"Garantizar el derecho de libertad de expresión es necesario para solucionar los problemas de seguridad," dijo Frank La Rue.
(CENCOS/IFEX) – México D.F., 25 de agosto de 2010 – Tras una visita conjunta de 17 días, Catalina Botero, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, y Frank La Rue, Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, hicieron recomendaciones al Estado mexicano en materia de libertad de expresión y acceso a la información pública. Al presentar su informe preliminar, concluyeron que México es el país más peligroso de América para ejercer el periodismo.
Frente a los crímenes más brutales, atribuidos a grupos del crimen organizado, la responsabilidad del Estado es la de prevenir y proteger, para lo cual la recomendación principal es la creación del mecanismo de protección; y la segunda responsabilidad del Estado es la lucha contra la impunidad, señalaron.
Según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en los últimos 10 años 64 periodistas fueron asesinatos y se contabilizan en 11 las desapariciones a nivel nacional; cifras que, a decir de los relatores, no son exhaustivas. «Estas son las únicas estadísticas oficiales y es necesario que el gobierno de seguimiento para tener idea del número de agresiones y poder comenzar a visibilizar la gravedad del tema,» señaló Catalina Botero al referirse a la falta de resultados de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República.
Esta recomendación de los relatores señala que para atacar la impunidad se tiene que fortalecer a la Fiscalía Especial y a las procuradurías de justicia estatales otorgándoles recursos específicos para la investigación de agresiones a la libertad de expresión. «Garantizar el derecho de libertad de expresión es necesario para solucionar los problemas de seguridad; es imposible combatir a la delincuencia y la corrupción sin hacer valer este derecho,» dijo Frank La Rue.
Otras recomendaciones tras la visita oficial, primera que se realiza de manera conjunta por relatores de las dos instancias internacionales más importantes en materia de derechos humanos, apuntan a problemas como la concentración de las concesiones del espacio radioeléctrico por la ausencia de un «órgano regulador de la radiodifusión que tenga independencia del gobierno» y la falta de un marco legal que reconozca a las radios comunitarias.
Los relatores reconocieron los avances en materia legislativa para despenalizar los delitos de calumnia, difamación e injurias pero identificaron que se dan violaciones al derecho a la libertad de expresión por acciones legales civiles contra periodistas y llamaron a terminar con este «acoso judicial».
Otras valoraciones positivas fueron identificadas en «la reforma al artículo primero de la Constitución aprobada por el Senado que eleva a rango constitucional los tratados firmados por México en materia de derechos humanos», que está pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados, y la Ley Federal de Acceso a la Información; sin embargo, sobre este derecho, dijeron que se encuentra poco desarrollado en los estados y recordaron que a habido intentos recientes por limitarlo a nivel federal.
Para la elaboración del informe preliminar que entregaron a las autoridades, Catalina Botero y Frank La Rue se reunieron con más de cien periodistas, con funcionarios públicos en todos los niveles de gobierno, organismos autónomos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, en un recorrido por el Distrito Federal, el Estado de México, Chihuahua, Sinaloa y Guerrero.
Llamaron a las autoridades a atender estas recomendaciones de manera inmediata al tiempo que declararon estar en toda la disposición de regresar a México para ayudar a implementarlas.
Los relatores recordaron que aunque las obligaciones para garantizar el derecho a la libertad de expresión y el de acceso a la información recaen en el Estado mexicano, sólo será posible alcanzar el respeto a estos derechos si se asume un compromiso por parte de todos los actores de la sociedad, «el compromiso, a final de cuentas es de todo el país».
Estas recomendaciones serán presentadas por los relatores ante la OEA y la ONU, respectivamente, el próximo año.
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