La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) propone reflexionar acerca de esta reforma, y en esta primera etapa señalar aquellos puntos del proyecto de ley que considera que deben ser revisados.
Este artículo fue publicado originalmente en adc.org.ar el 10 de noviembre de 2020.
El pasado 27 de agosto, el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de “Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal con Asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las Provincias”. Mientras que la propuesta se prepara para ser discutida en la cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo creó un Consejo Consultivo conformado por once juristas para que reflexionen y elaboren propuestas acerca de otras posibles reformas en el funcionamiento del Ministerio Público, del Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Desde la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) nos proponemos reflexionar acerca de esta reforma, y en esta primera etapa señalar aquellos puntos del proyecto de ley que consideramos que deben ser revisados.
En los últimos años se han logrado amplios consensos respecto a las reformas que necesita la justicia Argentina. La implementación del sistema acusatorio a nivel federal, la transferencia de competencias no federales a la Ciudad de Buenos Aires y la regulación de mecanismos transparentes de designación y remoción de magistrados son solo algunas de ellas.
Como organización de la sociedad civil, promovemos que los procesos de reforma de la justicia se realicen a partir de un procedimiento democrático, precedido por un debate amplio y robusto que permita la expresión de todos los actores involucrados en la discusión de las ideas. Para ello, se deben convocar e incluir a ciudadanos, expertos, funcionarios y organizaciones, que en un debate real y reflexivo logren los consensos necesarios para un diseño institucional eficiente, democrático y respetuoso de la Constitución Nacional.
