El reporte "Leyes para silenciar", de IPYS Venezuela, recalca que la producción legislativa imperante presenta deficiencias estructurales que erosionan los principios que debería salvaguardar.
Este artículo fue publicado originalmente en ipysvenezuela.org el 15 de agosto de 2022.
En las últimas dos décadas, el ordenamiento jurídico venezolano en materia de libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a la información pública, ha sido diseñado con limitaciones e imprecisiones. El marco legal para regular y garantizar los derechos informativos en el país ha respondido a coyunturas favorables al Estado venezolano y ha legalizado la censura. En “Leyes para silenciar”, un reporte del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela), se expone justamente cómo se promulgaron legislaciones para trabar y castigar la libre expresión.
“Leyes para silenciar” recalca que existe una deuda con las garantías informativas en Venezuela debido a que la producción legislativa imperante presenta deficiencias estructurales que erosionan los principios que debería salvaguardar. En algunas de las normas venezolanas promulgadas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se establecen limitaciones excesivas con efecto amedrentador, sanciones penales desproporcionadas, terminologías vagas e interpretaciones discrecionales.
Entre las normativas que se abordan en el reporte de IPYS Venezuela, están: La Constitución nacional, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, la Ley Constitucional contra el Odio y por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público. A continuación, lee el reporte “Leyes para silenciar” completo aquí:
