Diputados del oficialismo aprobaron reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública que constituyen un obstáculo para el ejercicio del derecho al acceso a la información pública.
(IAPA/IFEX) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su honda preocupación por una decisión del Congreso de El Salvador que implica un retroceso para los ciudadanos en su capacidad de acceder a la información producida por el Estado.
«Es muy preocupante que los parlamentarios salvadoreños hayan resuelto modificar, para mal, una ley que era buena para la libertad de expresión en general», declaró Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
Diputados del oficialismo aprobaron el viernes 8 de febrero, por una mayoría de 46 a 29, reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), que reiteran la reserva de información pública y quitan autoridad al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) frente a las instituciones del Estado.
La oposición calificó la decisión del oficialismo como un atentado contra el derecho a la información de la población salvadoreña.
El coordinador de la Oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción (ALAC), Roberto Burgos, dijo que “las reformas constituyen un obstáculo para el ejercicio del derecho al acceso a la información pública”.
Burgos anunció que pedirá declarar inconstitucional la reforma ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
A su vez, el representante de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Ramón Villalta, dijo que las reformas a la LAIP “violan los derechos humanos y abren portillos a la corrupción”.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos condenó las reformas aprobadas y recordó que la LAIP procura la transparencia del Estado. “Los funcionarios públicos estamos obligados a transparentar nuestro trabajo. Las reformas no pueden afectar el derecho a la información que tiene todo ciudadano”, acotó la Defensoria del Pueblo.
Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, dijo que esta decisión «atenta contra la transparencia en los asuntos públicos» y «restringe injustificadamente el derecho de la población a acceder a información que es de su directa incumbencia».
«Exhortamos al presidente de la República a rechazar estas reformad para mantener el statu quo anterior», solicitó Paolillo.
