Las inquietudes sobre el posible conflicto de intereses del primer ministro italiano Silvio Berlusconi debido a su amplia participacion en los medios de comunicacion se agitaron otra vez después del nombramiento de una mesa directiva en la difusora pública de Italia RAI, según Índice de la Censura (INDEX), la Federacion Internacional de Periodistas (FIP) y […]
Las inquietudes sobre el posible conflicto de intereses del primer ministro italiano Silvio Berlusconi debido a su amplia participacion en los medios de comunicacion se agitaron otra vez después del nombramiento de una mesa directiva en la difusora pública de Italia RAI, según Índice de la Censura (INDEX), la Federacion Internacional de Periodistas (FIP) y Reporteros sin Fronteras (RSF). La semana pasada, el Gobierno nombro una nueva junta de gobierno de cinco personas para la difusora pública RAI; INDEX dice que los críticos se preocupan de que la mayoría de los miembros de la junta tienen vínculos cercanos con la gobernante coalicion Forza Italia de Berlusconi, lo que deja a la emisora vulnerable a la influencia gubernamental. RSF señala que Berlusconi ya posee los tres mayores canales de television de Italia (Rete 4, Canale 5, Italia 1) a través de Mediaset, así como la casa editorial más importante de Italia (Mondadori) y la mayor agencia de publicidad (Publitalia).
La FIP catalogo a Berlusconi el «enemigo público número uno» de la difusion pública, diciendo que el hecho que las principales redes de television privadas de Italia sean propiedad del primer ministro, y su capacidad de influir sobre el sistema de difusion pública representan un «conflicto de intereses inaceptable e intolerable» El grupo está pidiendo a la Union Europea y el Consejo de Europa intervenir ante el Gobierno italiano para plantear la cuestion del conflicto de intereses.
Mientras tanto, está programado que el Senado vote un proyecto de ley que permite a Berlusconi retener el control de sus extensas participaciones en los medios sin miedo a la censura política, informa INDEX. Según el proyecto de ley, un político no puede estar en un conflicto de intereses a menos que se pueda probar que sus acciones dañan a un competidor. INDEX observa que el proyecto de ley ignora en efecto la preocupacion de que una empresa propiedad de un político se puede beneficiar de los cambios en la política gubernamental. RSF está pidiendo al Gobierno que inicie una investigacion que vuelva a examinar su política de seleccionar la mesa directiva de la RAI siguiendo líneas políticas. [Ver el «Comunicado» IFEX No. 10-19].»>http://communique.ifex.org/articles_espanol.cfm?system_id=3173″>10-19].
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