El gobierno sigue criminalizando la protesta pública con brutales represiones.
Este artículo fue publicado originalmente en clibrehonduras.com el 27 de febrero de 2018.
Decenas de personas que se manifestaban de forma pacífica frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Tegucigalpa, fueron desalojadas de forma violenta, por miembros de la Policía Militar y la Policía Nacional Civil.
Las víctimas participaban de una manifestación de protesta, frente al organismo internacional, en el marco de una reunión entre los representantes de la Alianza de Oposición entre el presidenciable Salvador Nasralla, el expresidente Manuel Zelaya y Guillermo Valle con el vocero de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Igor Garafulic.
De acuerdo a lo manifestado por Garafulic, la «productiva reunión», tuvo que ser cancelada por la represión contra la ciudadanía aun había solicitado que no hubiese presencia de la policía militar, que no hubiese tanquetas, porque según él «nada de eso le ayuda a uno a conversar».
De igual manera el representante de la ONU, cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad al tiempo de señalar que: «lamento mucho que frente a nuestra sede hoy se haya producido este enfrentamiento por innecesario y por peligroso».
En la represión los militares y policías atentaron contra la integridad del periodista Cesar Omar Silva del canal de televisión UNE TV, al lanzarle bombas lacrimógenas directamente al cuerpo. Silva ha sido víctima en otras oportunidades de las fuerzas represoras del gobierno hondureño, quienes lo han agredido físicamente.
El numeral uno de la Convención Interamericana de Derechos Humanos expresa que «toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado».
Honduras vive momentos de represión política después de las elecciones del pasado 26 de noviembre de 2017 y según las organizaciones defensoras de los derechos humanos 38 personas han sido asesinadas en manifestaciones pacíficas a manos de las fuerzas de seguridad.
