La libertad de expresión y la seguridad de periodistas estuvo al centro del tercer ciclo del Examen Periódico Universal hecho a Venezuela.
Este artículo fue publicado originalmente en espaciopublico.ong el 25 de enero de 2022.
El respeto a la libertad de expresión, prensa y asociación, así como la necesidad de garantizar un entorno seguro para la labor de los periodistas, formaron parte de las recomendaciones de más de una veintena de Estados miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU) durante el tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) realizado a Venezuela en la sede del organismo.
El EPU es una evaluación especial en materia de derechos humanos que realizan los países que integran la ONU de manera cooperativa ante sus homólogos cada cuatro años y medio o cinco años, como un mandato del Consejo de Derechos Humanos para que los Estados rindan resultados en materia de DDHH y reciban asistencia y orientaciones para su mejoramiento.
El EPU, además, cuenta con la particularidad de que participan también otros actores interesados, nacionales e internacionales, como las organizaciones de la sociedad civil que monitorean continuamente las vulneraciones a derechos fundamentales que se evidencian en cada país.
La última vez que Venezuela fue evaluado en el EPU fue en noviembre de 2016, cuando recibió un total de 274 recomendaciones de los 193 Estados miembro y 40 de ellas estaban relacionadas con libertades civiles. Sin embargo, el Estado venezolano no ha aplicado más de 80% de las recomendaciones dadas entonces, pues solo aceptó 23 y se comprometió a tomar medidas concretas.
Tomando en cuenta los informes presentados tanto por Venezuela como por organismos de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil que monitorean la situación de los derechos humanos, 193 países ofrecieron sus recomendaciones de forma presencial y virtual durante un tiempo máximo de 55 segundos por delegación.
En una de las primeras intervenciones de la sesión, Eslovaquia instó al Estado venezolano a modificar la denominada «ley contra el odio» promulgada inconstitucionalmente en 2017 por la asamblea nacional constituyente para que «no pueda ser utilizada contra periodistas y defensores de derechos humanos» y se garantice la libertad de expresión.
España, por su parte, recomendó garantizar el cese al hostigamiento y persecución a opositores, activistas, periodistas y manifestantes, destacando la necesidad de proteger el derecho a la protesta pacífica, así como poner fin a trabas que obstaculizan la libertad de asociación, punto que también fue resaltado por Suiza.
Bélgica, Bulgaria, Canadá y Dinamarca, por su parte, recomendaron a Venezuela proteger y promover el derecho a la libertad de expresión, cesar el acoso y la persecución contra periodistas y defensores de derechos humanos y responder con celeridad judicial en los casos en los que se vulnere ese derecho.
Uruguay y Ecuador destacaron que el Estado venezolano debe «tomar medidas urgentes» para poner fin a las violaciones a los derechos humanos en el país, entre ellos el de libertad de expresión y prensa, y cesar la intimidación a periodistas y disidentes del Gobierno.
La restitución de todos los medios de comunicación que han cerrado en los últimos años y que se investiguen los casos de detenciones de periodistas y personas defensoras de DDHH destacaron entre las recomendaciones hechas por la representación de Austria, mientras que Estados Unidos llamó a «cesar la injerencia indebida» en las labores de los periodistas y garantizar las libertades de expresión, asociación y protesta pacífica.
La delegación de Israel señaló que el Gobierno sigue «intimidando, acosando y atacando a cualquier persona que se le oponga», y tanto Lituania como Estonia y República Checa recomendaron suprimir las restricciones vigentes al espacio cívico que criminalizan y obstaculizan las labores de organizaciones de la sociedad civil y trabajadores de la prensa.
Entre otros aspectos mencionados y recomendados en el EPU a Venezuela, los Estados miembro destacaron la presencia de funcionarios de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en el país, aunque también recomendaron permitir el ingreso de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos y aceptar las solicitudes de visitas de mandatos especiales.
La independencia de los tribunales y el poder judicial fue otra de las recomendaciones más enunciadas por los países con miras a garantizar el Estado de derecho y garantía de justicia para todos los habitantes. Además, también se hizo mención a que se deben mejorar las políticas de prevención y amparo para mujeres y niñas víctimas de violencia, trata de personas y libertades civiles para personas LGBTI.
Se espera que el informe aprobado por el Grupo de Trabajo del EPU, que incluye las recomendaciones oficiales recogidas por el panel, sea publicado entre el 28 y el 29 de enero, y la delegación venezolana decidirá cuales acepta y cuales no.
