, vale la pena agregar que existen periodistas cubanos que se han exiliado y muchos de los que se han quedado en la isla siguen siendo víctimas del uso abusivo del poder del Estado.
Exilio, amenazas y persecución
La situación de la Libertad de Expresión en El Salvador es preocupante y se agrava con la aprobación de un paquete de reformas al Código Penal que penaliza hasta con 15 años de cárcel a cualquier tipo de manifestación escrita que haga alusión a las pandillas incluyendo textos, pinturas, dibujos, graffitis: un claro intento de censura y limita el periodismo de investigación que aborda este campo sumamente complejo y que es de interés público.
Estas acciones sumadas a un discurso estigmatizante del presidente Nayib Bukele y a la persecución contra medios de comunicación independientes como El Faro, generan un ambiente adverso para las libertades públicas.
Por otro lado, el exilio de periodistas guatemaltecos sigue creciendo debido a la reactivación de casos judiciales y constante persecución del gobierno de Alejandro Giammattei.
La persecución en Guatemala es particularmente fuerte cuando se trata de periodistas comunitarios o de origen indígena: son perseguidos por el gobierno de Giammattei, por narrar una lucha entre los distintos gobiernos y los poderes fácticos contra la sociedad. Por otro lado, vemos con sorpresa la reactivación del caso del periodista Juan Luis Font Monzón, a quien se le imputan los cargos de colusión y obstrucción a la justicia.
Moviéndonos al sur de la región, otra situación preocupante para nuestra Red es la que actualmente se está suscitando en Colombia, en el marco del proceso electoral presidencial. Durante las últimas semanas, medios de comunicación y periodistas han sido víctimas de estigmatizaciones por parte de algunos aspirantes a la Casa de Nariño.
La vocería que tienen los candidatos presidenciales tiene grandes repercusiones, por lo que sus agresiones a la libertad de expresión calan en la sociedad. El candidato Gustavo Petro recientemente catalogó al Medio RCN, como neonazi, después de una publicación de opinión del columnista David Ghitis quien tiene orígen judío.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), miembro activo de nuestra red, fue también víctima de hostigamientos tras expresar su rechazo a «la violencia que promueve Gustavo Petro contra el canal RCN.
La situación en Venezuela, sigue siendo inquietante. El constante asedio y criminalización de la labor de la prensa, así como la descalificación y el descrédito contra periodistas componen la fórmula usada por los actores gubernamentales para restringir la expresión y esparcir la censura en un país donde ya no existen los medios de comunicación convencionales.
En 2021 se registraron 380 violaciones a las garantías de libre expresión e información en entornos tradicionales y digitales. El cerco gubernamental contra la labor informativa tuvo como añadido el hostigamiento sistemático a través de las redes sociales y medios públicos y del uso del aparato judicial, así como los bloqueos y ataques contra los medios digitales. Esto ha ocasionado el mayor éxodo de personas en la región, entre los que se cuentan muchos periodistas que han emigrado en busca de seguridad y mejores condiciones para ejercer su profesión.
Recordamos que la libertad de expresión, según los estándares internacionales, es considerada la piedra angular de la democracia en conjunto con elecciones libres y la justicia independiente. Cuando una de esta falla, la forma de gobierno falla.
La Red Voces del Sur ve con preocupación el retroceso de la región en temas de libertad de expresión y prensa lo que tiene gran impacto en las democracias de los países de América Latina.
Hacemos un llamado urgente a los organismos internacionales para elevar su voz por el respeto a las libertades públicas y los Derechos Humanos en la región. Permaneceremos vigilantes, exigiendo desde nuestro accionar, como organizaciones de sociedad civil, que los Estados garanticen los derechos fundamentales en sus naciones.
